Solicita Juan Alarcón al gobernador acepte la recomendación de la CNDH

* Pide investigar la violación a Inés Fernández

* El MP militar archivó el expediente y la PJG ocultó pruebas, dice la recomendación

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, pidió al gobernador René Juárez Cisneros que acepte la recomendación que le envió la Comisión Nacional con respecto a la violación de los derechos de la indígena Inés Fernández Ortega de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
Ello luego de que el Ejército Mexicano rechazó dicha recomendación en la que se pide que se reinicien las investigaciones de la violación sexual de la indígena, que fue agredida por soldados del 41 Batallón del Ejército Mexicano en marzo de 2002.
En la recomendación de la CNDH, se afirma que el Ministerio Público Militar archivó el expediente, mientras que la Procuraduría de Justicia del estado, por medio de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común ocultó las pruebas con las cuales se evidencia lo violación sexual de Inés Fernández.
El ombusdman guerrerense dijo que la Comisión Nacional “está en lo correcto en virtud de que encontró elementos para emitir un documento de esta naturaleza y toda vez de que hubo irregularidades en la averiguación con respecto a la acusación de violación de la indígena”.
Alarcón Hernández dijo que antes de que la recomendación sea rechazada “tiene que revisarse y analizarse desde el punto de vista jurídico y de los hechos que se denuncian por parte de los agraviados”.
Pero también dijo estar de acuerdo en que el expediente se reabra “toda vez que a nadie afecta que se realice una investigación más exhaustiva que lleve al descubrimiento de la verdad”. Dijo que esto ayuda a la sociedad, lejos de perjudicarla; “por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con esa recomendación”, dijo Alarcón Hernández.
Pidió que el gobernador René Juárez Cisneros acepte la recomendación y que tome las medidas que sean necesarias para corregir las irregularidades que cometió la Procuraduría al ocultar las pruebas que se mencionan en dicha recomendación de la Comisión Nacional.