Por falta de predios no hay reconstrucción de escuelas dañadas en Cacahuatepec: Suástegui

*En asamblea se informó que se iniciarán procedimientos legales contra los gravilleros ante la Procuraduría Agraria para que las tierras queden legalmente a nombre de las comunidades

Mariana Labastida

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que a casi un mes del inicio de la reconstrucción de escuelas están detenidos los trabajos por la falta de terrenos, pues se insiste en la reubicación de los planteles.
En la zona los únicos que empezarán a trabajar son los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ayer pidieron permiso a los integrantes de la asamblea para pasar con la maquinaria por el plantón de la comunidad de La Concepción.
Asimismo se informó que se iniciarán procedimientos legales contra los empresarios gravilleros ante la Procuraduría Agraria para que las tierras queden legalmente a nombre de las comunidades.
En la asamblea dominical se presentaron trabajadores de la empresa PIA, que trabaja con la SCT, quienes solicitaron permiso para empezar con las obras y explicaron cómo lo harán, además de solicitar la colaboración de los habitantes en caso de necesitar mover tierra para despejar caminos y que les permitan pasar por los corrales para disminuir el tiempo de traslado de los vehículos.
Los opositores les pidieron a los trabajadores de la empresa que se coordinen con ellos por si se requiere material pétreo en alguna zona para mejorar el camino o para que después del rastrilleo quede reforzado con arena o grava, lo cual ellos les facilitarían, y así los caminos queden transitables. Las obras son parte de las acciones del plan emergente luego de los daños causados por la crecida del río durante la tormenta tropical Manuel.
De la reconstrucción, uno de los opositores de la comunidad de Parotillas indicó que allí no se ha reparado el sistema de agua, ni en Los Hilamos y La Concepción, que son proyectos pendientes y que de las empresas contratadas por la CAPASEG ya no han ido los trabajadores, por lo que solicitaron que se pida información de qué sucede.
En declaraciones al final de la reunión, Suástegui Muñoz dijo que la comisión que mandó el gobernador Ángel Aguirre Rivero no ha dado seguimiento a la reconstrucción, que apenas se va avanzar en el tema de los caminos.
Recordó que los opositores se han quejado porque han sido amenazados, como en el caso de la comunidad de Agua Caliente, de que si no tienen terreno para la escuela el proyecto no se hará.
El vocero dijo que “las autoridades se están equivocando al amenazar a la gente, se les olvida que no fue un desastre natural sino algo provocado por la presa de La Venta, los terrenos que se tienen son aptos”.
En el caso de la vivienda, explicó que ya informaron que se tiene que revisar a los beneficiados porque “hay comisarios que aparecen con vivienda nueva cuando no fueron afectados, así también líderes politizando, hay favoritismo a la gente no afectada sólo porque simpatizan con el gobierno, no hay un avance”.
En cuanto al diálogo con el alcalde Luis Walton Aburto, el vocero del Cecop indicó que estaba detenido por el paro de los policías, pero que como ya se solucionó están en espera de la fecha para la reunión, la cual, sugirió Suástegui Muñoz, puede ser previa a la que se haga con el arzobispo Carlos Garfias Merlos y el gobernador.
Otro de los temas que se discutieron en la asamblea fue la visita nuevamente a la gravillera Agregados de la Costa, de la familia Cadena, la cual nuevamente funciona, y acordaron ir hoy a las instalaciones a impedir que sigan extrayendo material pétreo, además de que recolectarán firmas para iniciar las denuncias con el aval de las comunidades para la “expulsión legal”.
Suástegui Muñoz explicó que lo mismo se hará en el caso de las gravilleras de Humberto Marín y la familia Valle.
En la asamblea se ratificó la expulsión de Jacinto Solís Vázquez, y el vocero dijo que en un principio el ahora expulsado era simpatizante del proyecto La Parota y enfatizó que no fue él quien lo expulsó, “no soy yo, hoy se ratificó su expulsión, es la asamblea, además de que siempre supimos que era agente de Gobernación, en todas las asambleas misteriosamente traía una libretita y curiosamente el gobierno siempre se enteraba de lo que hacíamos”.
Recordó que sigue la orden de detención: “eso no tiene marcha atrás, está decidido, no nos vamos a poner a discutir con gente que lamentablemente se torció y se fue con el canto de las sirenas”.
Los opositores se organizaron para llevar nuevamente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán los documentos para su inclusión en el sistema de la Policía Comunitaria, para que se inicie también con la capacitación a los policías, y se discutió como se pagará el préstamo de 50 mil pesos que solicitaron para la compra de armas, y de los cuales sólo se ha cubierto el rédito pero no el capital.
También los asistentes aprobaron que no se permita la instalación de los comedores comunitarios de Sedesol, luego de que en la asamblea del domingo 4 de mayo lo autorizaron, debido a que el programa es llevado por marinos y militares, con lo que no están de acuerdo y en la comunidad de Apalani se dio un encuentro entre ellos y los policías comunitarios, por lo que temen que solo sea un “truco” para desarmarlos, “si aguantamos 10 años sin comedores podemos aguantar más”, gritó una de las opositoras.
También se acordó que no permitirán que les quieran condicionar el programa Oportunidades a los beneficiados a cambio de los comedores.