Rubén Aguilar Valenzuela
El nuevo Congreso
Las encuestas señalan, al inicio de la campaña electoral, que ningún partido obtendría la mayoría simple en la Cámara de Senadores y Diputados y que el presidente de la República, que surge de esa misma elección, volverá a enfrentarse a la realidad de un gobierno dividido con los problemas que esto acarrea.
El PRI obtiene el 36% de las preferencias efectivas del voto para senador; el PAN 32%; el PRD 15%; el PVEM 8%; el PT 5%; el MC 2% y el Panal 2%. El PRI y su aliado el PVEM alcanzan el 44 % y la suma de las “izquierdas” llega al 22%. (Reforma 28/03/12).
El PRI-PVEM serían la primera fuerza, el PAN la segunda y la tercera el PRD-PT-MC. A los primeros les faltarían 7% para obtener la mayoría simple (51%) requerida para votar gran parte de las leyes. EL PRI-PVEM siempre necesitaría al PAN o la alianza de izquierda, para sacar adelante sus iniciativas.
Los números son semejantes al nivel de los diputados y la preferencia efectiva del PRI es de 37%; la del PAN 32%; la del PRD 17%; la del PVEM 6%; la del PT 4%; la del MC 2% y el Panal 2%. El PRI y su aliado el PVEM llegarían al 43% y la suma de las izquierdas el 23%.
El PRI-PVEM serían la primera fuerza, el PAN la segunda y la tercera el PRD-PT-MC. A los primeros les faltarían 8% para obtener la mayoría simple (51%) y al igual que en el Senado siempre necesitarían al PAN o la alianza de izquierda, para llevar adelante sus propuestas de ley.
Si la elección resulta como lo registra esta encuesta, todavía pueden pasar muchas cosas, el PRI-PVEM, que obtiene la mayor intención efectiva de los votos, en la Cámara de Senadores y Diputados, sólo tendría una mayoría relativa que no le alcanza, para hacer pasar las leyes y siempre estaría obligado a la negociación.
El presidente que salga elegido, no importa el partido, una vez más se vería ante la realidad, como ha sucedido desde 1997, de un gobierno dividido que dificulta o hace imposible para el Ejecutivo que el Congreso le apruebe las iniciativas de ley que éste les mande.
La situación se revela problemática e incluso grave y anuncia que las grandes reformas legislativas que requieren seguirán “atoradas” en el Congreso. La solución de buena parte de los grades frenos que tiene el país pasan por reformas a la Constitución.
El próximo presidente o presidenta pueden ser buenos políticos y administradores, pero si no envían al Congreso las reformas legislativas estructurales que urgen y consigue que éste se las apruebe, se habrán perdido otros seis años.
Muchos de los cambios que el país requiere no pasan por el Ejecutivo sino demandan el acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, todavía más cuando todo indica que ninguna de ellas obtendrá la mayoría simple, ya no se diga la calificada (75%) requerida para cambiar la Constitución.




