Manuel Meza Cuervo

La defensa y los defensores de derechos humanos.
Una visión desde La Montaña de Guerrero

 (Segunda Parte)

    En lo que se refiere a derechos políticos y culturales de los pueblos, el Estado mexicano ha firmado convenios internacionales donde se compromete a su respeto y promoción, sin embargo la visión reduccionista de la ley y el no adecuar la Constitución Mexicana para que estos convenios puedan tener plena vigencia ha ocasionado que los proyectos indígenas no encuentren un marco legal adecuado que les garantice su funcionamiento. Tal es el caso de 60 comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero que desde hace 7 años han desarrollado un proyecto de procuración de justicia conocida como Policía Comunitaria que, aunque en sus inicios contó con el visto bueno, del en ese entonces gobernador Aguirre Rivero, la falta de una legislación ha ocasionado que el proyecto sea criminalizado al grado de que se han ejercido acciones penales contra sus dirigentes.

Las comunidades que integran la Policía Comunitaria administran justicia de acuerdo a sus costumbres amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional el Trabajo (OIT), y aunque el proyecto ha demostrado gran efectividad en el combate a la delincuencia, el 26 de febrero de 2002 los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y los comandantes de la Novena Región Militar y de la 35 Zona Militar dieron un ultimátum a la Policía Comunitaria para que se desintegre y entregue las armas, amenazándolos con ejecutar las órdenes de aprehensión que se tienen en su contra.

A diez días de esta acción el presidente Vicente Fox declaraba en Nayarit durante la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006  que “…es esencial recomponer las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas […] Respetando su forma de vida, su propia diversidad cultural, las indígenas y los indígenas deben alcanzar el desarrollo que cada mexicana y mexicano merece […] El México incluyente, democrático, plural que todos queremos sólo lo podemos construir con ustedes”.

Es lamentable que las autoridades mexicanas se apeguen de una manera legalista al derecho para negar cualquier posibilidad al cumplimiento de los acuerdos: tal es el caso del análisis jurídico mediante el cual un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero declaraba inconstitucional y sin base jurídica a la Policía Comunitaria, pues el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT establece: “Los pueblos indígenas podrán reprimir los delitos en la medida en que sean compatibles con el sistema judicial nacional y los derechos humanos” y aunque no está en discusión que las sentencias de la Policía Comunitaria respeta los derechos humanos, sus acciones violan el artículo 21 de la Constitución que establece que “La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial…” y este es precisamente el problema, que las leyes han sido realizadas sin tomar en cuenta las identidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas y no existe la voluntad del Poder Legislativo de sentarse a dialogar con los pueblos para que respetando el espíritu de los acuerdos internacionales se reconozcan, legislen y reglamenten las acciones de instituciones como ésta.

La violación de los derechos culturales de los pueblos y las salidas legalistas adoptadas por el gobierno como el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a las controversias constitucionales promovidas por municipios indígenas contra la ley indígena tensa la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

Mientras que frente a la comunidad internacional el gobierno mexicano reconoce los derechos de autodeterminación de los pueblos firmando convenios, los pueblos indígenas están siendo orillados a optar por la vía de los hechos, ya que se les ha demostrado que no tienen cabida en la ley, lo que genera inestabilidad social, y pone en riesgo a los defensores de derechos humanos que trabajan en el rubro de los derechos políticos y culturales pues siempre está latente un posible enfrentamiento con las fuerzas del Estado.

Este doble discurso gubernamental no es sólo con los pueblos indígenas, esta situación también es sufrida por los campesinos, obreros, organizaciones sociales y civiles. Mientras que el discurso oficial pone a las organizaciones civiles, sindicatos independientes y organizaciones sociales hombro a hombro en la lucha por el cambio en México, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tratan de criminalizar a los integrantes de estos grupos obligándolos a firmar declaraciones incriminatorias, previa tortura, por delitos como narcotráfico, secuestro o sedición.

El 2 de noviembre de 2002 varias organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero entregaron al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias un informe donde documentan medio centenar de casos en los que las fuerzas armadas o la Policía Judicial han detenido de manera arbitraria e ilegal a ciudadanos que en su mayoría pertenecen a organizaciones sociales que luchan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

La criminalización de los defensores y activistas es la estrategia más utilizada por el gobierno para contrarrestar el trabajo de grupos que albergan personas de pocos recursos económicos, con bajo nivel académico o que son desconocidos en el ámbito internacional; cuando el hostigamiento va dirigido a defensores conocidos internacionalmente y que de alguna manera han logrado un prestigio regional o nacional, se recurre a las amenazas anónimas ya sea telefónica o escrita. Una vez que el defensor denuncia el hostigamiento, las autoridades ofrecen públicamente todo su apoyo e invitan a los defensores a tomar acciones legales.

No hay forma de comprobar que las amenazas a los defensores provengan de entidades gubernamentales, ya sean  locales o federales; sin embargo es claro que las acciones emprendidas por las autoridades después de que se denuncia el hecho se orientan más a investigar la vida personal del defendido que los posibles autores de las amenazas, y se utilizan medios de comunicación de clara tendencia oficialista para desacreditar y minimizar las amenazas recibidas por el defensor.

En un columna del periódico Vértice de Chilpancingo, se publicó en un tono sarcástico que Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan había solicitado al gobierno estatal la protección de una escolta personal, una camioneta Suburban nueva y una chequera para lo que se pudiera ofrecer, esto sólo unos días después de que Barrera declaró públicamente que había recibido una amenaza de muerte.

El descrédito a la actitud de los defensores no es únicamente en los medios de comunicación. Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Procuraduría General de la República comisionó a cuatro agentes para garantizar la vida de Abel Barrera, sin embargo estos agentes no cuentan con vehículo y viáticos, aún sabiendo que Abel Barrera debido a su trabajo debe viajar constantemente a la ciudad de Chilpancingo, a México o por las comunidades de La Montaña de Guerrero, lo que ha ocasionado que en la mayoría de sus viajes se vea obligado a ir sin seguridad pues no hay lugar para la escolta en el vehículo.

En la evaluación de las medidas cautelares, Tlachinollan denunció estas anomalías a la CIDH a lo que el gobierno mexicano contestó que era imposible cumplir sus demandas pues Abel Barrera  exigía una camioneta Suburban para desplazarse y el gobierno mexicano no estaba en condiciones de cumplirlo, cuando la única petición del defensor era que la escolta tuviera su propio vehículo para que lo pudieran acompañar en sus viajes.

En el tiempo que duran las medidas cautelares el gobierno mexicano se dedica a investigar la vida privada y familiar del protegido, cuantifica los bienes personales y familiares, e investiga a quienes están a su alrededor. Mientras las investigaciones de la vida personal de los defensores de derechos humanos avanzan día con día, las investigaciones por las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público son, en su mayoría, archivadas. Esta situación es desgastante para el defensor y la organización a la que pertenece y ante estos hechos, por lo general optan por suspender su petición de medidas cautelares, situación que le permite al gobierno federal desvincularse de cualquier responsabilidad en caso de un atentado contra el defensor argumentando que se hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero el defensor decidió prescindir de la escolta o bien “esclareciendo” el homicidio o atentado vinculándolo con hechos relacionados con su vida personal totalmente ajenos a su actividad como defensor de los derechos humanos.

* El autor es coordinador del Area de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C., desde agosto de 2001. Egresado de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana León (2001).Con este artículo ganó el I Concurso de Artículo Periodístico convocado por esa universidad.