No cumplen policías comunitarios afines a Eliseo Villar una orden judicial para liberar a un detenido

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Policía Comunitaria del dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, ignoró una orden judicial para liberar a un vecino de El Capulín, del municipio de Igualapa, Pedro Piza Vázquez, luego de tres notificaciones de actuarios de un juzgado penal de Omepetec, denunció el hermano del detenido, Mingo, de los mismos apellidos.
En consulta telefónica recordó que su hermano tiene dos meses retenido, primero estuvo en la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, desde el 27 de febrero, y desde entonces lo han llevado a cárceles de diferentes pueblos y municipios.
Informó que su familia solicitó un amparo en el Juzgado Tercero con sede en Acapulco, que se autorizó el 25 de abril, para que lo liberaran.
Sin embargo, denunció que aunque las personas que recibieron la notificación dijeron que lo dejarían ir, Villar Castillo dio una orden para que lo enviaran a San Luis Acatlán, a la nueva Casa de Justicia que construyó el gobierno del estado, para que allá decidieran su liberación.
Señaló que esta decisión tiene en la indefensión a Pedro Piza, porque Eliseo Villar no obedece ninguna ley, ni la 701 o el reglamento de la CRAC.
Informó que el 2 de mayo se dio aviso al Ministerio Público federal y al procurador general de la República, respecto al desacato.
De las notificaciones indicó que un actuario fue a la comisaría de Cochoapa, en el municipio de Ometepec, a informar del amparo en favor de Pedro Piza, el cual recibió Rolando Romero Benito.
La segunda se realizó en el poblado de San Cristóbal, del municipio de Tlacoachistlahuaca, la que recibió el coordinador de la Policía Comunitaria de ese poblado, Fortunato Gómez Eutimio.
El actuario volvió a la comisaría de Cohocapa el Grande, donde informaron de la orden judicial a Gloria Domínguez Rojas, pero por instrucciones de Villar ya lo habían movido a San Luis Acatlán bajo el argumento de que ahí se ordenó su captura y en ese lugar de debería determinar su libertad.
Consideró que cualquier otra autoridad ya habría acatada la orden judicial y responsabilizó de esta situación al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, “porque le autorizan (a la Policía de Villar) que traiga armas para que hagan y deshagan”.
Insistió en que el bloque de la CRAC que encabeza Villar Castillo, “en lugar de llevar paz a los pueblos siembra el terror. Es mentira que muchos pueblos lo apoyan, y está negociando a todos los detenidos para pagar a la policía que los cuida”.
Aseguró que por la libertad de su hermano pidieron 300 mil pesos, por lo que los familiares pusieron una demanda de secuestro en el Ministerio Público, “ahora dicen que el dinero es por la indemnización de una huerta de sandías que presuntamente dañó, pero que sólo tenía tres surcos de 20 metros de largo”.