Rafael Aréstegui Ruiz

Dos pautas para un análisis

 Dos acontecimientos se han presentado en estos días en la entidad que son representativos del pulso de los tiempos políticos del estado.

El primero durante la conmemoración de la caída en combate del profesor Lucio Cabañas, la reaparición de la guerrilla en la sierra de Atoyac y la consecuente postura de los partidos de descalificar la vía armada como forma legítima de hacer política.

Es explicable que los partidos señalen que hoy las condiciones son diferentes que hace 20 años y que los grupos radicales deben de incorporarse a las reglas del sistema electoral vigente, y el mismo Juan Alarcón les pide que se incorporen a la vida política. Todo prometería una forma civilizada de no ser por dos elementos que contradicen las declaraciones de los partidos: la presencia del Ejército en la sierra de Atoyac, “en labor social” y lo limitado de la ley de amnistía que sólo es una formalidad, porque prácticamente no liberará a ninguno de los presos políticos.

Los habitantes de la sierra ya conocen el saldo de las labores sociales del Ejército: desapariciones, violaciones, intimidación a la escasa población que aún se mantiene en las comunidades serranas. El resultado final de tales campañas es una desarticulación cada vez mayor del tejido social, rencor hacia los soldados en los jóvenes que son intimidados y que se convierten, como resultado de esa peligrosa combinación de miseria y amenazas, en potenciales reclutas de los grupos guerrilleros.

Quiero pensar que la preocupación de quienes hacen el llamado a la guerrilla para que se incorpore a la vida pública es sincera, pero pedirles que den ese paso unilateralmente es ingenuo o irresponsable. Cuántos guerrilleros no fueron asesinados en el pasado por haberse acogido a tales llamados.

Habría que proponer en todo caso, una tregua, que se exprese en el retiro del Ejército y la instalación en la sierra, de una mesa de diálogo que establezca las condiciones que permitan evitar nuevos enfrentamientos en la entidad y el desencadenamiento de una nueva guerra sucia, tales condiciones pasan por el castigo a los verdaderos responsables de las matanzas y no sólo los chivos expiatorios del sistema.

El otro acontecimiento fue el aparente desliz del ex diputado Roberto Alvarez Heredia de pedir que el PRI aleje a los caciques como Figueroa y Aguirre Rivero. La clase política priísta salió en defensa de los méritos en campaña de los ex gobernadores; pero Alvarez Heredia es visionario, en realidad al seno del PRI se niegan a reconocer una verdad inocultable: ese partido era de un régimen que si el 2 de julio quedó sepultado a fuerza de votos, tal acción no fue otra cosa que la culminación de una serie casi ininterrumpida de luchas, que desde la década de los cincuenta dio el pueblo de México: el movimiento ferrocarrilero, así como las luchas magisteriales, populares, sindicales, campesinas, estudiantiles, guerrilleras, etc. El pueblo de Guerrero dio también múltiples luchas y la respuesta de los gobiernos locales, nido de caciques, fue invariablemente la represión y la matanza.

Caballero Aburto, Miranda Fonseca, Nogueda Otero –destituido por los propios priístas por corrupción y hasta ahora intocado, cuando fue en su período que dio inicio la guerra sucia– Figueroa padre e hijo y Aguirre Rivero no son precisamente periodos gratos a la memoria de los guerrerenses y que decir de la brutal represión de Ruiz Massieu a la protesta del FDN por el fraude en 1988 primero y a la lucha del PRD después. El legado del PRI a sus militantes es el de una causa perdida. Deslindarse de su pasado es equivalente a refundarse, pero el peso que tienen los emisarios del pasado se hace demasiado presente como para que tal empresa sea viable.

Lo que nos revelan los dos acontecimientos mencionados es la otra cara de la transición en Guerrero, y que puede expresarse en una pregunta: ¿transición hacia dónde? Si los sectores democráticos no acaban de conformarse como tales y lo viejo no acaba de derrumbarse, entonces la situación es de incertidumbre. Para que la transición sea posible, nuevos actores políticos y sociales deben hacerse presentes en el escenario, el pueblo organizado –a lo que ahora se le llama sociedad civil– no ha irrumpido, los esfuerzos de todos: comunicadores, analistas, luchadores sociales, intelectuales y dirigentes de partidos deben ser pugnar por lograr condiciones favorables para un cambio democrático y con justicia social que salde la deuda histórica que existe con el pueblo de Guerrero.