Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Chilpancingo rojo

El martes pasado el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, informó que Chilpancingo es actualmente teatro de un enfrentamiento entre los cárteles de Los Rojos, Los Templarios, La Familia Michoacana  y Guerreros Unidos. En la madrugada del día anterior había ocurrido la ejecución a balazos de cuatro jóvenes en la colonia Las Terrazas, hecho que el gobernador Ángel Aguirre Rivero interpretó como consecuencia de la detención de siete integrantes de la banda de Los Rojos, realizada la víspera en la población de Zumpango.
Aguirre Rivero sugirió de esa manera que las cuatro víctimas podrían estar relacionadas con la delincuencia organizada, hipótesis que también secundó el procurador este martes 6 de mayo. Con la descripción de una ciudad infestada de pistoleros, Blanco Cabrera dio a entender que a ello se debe el recrudecimiento de la violencia que azota a la capital, pero no explicó cómo es posible que suceda tal cosa cuando se supone que desde el 2 de marzo un ejército de 500 policías federales y estatales –además de militares y efectivos de la Marina– montó un cerco y vigila las calles capitalinas en el programa Juntos por Chilpancingo que encabeza el gobierno federal.
El asesinato de los cuatro jóvenes se produjo a las 2 de la madrugada después de una persecución en la que debieron intervenir varios vehículos, y resulta incomprensible que los policías federales y estatales no se percataran del alboroto, y que luego no oyeran las detonaciones. Porque no acudieron al sitio sino a las 6 de la mañana, después de una llamada al número de emergencia en la que algún vecino reportó los cuatro cuerpos tirados en la calle. Igual de fácil les resultó burlar la supuesta vigilancia policial, a los dos individuos que asaltaron a estudiantes dentro de la escuela de Enfermería de la UAG el mismo día en que Iñaky Blanco explicaba en Acapulco el origen del repunte de la delincuencia en Chilpancingo. ¿Dónde estaban en esos dos casos los custodios de la seguridad de la capital?
El desplazamiento de la policía municipal de Chilpancingo y la llegada de las fuerzas federales fueron anunciados en marzo como la solución al problema de la inseguridad, como ahora se hace con el mando policial único adoptado formalmente –en la capital y otros cinco municipios, entre ellos Acapulco y Teloloapan–, pero la presencia masiva de policías federales y estatales no detuvo a la delincuencia y los asaltos, las extorsiones, los secuestros y las ejecuciones continuaron. Los empresarios capitalinos calculan que se cometen un promedio de tres a cuatro secuestros a la semana.
Si todo ello ocurre ante la presencia y los ojos de la Policía Federal, debe entenderse entonces que el fenómeno de la violencia evoluciona en Chilpancingo hacia formas desconocidas. Una pregunta incómoda es por qué el dispositivo federal Juntos por Chilpancingo, que involucra a una numerosa fuerza federal, no ha sido capaz de frenar el embate de los diferentes cárteles del crimen organizado. Una pista de esa descomposición quizás se encuentre en el episodio ocurrido el jueves 10 de abril en el restaurante El Crustáceo, donde un grupo de policías federales en lugar de auxiliar a comensales que habían sido asaltados, arremetió contra ellos a golpes y amenazas, no como policías sino como delincuentes. Ninguna autoridad se hizo cargo de esa agresión, y no parece haber sido investigada, pese a que fue presentada una denuncia en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
Por lo anterior, no tiene nada de disparatado preguntarse si en Chilpancingo hay complicidad de grupos de la Policía Federal con algunas bandas del crimen organizado y por eso continúa la violencia. El enfrentamiento de los cárteles por la plaza, que en la explicación del procurador es el factor detonante de la violencia reciente, no puede estar desvinculado del papel que ha asumido la Policía Federal, pero cualquiera que éste sea, los hechos indican que la protección de la ciudadanía dejó de ser la prioridad de los uniformados federales. Estas son las preguntas que ahora se hace la población en la capital del estado y son las que entre líneas exponen los dirigentes empresariales al alcalde Mario Moreno, ya rebasado por todo y anulado como autoridad.
Y es en ese contexto que debe ser examinado el secuestro del diputado local priísta Olaguer Hernández Flores, perpetrado la noche del martes en un casino Emotion, sitio que debía ser considerado estratégico y estar sometido a una vigilancia estrecha y permanente, por el giro del negocio y porque está dentro de un centro comercial frecuentado por las familias de Chilpancingo. Al contrario de lo que uno supondría, el lugar no tenía más vigilancia que tres policías de los que cuidan las puertas, y el diputado fue sustraído sin ningún impedimento.
El del diputado figueroísta es un caso singular. Hasta es irrelevante preguntar qué hacía en un casino, pregunta que en otro caso tendría más sentido, pues es obvio que el comando armado que lo secuestró iba por él y es probable que si no allí, de todos modos hubiera sido atacado. Su singularidad radica en que había sido mencionado en al menos un expediente judicial y relacionado con la banda de Los Rojos, como recordó El Sur ayer. Además de Olaguer Hernández, citado en ese expediente en las fechas en que era alcalde de Tlacotepec, son mencionados también los entonces presidentes municipales de Tecpan y Atoyac, Nadín Torralba Mejía y Carlos Armando Bello Gómez. Los tres habrían desarrollado nexos con el ya fallecido primer jefe de Los Rojos, Jesús Nava Romero, por añadidura originario de Tlacotepec. Nadín Torralba fue secuestrado hace dos años y hasta la fecha está desaparecido. ¿Tiene este antecedente relación con el secuestro de Olaguer Hernández? Y más: ¿el diputado priísta era de los legisladores investigados por el gobierno del estado por nexos con el narcotráfico, como informó la semana pasada el vocero gubernamental?
Tantos y tan espectaculares acontecimientos de violencia en Chilpancingo, incluido el secuestro del diputado Olaguer Hernández, no son fortuitos ni se explican solamente por la disputa entre los cárteles por la plaza. Tampoco basta con atribuir esta violencia al fracaso del programa Juntos por Chilpancingo. No, hay algo más, y si no es la complicidad de la Policía Federal o la infiltración de las fuerzas conjuntas, haría bien el gobierno federal en explicar qué es lo que pasa.

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