Jaime Salazar Adame

   Erradicar la pobreza

A lo largo de la década de los ochenta se consideró que la salida a la crisis económica de los últimos años, sólo era posible desde planteamientos neoliberales. La llamada “revolución conservadora”, que simbolizaron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se convirtió en un modelo que influyó incluso en los programas y las prácticas de los partidos de izquierda.
Sin embargo, desde posiciones ideológicas socialistas se hace una renovada crítica del modelo liberal, fundada tanto en los viejos argumentos anticapitalistas del marxismo, como en nuevas líneas de ataque, entre las que sobresalen especialmente dos: la que trata de descalificar al capitalismo democrático por su carencia de valores morales porque sus motores son el egoísmo insolidario y la avaricia insaciable, y la que acusa al liberalismo de generar una sociedad de tres tercios.
Según este argumento, profusamente utilizado a fines del siglo XX, la dinámica capitalista beneficia abusivamente a un sector social, el primer tercio, que, a costa de los demás, llega a disponer de una parte excesiva del Producto Interno Bruto o renta nacional. El segundo tercio estaría constituido por aquellos que, aún a distancia muy grande de los primeros, se beneficia también de esa dinámica y logran situarse en niveles muy notables de prosperidad. Finalmente, el tercer tercio vendría constituido por los sectores más débiles de la sociedad que, incapaces de adaptarse a la dura ley de la competencia capitalista, quedan en la cuneta del desarrollo.
A partir de ese planteamiento se llega, con toda facilidad, a definir o considerar el capitalismo o liberalismo como generadores de pobreza. Se insiste en que se aumentan las desigualdades entre los muy ricos, y los muy pobres, cada vez más pobres; se denuncia el desmontaje del Estado Benefactor y la supresión de los programas sociales. Las bolsas de pobreza, los homeless o sin casa y una amplia tipología de desheredados, se convierten así en una afrenta de las sociedades prósperas que no son capaces de encubrir a pesar de sus esfuerzos.
Asimismo, esta dinámica ricos-pobres se traslada al ámbito planetario, que queda dividido según el esquema Norte-Sur, que no sólo implica una intolerable injusticia en cuanto al reparto de los recursos naturales, sino que supone un enorme potencial de inestabilidad de consecuencias impredecibles. A partir de ahí se pide el establecimiento de un “nuevo orden económico internacional”, se plantea la necesidad de dedicar recursos crecientes a la ayuda al desarrollo, o se advierte de los riesgos que suponen los grandes movimientos migratorios que se producen de los países pobres a los más ricos.
Planteado así el problema, algunas preguntas saltan: ¿hasta qué punto nuestras sociedades se han acostumbrado a vivir con la pobreza, considerada como un elemento habitual e irreductible de las modernas sociedades liberal-capitalistas? ¿Hasta qué punto la prosperidad de unos se hace posible a costa de la pobreza de los demás? En otras palabras, ¿hasta cuándo en las políticas neoliberales la pobreza seguirá siendo considerada como un elemento natural del paisaje?
En consecuencia, inmersos en la economía liberal-capitalista, con la democracia como su correlato en el ámbito político, porque es el único modelo aceptable y viable, a pesar de sus evidentes defectos, como recientemente lo constatamos con los resultados electorales de 2002, pues ya lo expresó Winston Churchill, se trata del peor de los sistemas, una vez que han sido rechazados todos los demás.
Tales concepciones acerca del Estado Mínimo o de la intervención del Estado en el desarrollo económico y social, las experimentamos en el pasado reciente, y fundamentalmente con el llamado Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que, afirma Arturo Warman, propuso la movilización popular y sus planteamientos como la principal fuerza en la política social, tanto para definir objetivos, prioridades y características de dicha política social con la pretensión de salvar los esquemas institucionales para evitar la burocratización y el clientelismo, pero pudimos constatar que cayó en los vicios que pretendía atacar porque restringió la participación social a grupos afines al PRI; limitó el diálogo a la petición y su satisfacción quedó en manos de tales asociaciones, donde se afectó el Estado de derecho, y principalmente, al municipio libre al quedar la ejecución de tal política fuera de las estructuras y aparatos institucionales.
Así se vigorizó el clientelismo y la suplencia de la organización popular por organizaciones legitimadoras de la acción gubernamental, que entre otras cosas, originaron la consolidación de grupos apremiantes que bajo la denominación de “organizaciones sociales” encontraron la vía de hacerse periódicamente con recursos públicos con la simulación de defensa de intereses sociales y comunitarios, y que frecuentemente caen en acciones antisociales como la desobediencia civil.
Tal ejemplo sirve para ilustrar lo que el proceso histórico de nuestro país y de Guerrero, nos hacen percibir: que no existe una relación directa entre multiplicación e intensificación de las políticas sociales y erradicación de la pobreza, como expone Bernardo Kliksberg, en su texto sobre la pobreza como tema impostergable, porque no existe un Estado de Bienestar universal que abarque con sus beneficios a todos los ciudadanos, es decir, que sea capaz de atender todos los riesgos de la vida “desde la cuna a la tumba”, porque ha fracasado en todo el mundo. De todos modos amable lector le deseo un próspero año nuevo ¡felicidades!
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