Carlos Rojas

Desalojo absurdo

El desalojo de la reserva ecológica de los Montes Azules que significa sacar del lugar en donde viven y trabajan decenas de comunidades indígenas de Chiapas, parece más que un acto de justicia una temeridad por parte de las autoridades federales y estatales.

En este caso, la responsabilidad de mantener y proteger esa riqueza natural es del gobierno federal a través de la Semarnat, pero no es con un acto de “autoridad” o por medio de la violencia como podrá resolverse un problema de gran complejidad, que tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Sin embargo, la administración foxista ha pretendido simplificarla e incluso ha recurrido a una estrategia mediática para justificar la utilización de la fuerza para supuestamente solucionar un asunto que va mucho más lejos que una acción represora.

Desde hace varios años, el gobierno federal había venido haciendo esfuerzos para atender las demandas y planteamientos de los campesinos que se han visto obligados a refugiarse en Montes Azules, a causa de la endeble situación económica en que se encuentran, así como por las tensiones políticas y sociales que viven desde hace ocho años. La respuesta que entonces se buscó fue impulsar el desarrollo sustentable, mediante una estrategia ecológica y productiva.

Hasta antes de la actual administración se había utilizado el diálogo, la presencia institucional permanente y el acuerdo de acciones con los habitantes de la reserva. No obstante, desde hace dos años el gobierno federal ha renunciado a ese método de trabajo y ha preferido usar otro tipo de recurso que aunque legítimo como lo puede ser el uso de la fuerza pública, es una respuesta equivocada para resolver un problema que no es de seguridad sino de justicia y de falta de oportunidades.

La gran mayoría de los campesinos indígenas se han visto obligados a hacer del bosque su modus vivendi, ya sea porque han sido desplazados de sus comunidades por problemas de carácter político o social, o bien porque su principal actividad que es el cultivo del café, desde hace tiempo está totalmente deprimida, ante la negligencia y el abandono del gobierno estatal y federal.

La red institucional que permitió preservar la paz y también los recursos naturales de Montes Azules, fue desmantelada por los gobiernos federal y estatal. Así, se perdieron invaluables recursos humanos y experiencias prácticas que habían permitido establecer un equilibrio adecuado entre los intereses de la gente y el cuidado de la selva. A cambio, los campesinos chiapanecos han recibido el desprecio y el maltrato de las autoridades locales y de la Semarnat. El publicitado “cambio” sólo ha llevado a que la demagogia haya sido la divisa para engañar a la gente.

El gobierno de Chiapas ha jugado con la esperanza de los indígenas y, en lugar, de buscar una solución pactada que permita conservar la biosfera de Montes Azules, simplemente se ha hecho a un lado y se ha convertido en cómplice de la represión.

Es necesario aceptar además que recurrir al desalojo es una imprudencia, si se considera la delicada situación política de Chiapas, pese a que el presidente Fox afirme que hay paz y, por tanto, no hay que preocuparse de lo que pueda ocurrir. Ojalá que la advertencia del comisionado para el diálogo y la paz, Luis H. Alvarez, en el sentido de que se seguirá desalojando a los campesinos de Montes Azules no vaya a ser un pretexto más para reavivar los enfrentamientos sociales y romper el frágil equilibrio político que prevalece en ese estado.

No es por la vía de la provocación como se podrá resolver la situación de Montes Azules y menos aun si lo que se pretende es desplazar de nuevo a las comunidades indígenas para favorecer intereses particulares en el desarrollo de proyectos turísticos.

Abrir un nuevo frente de conflicto en la selva lacandona, por la ineficiencia y la incapacidad de los responsables de las políticas interna y ambiental, puede tener consecuencias que nadie desea. Lo que se requiere es paciencia, voluntad de diálogo y sensibilidad, para entender que la aplicación de la ley no significa necesariamente la represión y mucho menos la manipulación