Abre la Fiscalía Especial de la PGR la investigación del caso Aguas Blancas
* Pide que presente elementos de prueba, documentos e información que puedan resultar útiles para el desahogo de las investigaciones * Es el segundo expediente sobre la masacre de 17 campesinos abierto en la PGR
La Fiscalía Especial para crímenes del pasado reciente comenzó la investigación de la masacre de Aguas Blancas, y abrió el expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/016/2002, a partir de la denuncia que presentó el 16 de julio de este año la ex presidenta municipal de Atoyac, ex diputada y recientemente nombrada secretaria general de Gobierno del ayuntamiento de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos.
La Fiscalía Especial, que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, mediante un oficio del 28 de noviembre, citó a comparecer a Núñez Ramos el próximo miércoles 11 de diciembre, para que ratifique y amplíe su denuncia.
El citatorio se expide con base en un acuerdo ministerial dictado dentro de la indagatoria del citado expediente. Esto significa que la investigación de la masacre de Aguas Blancas está abierta en la Fiscalía Especial, cuyo nombre completo es Oficina del Fiscal Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
En el oficio, firmado por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, precisa que la diligencia para la que se cita a Núñez Ramos consiste en la ampliación de su denuncia presentada el 16 de julio, que ratifique el contenido de su libro Palabra de Mujer, y aprote la documentación con que cuente como prueba de su dicho. En particular, que proporcione copia de la videofilmación realizada el día de la masacre, que proporcione los domicilios para localizar al ex síndico de Atoyac, Wilibaldo Rojas Arellano, y al ex secretario de Desarrollo Rural, Francisco Román Delgado, y otros ex funcionarios.
Además, que proporcione copia del fax que recibió el día anterior a la masacre respecto a la convocatoria de movilización de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de los recibos de teléfono donde conste que habló con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
También pide que presente las notas periodísticas publicadas con motivo de la masacre, y, “en general, todos aquellos elementos de prueba, documentos e información en general que puedan resultar útiles para el desahogo de las investigaciones”.
Con esto, la investigación de la masacre de Aguas Blancas está abierta en dos instancias de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 24 de octubre de 2001, dos de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Marino Sánchez Flores e Hilario Mesino Acosta, presentaron la demanda formal de reapertura de la investigación de la masacre de 17 campesinos ocurrida el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez. La PGR abrió el expediente AP/423/AI/2001, que después turnó a su Delegación en Guerrero para seguir la investigación. Los denunciantes, por medio de su abogado, José Enrique González Ruiz, rechazaron que la investigación se haga en Guerrero, porque en esta entidad no hay condiciones para garantizar una investigación independiente y objetiva, y pidieron que se turne alguna fiscalía de la ciudad de México.
Sin embargo, rechazaron que sea a la Fiscalía Especial que encabeza Carrillo Preto, porque, según declaración de González Ruiz, “no ha sido eficiente, no ha hecho nada”.
En julio pasado, ante la perspectiva de que la Fiscalía Especial abriera un expediente sobre el caso Aguas Blancas, Gozález Ruiz declaró: “No estamos de acuerdo en que sea la Fiscalía Especial la que se encargue de investigar el caso Aguas Blancas, porque se ha convertido en el basurero de la historia; todos los asuntos que el gobierno no quiere atender, o que quiere prorrogar, los mandan a la Fiscalía Especial, que de por sí está muy cargada y no ha podido avanzar en los casos de Tlatelolco y el 10 de Junio”.




