Se queja una agente del MP ante la Codehum por despido;?acusa al procurador y a seis funcionarios

*La acusan de que no preservó la escena cuando fueron asesinados los estudiantes de Ayotzinapa en el 2011, en la autopista del Sol. Si la Procuraduría quiere abrir “la herida”, los  agentes y peritos están dispuestos a revelar lo que ocurrió al interior de la institución después del trágico evento, advierte

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La agente del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos denunció ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) a seis  funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre ellos al titular Iñaky Blanco Cabrera, por despido injustificado.
Aseguró que la despidieron como una represión a las acciones que ha encabezado en la institución por mejoras laborales.
Expuso que el argumento para destituirla fue que no cuidó la escena del crimen en el desalojo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 11 de diciembre del 2011, por lo que ya fue juzgada y exonerada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además señaló que el plazo para someter a procesos administrativos a los funcionarios públicos para determinar su responsabilidad por irregularidades dentro de sus funciones, es de un año y desde ese caso (donde fueron asesinados dos normalistas y murió el trabajador de una gasolinería) han transcurrido más de dos.
Advirtió que si la PGJE quiere abrir “la herida”, los  agentes y peritos de la Procuraduría están dispuestos a revelar lo que ocurrió al interior de la Procuraduría y en el gobierno del estado después del trágico evento, y que no se ha dado a conocer.
Salgado Gallegos informó que ayer la Codehum aceptó su queja por violación a sus derechos humanos, registrada bajo el número VG/103/2014-1, contra el procurador, el subprocurador de Control de Procesos Penales, el Contralor Interno, el director general de Fiscalización de Responsabilidades y una agente del MP adscrita a la Contraloría Interna.
Añadió que también presentó a sus testigos y aguardará la respuesta del gobierno del estado, porque en la minuta que se firmó el año pasado, con el entonces secretario general de gobierno Humberto Salgado Gómez se comprometieron a que no habría represalias por exigir mejoras en sus prestaciones.
Recordó que la última de dos manifestaciones de los trabajadores de la PGJE para exigir el cumplimiento total de esa minuta firmada por Salgado Gómez fue el 9 de abril, y 20 días después le notificaron de su despido.
Añadió que si este caso no se revuelve formalmente tiene el respaldo de sus compañeros para tomar otras medidas de presión. Recordó que los trabajadores de la Procuraduría se rigen con lineamientos, pero si no les dejan otras opciones se van a manifestar y va a tener el apoyo de organizaciones de derechos humanos.
Del caso Ayotzinapa, por el cual fue destituida la semana pasada, recordó que estaba asignada a la agencia del Ministerio Público de Asuntos Políticos que acuden a las manifestaciones para conocer las demandas de las protestas.
Precisó que llegó sola al bloqueo de los estudiantes, es decir,  no solicitó el acompañamiento de policías ministeriales; en el lugar sólo había policías federales en la autopista, y cuando explotó la bomba expendedora de combustible de una gasolinería a un lado de la carretera buscó refugio para resguardarse, porque siguieron los disparos para dispersar la manifestación.
En ese momento, añadió que dio aviso a su superior jerárquico de lo que sucedía, el director de averiguaciones previas, se puso a salvo y regresó luego de unos 20 minutos cuando ya se encontraba el lugar acordonado por los agentes del Ministerio Público Central, y ya estaban los muertos.
Sin embargo, cuestionó que contra la única persona que procedió la PGJE es ella por llegar primero y no haber preservado la escena.
Opinó que si el procurador hubiera sido más prudente “quizá hubiera buscado otro pretexto para correrme, pero si quiere abrir la herida al gobernador, lo va a conseguir, nadie sabe la versión de los agentes del MP de esos meses vividos, lo vamos a hacer”.
La abogada precisó que la Contraloría Interna le notificó de su destitución como la primera agente del MP que llegó al lugar de los hechos, antes de explosión y balazos, en un caso donde fueron investigados unos 60 agentes, peritos, administrativos y policías ministeriales de la PGJE, por la federación y se deslindaron responsabilidades.
Insistió en que, en el fondo, es una represalia porque desde el 2012 ha participado en las comisiones de negociación por mejoras salariales, y el 9 de abril se movilizaron para exigir cumplimiento total, porque se atendió parcialmente.
Señaló que el subprocurador, Jorge León Maldonado se comprometió a que no habría represalias, pero la destituyeron 20 días después.
Recordó que el año pasado la exprocuradora Martha Elva Garzón Bernal también intentó despedirla mediante un proceso administrativo por un incidente que ocurrió tres años antes, pero no procedió y fue restituida en su cargo por la Contraloría Interna.
Consideró que con el nuevo procedimiento es evidente la represión en su contra, pues el contralor interno, Miguel Urrutia Lozano les advirtió que no querían que peritos y agentes del MP se asociaran, y que las protestas tendrían repercusiones jurídicas.