José Carlos Quevedo Quevedo

La dictadura de los acreedores

 En la ultima década, la izquierda electorera se ha cuidado de mencionar su posición o más bien ha guardado un cómplice silencio con respecto a la deuda pública.

En el pasado proceso electoral para la presidencia de la República, ninguno de los candidatos mencionaba en sus plataformas este problema medular para la economía mexicana, sólo Manuel Aguilar Mora candidato sin registro por la coalición socialista planteó que el pago de los intereses de la deuda externa genera una hemorragia estructural de divisas que impide superar la asfixia de la producción y que sólo con la suspensión de estos pagos se puede revitalizar nuestra economía.

El total de pagos por la deuda externa que todos los mexicanos efectuamos en el 2001 fue de 28 mil 675 millones de dólares, según reporte presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), lo que significa que cada mexicano pagó a los banqueros internacionales 286 dólares. O sea más de mil dólares anuales por familia para poder cumplir los compromisos financieros externos que asumieron los gobiernos priístas desde José López Portillo hasta Ernesto Zedillo. Calculando que se han venido pagando sumas similares desde 1982 resulta que hemos pagado casi cinco veces más el valor de la deuda inicial sólo en intereses, lo que nos explica por qué el nivel promedio de ingresos de los mexicanos se ha mantenido estancado.

Según la SHCP, los pagos por conceptos de deuda externa realizados en 2001 a nuestros acreedores estadunidenses, europeos y japoneses, fueron de 7 mil 412 millones de dólares por concepto de intereses, un pago adicional de 21 mil 263 millones por amortizaciones –esto es, se liquidó deuda pendiente de pago. La parte más importantes de estos enormes desembolsos fueron por pago anticipado de bonos Brady, así como para cubrir créditos comerciales y bancarios y adeudos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para hacer este pago puntual y hasta anticipado, el gobierno foxista utilizó todos los recursos obtenidos por exportaciones de Pemex que fueron muy considerables en 2001 por los altos precios del crudo. Con lo que se asegura diversos beneficios: una inversión extranjera cuantiosa, disminución en la tasa de interés, estabilidad financiera y disminución de la deuda gracias a las enormes amortizaciones. Nuestras ganancias públicas se utilizan para satisfacer y tener contentos a nuestros acreedores, en lugar de invertir ese dinero en el sector petrolero, el eléctrico o incluso en el gasto social, ya que durante 20 años han sido los sectores populares a los que se ha sacrificado y más han sufrido las graves consecuencias del endeudamiento,

México al igual que los países latinoamericanos, africanos y asiáticos tiene que pagar una deuda pública externa injusta y fraudulenta que ha sido pagada varias veces y que funciona como instrumento de dominación, privando a los pueblos de su pan y su futuro con el único fin de aumentar la usura del capital internacional.

El sistema capitalista neoliberal es intrínsecamente perverso, inhumano, responsable del horror económico del desempleo y de la monstruosa desigualdad social, como el hecho de que tres billonarios estadunidenses poseen una fortuna equivalente al Producto Interno Bruto de 42 países pobres donde viven 600 millones de personas. Este sistema, responsable de una acelerada destrucción del medio ambiente, de la contaminación del aire, de la tierra y del mar, que puede producir una catástrofe ecológica de proporciones inimaginables y que es responsable de las políticas neoliberales de ajuste estructural que sacrifican los presupuestos destinados a salud y educación para pagar la ilegítima deuda externa.

Las naciones devastadas por la miseria, el saqueo comercial y la tributación  financiera les resulta imposible resolver  los problemas creados por el drenaje de recursos que impone el pago de la deuda.

La anulación de la deuda externa de los países del sur, con medidas reparadoras considerando que ya ha sido pagada varias veces es una de las principales reinvidicaciones de los movimientos de resistencia que ha concitado una gran adhesión internacional. En el Foro Social Mundial de Porto Alegre se aprobó por consenso y se ha constituido el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) que preside Eric Toussant desde Bruselas.

La iniciativa presenta muchos matices, pues algunos creen que la cesación de pagos desembocaría en mayores ajustes inflacionarios y deflacionarios que precipitarían el caos económico, fugas de capitales, corridas bancarias y rebeliones impositivas. Otros consideran que la anulación de la deuda del Tercer Mundo sería un acontecimiento fácilmente digerible por el sistema financiero internacional, ya que este pasivo representa solo el 5 por ciento del total de las deudas mundiales; se estima que los bancos, fondos de inversión y pensión absorberían sin inconveniente su cancelación sin producir cataclismos sino que permitirá reducciones de la deuda semejantes a las obtenidas por Polonia en 1991 y Rusia en 1998.

Sin embargo, aunque la deuda del Tercer Mundo constituye apenas un 5 por ciento del total, este monto no es irrelevante para los acreedores y dada la ausencia de coordinación que caracteriza al funcionamiento del capitalismo, resulta imposible prever sí un escenario pos cancelación sería de pequeñas alteraciones o de grandes depresiones.

Si la cancelación se encara seriamente, los acreedores responderán tomando en cuenta tanto el alcance de sus pérdidas como el efecto político de este acto de soberanía.

La cancelación general no es una medida inofensiva sino arriesgada y costosa, pero conviene llevarla a cabo, porque es más ventajoso que seguir soportando la expoliación eterna, es un camino que no será sencillo, pero que resulta menos duro que el actual sometimiento.

La propuesta de la anulación de la deuda externa es parte de un programa alternativo integral al neoliberalismo abanderado por los movimientos mundialistas. Esta plataforma incluye impuestos generalizados y coordinados al patrimonio en todos los países, mecanismos para generar precios estables de los insumos básicos, medidas de protección arancelarias para los países periféricos, iniciativas de abolición de los derechos de propiedad intelectual, sanciones a la destrucción del medio ambiente y un standard de regulación laboral mundial basado en el respeto a la jornada de ocho horas y la prohibición del trabajo infantil.

Esta plataforma combina reivindicaciones básicas de los trabajadores (salario, conquistas laborales, derechos sociales) con medidas de defensa de la producción de los países periféricos y propuestas de protección ecológica mundial. Es un programa que expresa el avance registrado de la mundializacion de la economía y la consiguiente imposibilidad de garantizar a escala nacional o regional la vigencia de los derechos sociales, la continuidad de actividades agrícolas e industriales básicas y la defensa del medio ambiente.

La lucha por estas demandas inaugura un camino de emancipación que refleja la revitalización de la lucha obrera mundial a pesar de que algunos ya habían declarado el fin de la historia y el triunfo definitivo del mercado.* El autor es profesor de la Preparatoria 22 de la UAG, en Atoyac.