Aborto legal y seguro para las mujeres y niñas pobres e indígenas, exige organización de Chilapa

Luis Daniel Nava

La organización de mujeres nahuas Zihuame Xotlametzin (Mujer Luciérnaga) dijo que el Estado tiene la obligación de brindar los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto legal y seguro, principalmente a las mujeres y niñas pobres e indígenas en condiciones de discriminación.
La organización argumentó que cuando el Estado cuente con leyes que regulen los servicios de acceso al aborto seguro, disminuirá la penalización social hacia las mujeres que abortan y la triple victimización por ser mujeres, indígenas y pobres.
La organización Zihuame Xotlametzin, antes Noche Zihuame, dedicada a promover el desarrollo de las mujeres y su salud así como a la protección de sus derechos humanos en Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, se pronunció a favor de la iniciativa enviada al Congreso local por el gobernador Ángel Aguirre, que modifica, reforma y adiciona el Código Penal del Estado para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.
A través de un comunicado, la organización que es parte de la campaña Alianza por una Maternidad Segura en Guerrero y colaboradora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, asienta que incluso la misma tradición católica reconoce la autoridad moral de las mujeres para decidir sobre su vida, su sexualidad y su reproducción sin dejar de pertenecer a esa religión.
Su postura, dice, es que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, a decidir ser madres o no, cuándo y con qué periodicidad, así como el derecho de que no se les obligue a ser madres por presión social o a que se les descalifique, discrimine o recrimine el hecho de no serlo.
Añade que el Estado, la religión o la sociedad no pueden obligar a las mujeres que son violadas a concluir un embarazo producto de ese suceso, que generalmente deriva en problemas emocionales y altos costos económicos para la atención de la salud de ese ser que dependerá de la madre.
De igual forma, la organización no gubernamental pide que se respete a la mujer utilizar métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados ni planeados y que se le brinden las posibilidades educativas en cuestión de salud sexual.
“Que no se satanice ni se criminalice a las mujeres por tomar la decisión de decidir la interrupción de un embarazo antes de las doce semanas de gestación, ya que sólo ella sabe las causas que la orillan a tomar esa medida”, indica.
Además pide que el Estado garantice el respeto pleno a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, especialmente el derecho a elegir la maternidad de manera libre y segura.
El Estado, añade, tiene la obligación de proteger la vida de las mujeres, garantizando el adecuado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto legal y seguro, particularmente a las mujeres y niñas en condiciones de mayor discriminación, como es el caso de las mujeres pobres e indígenas.
La organización considera que cuando el Estado cuente con leyes que regulen los servicios de  acceso al aborto seguro, se va a disminuir la penalización social hacia las mujeres que abortan, así como la triple victimización por ser mujeres, indígenas y pobres.
“Llamamos a los legisladores a aprobar la iniciativa de la maternidad libre y segura en Guerrero, entregada por el gobernador el pasado martes 6 de mayo de 2014, en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso; que hagan efectivo el Estado laico y a la ética pública en el ejercicio de sus funciones como legisladores, por el bienestar de las mujeres”, señala.
La organización incluso argumenta que no existe un acuerdo teológico sobre el momento del desarrollo embrionario en que se pueda hablar de una persona.
“Antes de 1869, la mayoría de los teólogos enseñaba que el feto no era un ser humano con un alma humana hasta al menos 40 días de la concepción, y a veces aún mas tarde. Por lo tanto, en un aborto practicado antes de los 40 días, no se consideraba que se eliminaba una vida humana”, plantea.