Otra condena al ayuntamiento de Azueta por despido injustificado

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El ayuntamiento de Zihuatanejo fue condenado por la Junta de Conciliación y Arbitraje a pagar en enero una indemnización más a uno de los 200 trabajadores despedidos de 1999 a 2002, con lo que tendrá que erogar más de un millón 737 mil pesos.

Esto además de los siete ex empleados que ganaron un juicio laboral por “despido injustificado”, el cual obliga a la administración municipal a pagarles un millón y medio de pesos de acuerdo a la información proporcionada por el abogado Rafael Chavelas Maganda, quien lleva la mayor parte de los casos de despido injustificado de los trabajadores del ayuntamiento que hizo la administración que encabezó el ex alcalde priísta Jorge Allec Galeana.

De acuerdo al juicio laboral 98/2000 iniciado contra el ayuntamiento por Luis Fernando Vergara Silva, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) ordenó el pago de  más de 237 mil 431 pesos por el despido injustificado ocurrido en el 2000 y en el que podría irse al embargo de algún bien del ayuntamiento en caso de no concretar acuerdos de pago debido a la falta de recursos que hizo pública el alcalde Amador Campos Aburto, de extracción perredista, a una semana de asumido el mandato constitucional.

Existe información acerca de acercamientos entre el abogado de los trabajadores despedidos y el jefe del departamento jurídico del ayuntamiento actual, Apolonio Osorio Reyes, así como de un documento que fue enviado al síndico Joaquín González para sugerir entrar en negociaciones a fin de evitar embargos por falta de liquidez y en el sentido de manifestar a los trabajadores la disposición de pago.

El abogado Chavelas Maganda lleva más de 27 casos de despido injustificado que corresponden a las áreas de Servicios Públicos, Rastro, Reglamentos, Desarrollo Urbano, Tránsito y Policía  Preventiva, los cuales fueron despedidos entre 1999 y octubre del 2002, y se calcula que por cada uno de los trabajadores despedidos el ayuntamiento tendrá que cubrir en promedio 20 mil pesos.

Osorio Reyes precisó que desde su perspectiva esto obliga al municipio a respetar además las relaciones laborales y a buscar acuerdos transparentes que permitan resolver este conflicto ante la poca capacidad económica que se guarda en este momento en el ayuntamiento.