El Frente de Masas, contra la participación electoral; no tienen acceso las organizaciones del pueblo, señala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ocho días después de la realización de su congreso extraordinario, el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG), dio a conocer ayer sus resoluciones, en los que se manifiesta por la defensa del territorio, los recursos naturales, la soberanía alimentaria y la soberanía nacional; asimismo contra las llamadas reformas estructurales y por las libertades democráticas y políticas, como el respeto a la voluntad popular, a los derechos humanos y las garantías individuales.
Los miembros de la agrupación se manifestaron también, en contra de la militarización, pidieron la presentación de desaparecidos y castigo a las ejecuciones extrajudiciales.
En su documento denuncian, por otra parte, que la institucionalización de la violencia encubierta en la militarización, “pretende desarticular las luchas sociales e impedir la organización, la protesta y participación social”.
El Congreso Extraordinario del FMPEG se realizó el 31 de marzo y 1 de abril en las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), sin embargo, en el primer día de los trabajos, los dirigentes solamente dieron a conocer su postura con respecto al informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa; del que dijeron que es insuficiente, puesto que no se pide juicio político para el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ni se demandan sanciones para el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez. Por lo que advirtieron que esa agrupación mantendrá su demanda de juicio político a Aguirre Rivero como responsable de la represión a los normalistas el 12 de diciembre.
Ayer, mediante un comunicado, dieron a conocer los resolutivos finales de su Congreso, en el que, asimismo, se manifiestan en contra de los procesos electorales, porque “la organización y registro de un partido político en nuestro país es tarea imposible para las organizaciones del pueblo por la gran cantidad de requisitos y dinero que se requiere invertir”.
Cuestionan en ese sentido que la participación electoral sólo puede darse mediante la militancia en un partido registrado y por lo tanto pertenecer a alguna de sus tribus internas.
También, la dirigencia del FMPEG, cuestionó que la alternancia “es el engaño más ingenioso de toda esta farsa, porque a pesar de que la supuesta lucha entre los partidos y sus candidatos llega a dividir hasta familias y provoca enconos irreconciliables entre amigos, compañeros y pueblos enteros, allá arriba, entre los políticos, siempre llegan a acuerdos, nunca se pelean realmente y siempre se ponen de acuerdo para quedar bien con sus patrones capitalistas neoliberales”.
Agregan que la alternancia en Guerrero, “ha sido una farsa”, pues señalan que ni Zeferino Torreblanca cambió el panorama del avance del neoliberalismo en el estado, “al contrario, lo apuntaló y el actual gobernador antes priista y ahora perredista camina en el mismo sentido”.
Citan que: “el ahora gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, llevado al poder incluso por quienes lo denunciaban por los hechos de Aguas Blancas y El Charco durante su anterior interinato priista en la gubernatura; cambió de forma, pero no de fondo su manera de administrarle el negocio del gobierno estatal al neoliberalismo. Aparentó una apertura hacia la sociedad, prometió dádivas y canonjías, pero terminó mostrando su verdadero rostro como responsable de la represión a los estudiantes de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre”.
Mientras tanto, añaden que en el marco del capitalismo neoliberal apoyado por el sistema de partidos “ha surgido un nuevo y sanguinario actor; el narcotráfico o crimen organizado que ya es uno de los pilares de la economía capitalista neoliberal y el estado lo alienta y lo protege”.
Y denuncia que: “la institucionalización de la violencia encubierta en la militarización, pretende desarticular las luchas sociales e impedir la organización, la protesta y participación social”.
En este contexto se comprometen a mantener activo y en lucha al FMPEG, orientar la lucha por las necesidades del pueblo en el terreno de los derechos humanos, y asumir como ejes de la lucha en ésta etapa, la defensa del territorio, los recursos naturales, la soberanía alimentaria y la soberanía nacional y contra las llamadas reformas estructurales.
Asimismo, defender las libertades democráticas y políticas, como el respeto a la voluntad popular, a los derechos humanos y las garantías individuales.
También manifestarse en contra de la militarización, pedir la presentación de desaparecidos y castigo a las ejecuciones extrajudiciales. Exigir la libertad a los presos políticos, el retiro de ordenes de aprehensión a defensores de derechos humanos, dirigentes y luchadores sociales.
Reiteraron, igualmente, su propuesta de mantener la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero “no solo por la represión que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en diciembre pasado y ante la cual se mantiene impune, sino también por su indolencia y negativa ante las demandas populares de poner punto final a la presa La Parota, de cancelar las concesiones mineras y costeras, así como de explotaciones de recursos naturales en la entidad, de cancelar en Guerrero el Acuerdo por la Calidad Educativa, de resolver la huelga minera en Taxco, de parar el avance de las transnacionales y sus paquetes tecnológicos de muerte en el campo, de hacer justicia a las víctimas de la violencia social, de liberar a los presos políticos y de conciencia y por la amenaza de represión al movimiento popular que se ha mantenido en apoyo a los estudiantes normalistas”.
El documento concluye con la advertencia de los dirigentes de que van a reactivar sus movilizaciones durante este mes.