La Procuraduría violó el proceso legal de los policías acusados de asesinar a tres reos, señalan

*La Secretaría de Seguridad Pública, “ni siquiera cuenta con un protocolo para hacer un traslado”, afirma la abogada Karina Nájera. Hay elementos para pensar que los peritajes fueron alterados, pueden ser “cuestiones de corte político o hay personas con cargos implicadas”, expone

La defensa de los ocho policías estatales recluidos en el penal de Chilapa por su presunta vinculación en la muerte de tres reos, a los que trasladaron de la cárcel de Iguala a la de Acapulco, acusó a las autoridades de que han incurrido en violaciones procesales y a sus garantías.
Ayer, en conferencia de prensa, la abogada Karina Nájera Castro del jurídico Sandoval y Asociados sostuvo que el proceso que enfrentan los ocho agentes tiene vicios de origen, ya que incluso se les han imputado lesiones en contra de tres reos que fueron llevados a la cárcel de Acapulco en un traslado en el que ellos no participaron.
Las esposas de los policías indicaron que en los próximos días hay un compromiso para reunirse con el subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno del estado, Misael Medrano Baza, para que el Ejecutivo llame al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se haga un revisión del caso. A esa reunión se espera que llegue la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, informaron.
El lunes, familiares de los policías marcharon por las calles de la capital y protestaron a la entrada de la residencia oficial, Casa Guerrero, para exigir la excarcelación de los policías, ya que consideran que su reclusión es una injusticia.
La defensora de los policías Marco Antonio Ocampo Díaz, César Romero Jaramillo, Sabdi Othoniel Hernández, Fidel Alvarado Melo, Oliver Gamboa Guerrero, Héctor García Baranda, Aníbal García García y Hazany Roque Genchi, indicó que una de las violaciones procesales en las que ha incurrido la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha sido que cuando sus clientes fueron detenidos habían sido citados para que declararan como testigos.
Dijo que en el proceso que enfrentan los policías “hubo violaciones desde un principio: el Ministerio Público (MP) los requiere y le manda una boleta de presentación, pero en ningún momento les dice que iban a ser detenidos y en ese momento en que rinden su declaración? ministerial los detienen, sin orden de aprehensión”.
“Los mantuvieron arraigados, lo cual es anticonstitucional, ya que solamente un arraigo se solicita por delincuencia organizada, y el delito de homicidio y lesiones no corresponde con la figura de arraigo”, explicó.
“Así que desde un principio se violentaron sus derechos”, acusó la abogada que no rebasa los 30 años.
A pregunta expresa complementó que ha sido el Ministerio Público la instancia que ha incurrido en las violaciones a un debido proceso, “ellos violentaron sus derechos y garantías”.
Expuso que las violaciones a las garantías de los policías radican en que cuando fueron al MP, y justo después de que rindieron su declaración, “fueron privados de su libertad, y fueron son incomunicados”.
“Se tiene que hacer un esclarecimiento a fondo en el que las propias autoridades tienen que aportar pruebas, y (se diga) quiénes fueron los verdaderos responsables del traslado”, puntualizó.
Los ocho policías fueron recluidos en el penal de Chilapa el 31 de enero tras haber participado en el traslado de 10 reos del penal de Txpan, municipio de Iguala, al de Acapulco.
El traslado fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública después de que un comando armado irrumpió en la cárcel la madrugada del 3 de enero y asesinó a tres reos, entre ellos al jefe de plaza de ese penal, Ismael Ocampo, La Naila.
Según los abogados defensores, los policías trasladaron la noche del 5 de enero a Oscar Pérez Cortez, Samuel Vargas Carbajal, y Marcelo Geovani Salmerón quienes murieron el 6 de enero a pocas horas de haber sido trasladados al penal de Acapulco.
Otros de los reos que fueron trasladados de la cárcel de Iguala a la de Acapulco fueron Asdrúbal González Fausto, Ángel Castillo Morales, Cruz Martínez Soto, Marcos Pacheco García, Fernando Zavaleta Paque, Oscar Mejía Bassave y Juan Guerrero Bautista.
Nájera Castro explicó que otra de las inconsistencias del proceso fue que se les acusa de haber cometido el delito de lesiones también en contra de los reos?Jonathan García Fajardo, Juan Martín García, Jonathan Pedraza Hernández y Felipe Castorena, pero estos cuatro reos fueron trasladados a Acapulco el 3 de enero horas después de la irrupción del comando armado a la cárcel de Iguala, y ahí no participaron los policías detenidos en Chilapa.
La abogada indicó que durante el proceso de la defensa de los ocho policías estatales se ha podido conocer que la Secretaría de Seguridad Pública, “ni siquiera cuenta con un protocolo para hacer un traslado de forma” y reclamó que a sus defendidos nunca los han capacitado para hacer este tipo de actividades.
Nájera Castro precisó que los agentes están recluidos en el penal de Chilapa, “porque hay un temor fundado de que en Acapulco puedan atentar contra su vida, está ese temor fundado puesto que los que presumen haber sido agraviados (golpeados por los policías) están internados allá (en Acapulco)”.
En la conferencia de prensa se aclaró que el traslado a Chilapa de los policías estatales fue debido a la presión que ejercieron los familiares de los policías, ya que en un primer momento las autoridades penitenciarias los querían enviar a la cárcel de Acapulco.
“Como sabíamos que en Acapulco peligraba la vida de ellos entonces fuimos a la Procuraduría General de Justicia para solicitar que los dejaran acá en Chilpancingo, pero la opción que nos daban era la de mandarlos a Nayarit, Hermosillo, pero al final quedó en Chilapa”, informó una de las familiares.
A la abogada se le recordó que el procurador Iñaky Blanco Cabrera sostiene que los reos fallecieron debido a los golpes que sufrieron durante su traslado de la cárcel de Iguala a la de Acapulco.
“Estamos en contra de eso, porque (los policías presos) sólo se encargaron de hacer el traslado y en ningún momento trataron mal a los reclusos o los golpearon, al contrario, su trabajo es el de salvaguardar la integridad física de ellos”, dijo.
Afirmó que hay elementos para pensar que los peritajes que se hicieron tras la muerte de los reos pudieron haber sido alterados, “probablemente, a lo mejor son cuestiones de corte político o hay personas con cargos implicadas que probablemente ante la acción que ellos pudieron haber tenido, su mejor opción? es echar la culpa” a los policías que participaron en el traslado.
Una de las esposas relató que cuatro de ellos esa noche del 5 de enero se encontraban de guardia en las inmediaciones de la cárcel de Chilpancingo, según les dijo el ex? director de Guardia y Custodia, Rafael Cubillo –también preso en la cárcel de Chilapa- y les dijo que lo acompañaran a un lugar que no se les reveló por motivos de seguridad.
Agregó que sus esposos fungen como policías estatales y ellos no tienen contacto con los reos, como ocurre con los custodios, “el único contacto que pueden tener ellos con los reos (es) cuando tienen que participar en algún traslado”. (Fernando Hernández / Chilpancingo).