Manuel Meza Cuervo

La defensa y los defensores de derechos humanos.
Una visión desde La Montaña de Guerrero

(Primera parte)

  En lo que va del nuevo siglo la frase derechos humanos se ha convertido en el estandarte de los nuevos gobiernos, se le ha dado más voz a las comisiones estatales y nacionales, se han incluido cláusulas en los tratados comerciales internacionales y se ha convertido en parte fundamental del discurso político de los gobiernos de Vicente Fox, y René Juárez. Sin embargo pese a estas posturas oficiales los defensores de derechos humanos en México y concretamente en el estado de Guerrero siguen siendo personas altamente vulnerables que día a día tienen que superar adversidades políticas, económicas y sociales.

Un problema grave es que en México no se sabe exactamente quienes son los defensores de derechos humanos. La declaración sobre defensores de las Naciones Unidas los define como: “personas que actúan por su cuenta o colectivamente en la eliminación efectiva de todas las vulneraciones de los derechos fundamentales de los pueblos y los individuos.” Este trabajo según dicha declaración “incluye la búsqueda de la verdad y la justicia ante las violaciones de derechos humanos; la lucha por la igualdad de género y racial, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos de los pueblos indígenas; y la lucha contra el hambre, la pobreza y la discriminación entre otros.”1 Esta definición reconoce como defensores de derechos humanos a los integrantes de sindicatos independientes, organizaciones sociales, civiles, representantes de pueblos indígenas, por citar algunos, que busquen reivindicar sus derechos económicos, sociales o culturales. Sin embargo el gobierno mexicano pretende acotar esta definición a simplemente aquellas personas que defiendan los derechos civiles fundamentales desde organismos previamente reconocidos por instancias internacionales pues en muchas ocasiones los sindicatos, las organizaciones sociales y pueblos indígenas son considerados como sectores radicales que atentan contra la seguridad nacional.

Los discursos del gobierno estatal y federal van en el sentido de mostrarse sensibles ante el extranjero, a la problemática de la defensa de los derechos humanos, de las desigualdades sociales, de la corrupción y de la impunidad. Para citar un ejemplo, después del asesinato de Digna Ochoa, el Congreso del Estado de Guerrero emitió una enérgica condena contra el “aberrante crimen”, como lo nombró el presidente de la Cámara, Héctor Apreza Patrón. Asimismo el secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Marcelino Miranda Añorve, ofreció investigar y brindar protección al director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan después de que éste denunciara ante los medios de comunicación el haber recibido amenazas de muerte. Sin embargo contrariamente a su discurso, el Congreso del Estado no ha realizado iniciativas que den elementos a los defensores de derechos humanos para realizar su trabajo con seguridad. Lamentablemente el discurso político por lo general no pasa de ser declaraciones de buena voluntad.

Para ahondar este ejemplo mencionaremos que pese a que se ha demostrado que en el estado de Guerrero la tortura es una práctica sistemática, hasta el momento no existe ninguna iniciativa seria para tipificar el acto de tortura como delito. Esta falta de una legislación adecuada que garantice la investigación y el  castigo a los abusos de las autoridades hace frustrante el trabajo de los defensores, pues ¿qué sentido tiene documentar un caso, reunir testigos, reunir pruebas, si al presentarlo ante las autoridades correspondientes no existen los mecanismos jurídicos que les permitan proceder?

El asesinato de Digna Ochoa causó la indignación nacional e internacional, lo que obligó al estado mexicano a liberar a los campesinos ecologistas, y establecer una mesa de trabajo sobre derechos humanos entre organizaciones no gubernamentales y la Secretaría de Gobernación. Sin embargo las ONG’s se quejaron de no encontrar en sus interlocutores un conocimiento mínimo de lo que son los derechos humanos, situación que hacían lentos los avances de la mesa de trabajo.

Siguiendo el ejemplo federal y como muestra de apertura, en Guerrero el secretario de Gobierno aceptó instalar una mesa de diálogo con la Red Guerrerense de de Derechos Humanos para establecer una agenda mínima de derechos humanos en el estado, estableciendo como punto de arranque una campaña en los medios de comunicación estatales que sensibilizara a la población sobre el trabajo de los defensores.

La primera reunión se realizó con Miranda Añorve, la segunda con el secretario de Comunicación Social y finalmente se delegó a un funcionario de bajo nivel la interlocución para el proyecto. El gobierno estatal dijo sí a todas las propuestas y una vez que la campaña estuvo terminada (después de dos meses de trabajo y reuniones) el secretario de Comunicación Social dijo no estar de acuerdo con la propuesta y emitieron una contrapropuesta que se alejaba mucho del sentido original; las pláticas se estancaron y la mesa se disolvió.

Esta práctica es recurrente en los gobiernos estatales y federal: aceptan públicamente las propuestas de los organismos de derechos humanos, proponen trabajar en conjunto con la sociedad civil, inician los trabajos y una vez que la opinión pública se ha olvidado de la situación ponen trabas para el seguimiento de las acciones, originando con esto el estancamiento de los procesos y el desgaste de las organizaciones.

El desconocimiento de lo que son los derechos humanos por parte de los funcionarios de los gobiernos, personal de la Procuraduría de Justicia del Estado y mandos militares provoca que se vea a las organizaciones sociales y civiles como actores incómodos que atentan contra la estabilidad de la región. A los defensores de derechos humanos se les ve como defensores de delincuentes.

En una ocasión un agente del Ministerio Público comentaba que los defensores de derechos humanos lo único que hacían era entorpecer su trabajo “¿qué creen que los delincuentes van a decir?: ¡Sí!, nosotros fuimos, a veces hay que ayudarlos a confesar y eso es lo que ustedes no entienden”.

En esa misma plática un funcionario de la Dirección de Transportes justificaba la corrupción de los agentes de tránsito: “el sueldo es muy bajo, ¿de qué manera van a ganar el dinero para pagar las escuelas de sus hijos, no hay dinero para subir los salarios, así que ¿qué podemos hacer?”

La poca conciencia que existe entre las mismas autoridades encargadas de procurar y administrar justicia con respeto a los derechos humanos provoca que éstos vean a los organismos que los defienden como antagonistas a su trabajo y, en el peor de los casos, como amenaza a sus intereses personales.

La presión internacional ha obligado al Estado mexicano y a los gobiernos latinoamericanos en general a desarrollar un discurso en favor del respeto a los derechos humanos. La Consulta Latinoamericana realizada en México en el 2001 a defensores de derechos humanos estableció como “una práctica de Estado el que los gobiernos se atribuyan funciones de derechos humanos para fundamentar políticas que poco o nada tiene que ver con ésta práctica”.

Más preocupante es el hecho de que los gobiernos crean instancias e iniciativas para la protección de los derechos humanos (como subsecretarías, procuraduría, defensorías) que tienen como única función cubrir apariencias y hacer relaciones públicas, sin efectividad en la defensa de estos derechos, trayendo como consecuencia la duplicación de trabajo y el desgaste de los activistas de derechos humanos.

El secretario general de Naciones Unidas reconoció que por su trabajo los defensores suelen ser las primeras víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarios públicos o entidades privadas. Tan sólo en México, “en los últimos seis años, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, con 52 miembros, ha registrado 150 casos de hostigamiento, en su mayoría cometidos por autoridades locales”.

Miembros de dos de las cinco organizaciones del estado de Guerrero pertenecientes a esta Red han sido amenazadas de muerte en más de una ocasión.

El acoso contra los defensores de derechos humanos va desde la amenaza telefónica, vigilancia de oficinas, intervención de teléfonos, allanamientos y robos; hasta atentados de muerte y homicidios como es el caso de Digna Ochoa o miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCCS) que sufrieron el asesinato de sus miembros.

Por lo general, el discurso de los altos mandos de los gobiernos frente a estos actos es de indignación y disposición para esclarecer los hechos, sin embargo es en los mandos medios y bajos donde los defensores y las víctimas de violaciones a los derechos humanos sufren por la falta de justicia, la corrupción y la impunidad. Mientras que el presidente y algunos gobernadores, diputados, magistrados declaran frente a la opinión pública su compromiso por el respeto de los derechos humanos, algunos agentes del Ministerio Público y jueces retardan las investigaciones, hacen perdedizas las pruebas o simplemente no las realizan argumentando falta de personal o de recursos.

La dilación de las autoridades para procurar justicia provoca que las acciones contra los defensores no se esclarezcan adecuadamente. Este doble lenguaje de las autoridades que por un lado se manifiestan públicamente en favor del respeto a los derechos humanos, pero que a su vez no realizan ninguna acción para combatir las negligencias de sus mandos medios o bajos, y que en el peor de los casos instruyen a éstos para actuar de dicha forma, genera una atmósfera de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores.

 * El autor es coordinador del Area de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, A.C. desde agosto de 2001. Egresado de la carrera de Comunicación en la Univarsidad Iberoamericana, León (2001). Con este artículo ganó el primer lugar en el Primer Concurso de Artículo Periodístico, convocado por esa Universidad.