Suplica la madre de un policía comunitario de Zitlaltepec que liberen a su hijo preso en la capital

*El joven de 18 años, Samuel Ramírez fue recluido hace siete meses por portación de un arma de fuego cuando iba en auxilio de un ganadero. Martínez Garnelo la dejó plantada, denuncia

La madre de un policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, detenido por portar un arma Carabina 30-30 “vieja y sin cartucho”, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ha insistido durante seis meses en la intervención del gobierno del estado para que liberen a su hijo, sin respuesta de las autoridades.
Beatriz Gálvez Macario, quien también ha sido consejera y coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, reiteró en un escrito su petición al gobernador Ángel Aguirre Rivero y denunció que el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo ignoró una reunión que tenían programada para este martes, a pesar de que el funcionario estableció la fecha del encuentro.
Mediante un escrito firmado también por los coordinadores y comandantes de Zitlaltepec, explicó que Samuel Ramírez Gálvez fue detenido por militares cuando iba en auxilio de un ganadero junto a 10 de sus compañeros, y fue remitido a la Procuraduría General de la República (PGR).
El joven de 18 años fue recluido y procesado bajo la causa penal 61/2013 en el séptimo Juzgado Federal de Distrito con sede en Chilpancingo, y recluido en la cárcel de la capital hace siete meses por el delito de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, a pesar de que se acreditó que la carabina 30-30 es propiedad de la CRAC, y ese día no iba cargada.
Sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza porque las armas que llevaban no están clasificadas como reglamentarias.
En el documento, rogó como madre que “el próximo 10 de mayo que usted festejará a las madres guerrerenses, el más grande regalo que espero y solicito es la liberación de mi hijo, por favor regálemelo”.
Indica que desde la detención de su hijo ha vivido en la zozobra, preocupada por su integridad, y en consecuencia enfermó de diabetes.
Subrayó que el único delito de Samuel “es la portación de un arma vieja, arma vieja que ni si quiera cartucho tenía ese día”.
Cuestionó la rígidez con que se juzga a los indígenas cuando la Constitución dice que todos los mexicanos pueden tener armas para su legítima defensa”, mientras funcionarios corruptos que han malversado los recursos públicos o no los comprueban están en libertad. Ejemplificó con el caso del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo y algunos integrantes de su gabinete.
Declaró que lleva seis meses pidiendo la intervención del gobernador, pero sólo ha recibido silencio de su gobierno, y el 6 de mayo, el secretario General de Gobierno los dejó plantados, no obstante que había una audiencia autorizada por él mismo.
En otro escrito fechado en diciembre también solicitaron al gobernador una salida legal  del proceso, para obtener la libertad de Ramírez Gálvez para reunirse en las fiestas de navidad y fin de año.
En una ficha técnica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sobre los detenidos de la CRAC, se indica que Ramírez Gálvez es un indígena na’savi de 18 años, originario de Zitlaltepec, Metlatónoc, el cuarto de seis hermanos, que se dedicaba a cuidar junto a sus padres un pequeño huerto de café y plátano.
El joven no culminó sus estudios básicos, habla poco español y fue nombrado policía comunitario el 10 de agosto de 2013, a pesar de su corta edad, porque en esa la misma asamblea su mamá Beatriz Gálvez fue elegida coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, la primera mujer en este cargo en la historia de la comunidad. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).