La CNDH muestra que no hay condiciones para la justicia a indígenas violadas por militares

* Opiniones de Tlachinollan y de la OIPMT

* La recomendación 48/2003 dirigida al secretario de la Defensa y al gobernador del estado no toca el problema principal, que es la incompetencia del fuero militar para investigar delitos contra civiles, señala Abel Barrera * La Comisión Interamericana debe retomar los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, demanda Arturo Campos Herrera
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación de las garantías a la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, que fue violada por militares en marzo de 2002, no toca el problema principal planteado por la víctima, su familia, su comunidad y sus representantes, que es la incompetencia de las autoridades militares para investigar este delito, dijeron el coordinador de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En entrevistas por teléfono, Arturo Campos en Ayutla y Abel Barrera en Tlapa, opinaron que la recomendación 48/2003 es una prueba más de que no hay interés de las autoridades civiles y militares en México para investigar este delito, y que hay complicidad de ellas con los responsables de los crímenes.
Por eso, opinaron que esta recomendación puede fortalecer las razones para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), que demandó Tlachinollan en el caso de Inés Fernández, y de otra indígena violada por militares en la misma región me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, un mes antes.

La Recomendación muestra el encubrimiento a los responsables, dice Arturo Campos
Arturo Campos Herrera es coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, de la que es parte la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, a la que pertenece la indígena violada, Inés Fernández Ortega.
De la Recomendación sobre el caso de Inés, que se difundió este lunes en los medios señala:
“Primero, nosotros estamos viendo que se está demostrando que las autoridades de la justicia militar no tienen voluntad para esclarecer el caso, tratan de encubrir a los responsables a como dé lugar para librarlos de esta investigación, que se da en contra de ellos mismos, es decir de militares.
“Llama la atención que la CNDH dice que el agente del Ministerio Público militar archivó el caso sin investigar, y después el secretario de la Defensa Nacional (Ricardo Gerardo Clemente Vega García) rechaza la Recomendación. Esto prueba que los militares no son competentes para hacer justicia, como lo hemos dicho desde el principio y hemos exigido que sean las autoridades civiles las que se encarguen del los dos casos”.
–¿Qué puede hacer la Organización?
–Vamos a seguir exigiendo que el caso se turne a la justicia civil donde tiene que estar. Porque como dice la CNDH, hay muestras de que hay encubrimiento del Ministerio Público militar, que lleva 20 meses y no investigó el caso y lo archivó. Nostros solicitamos que haya un órgano profesional que lleve a cabo la investigación de las dos violaciones, de las compañeras Inés y Valentina. Porque en el caso de Valentina no hay nada, y la CNDH dijo que no hubo violaciones a los derechos humanos.
“Pedimos que se retome el caso de Valentina y que se lleve conjuntamente con el de Inés, en la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).
“Para nosotros es necesario llevar este caso hasta las últimas consecuencias, a los últimos niveles de justicia, vemos que en México no se hace justicia a los indígenas, cuando hay violaciones a los derechos humanos de los indígenas no hay voluntad de las autoridades para llegar a fondo, en ningún caso, siempre se han quedado en la impunidad y no hay más, los casos están archivados. Por eso demandamos que el caso se lleve a la CIDH. Vamos a esperar qué respuesta da”.
–¿Crees que hay algo bueno en la Recomendación?
–La Recomendación habla de que se violaron los derechos humanos de la compañera.
“También da más información de lo que pasó con las pruebas que presentamos de la violación. Nosotros nos enteramos que fue en el Hospial General de Ayutla, donde se hizo perdediza la muestra que le tomaron a Inés. La CNDH habla de cómo se dio la destrucción de las pruebas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para garantizar que no se investigara el delito cometido por militares. Vemos que no hay garantía de justicia contra los militares.
“Para nosotros la Recomendación de la CNDH no viene como la queremos, pero ahí hay una muestra de que no hay voluntad de que se esclarezca el caso, ni de militares ni de civiles. Los civiles destruyeron las muestras y se declararon incompetentes y mandaron el caso a la justicia militar, donde no debe estar”.
–La CNDH recomienda al secretario de la Defensa que el Ministerio Público Militar integre debidamente la investigación. Están ustedes de acuerdo?
–No. Nosotros estamos seguros que, por ejemplo, si le presentan a Inés las fotos de los soldados para que identifique a los que la violaron, le van a presentar a otros soldados para concluir que no identificó a ninguno. No creemos en nada de eso. En la misma Recomendación de la CNDH está claro que la averiguación está mal integrada, que hay negligencia. Por eso no tenemos confianza en los militares. Desconfiamos de todo lo que hacen, y tenemos bases para desconfiar, una más es la propia Recomendación”.
–Recientemente, a principios de diciembre, ustedes denunciaron actos de hostigamiento de efectivos del Ejército contra Inés y contra su esposo, Fortunato Prisciliano Sierra, cuando fueron militares a amenazarlos para que retiraran la denuncia.
–Sí. Fueron del 48 Batallón a la casa de Fortunato, en Barranca Tecoani, diciendo que se desistiera de la demanda.
En este año han ido dos veces hasta su casa, y con amenazas. Son pruebas de que en el Ejército quieren que se quede en la impunidad.
“Pero nosotros, como Organización vamos a estar exigiendo que se haga justicia a las compañeras y compañeros. No porque seamos indígenas vamos a estar nada más viendo lo que sucede en contra de nuestras comunidades; vamos a exigir que se llegue hasta el fondo y que se castigue a los responsables”.
Es una Recomendación acotada, plantea Abel Barrera
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que se encarga de la defensa jurídica de Inés Fernández, opina de la Recomendación:
“Como organización no gubernamental de derechos humanos que estamos dando seguimiento y representamos a Inés vemos en esta recomendación las deficiencias que existen en nuestro sistema de procuración de justicia. Como dice el informe de la ONU sobre derechos humanos en México, son fallas estructurales que prevalecen.
Una es la falta de profesionalización del órgano investigador y de compromiso con las víctimas. En este caso hablamos del Ministerio Público civil y del médico que hizo las pruebas, y vemos que hubo contubernio para destruirlas. Nosotros estuvimos insistiendo en que enviaran las pruebas a la Procuraduría en Chilpancingo y el agente del Ministerio Público argumentaba que no se las había entregado el médico, pero el médico decía que ya las había entregado. Ese fue el tiempo que dejaron pasar con la intención perversa de destruir las pruebas.
“Eso aparece en esta Recomendación y ahí está el punto clave, que demuestra el desinterés y falta de sensibilidad y compromiso del órgano investigador.
“Por otra parte, esta forma de recomendar al Ejército no atiende las recomendaciones de los relatores de la ONU, sobre todo el de Independencia de los Jueces y de Ejecuciones Extrajudiciales, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han dicho que el órgano militar no tiene por qué investigar casos donde se encuentran involucrados civiles y se ha recomendado que sean órganos civiles los que investiguen casos donde están involucrados miembros del Ejército.
“Esta Recomendación tiene una interpretación contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Vemos que es una recomendación acotada en el sentido de que está reconociendo la competencia militar en asuntos que son del fuero civil de acuerdo a la Constitución, aunque no vamos a negar que hay jurisprudencia y esa la toma el procurador de Justicia Militar, donde dice que ellos sí son competentes.
“Tenemos que atender las recomendaciones de la ONU que son los expertos y que están pulsando mejor las normas apropiadas para defender a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
“Se evidencia en la Recomendación esta inoperancia y falta de objetividad y de profesionalismo en el MP militar, además de que no hay competencia de parte de ellos.
Se ve que los representantes de las víctimas, que debe ser el órgano investigador civil, se subordina, se hace cómplice y se confabula con los violadores de los derechos humanos.
–¿Hay algo que se pueda rescatar en la Recomendación?
–Por un lado es importante retomarla porque está señalando deficiencias del órgano investigador y falta de profesionalismio y de objetividad y de imparcialidad; eso hay que reslatar. Pero esta Recomendación no apunta al tema central que es la vigencia del órgano investigador civil ante casos de violación, a los derechos humanos cometidos por el Ejército.
“Por otra parte nos preocupa que las autoridaes sobre todo militares estén ignorando y haciendo caso omiso de las recomendaciones de la CNDH, que esto leído entre líneas nos manifiesta que el poder militar es supraconstirucional, que está más allá de nuestra carta magna, y no puede seguir mateniéndose los privilegios o los fueros por encima de los derechos humanos y de las normas constitucionales.
“La CNDH ha demostrado que hay deficiencias en la investigación y está señalando violaciones a derechos humanos y que se está dejando en la indefensión a víctimas de esas violaciones”.
“Nos preocupa que la Secretaría de la Defensa rechace la Recomendación, que se siga debilitando a las comisiones públicas de derechos humanos, eso es grave para los que aspiramos a que rija en Estado de derecho. El Ejército siente que a nadie le debe rendir cuentas y sigue argumentando que hay un fuero y nada bien hacen al gobierno las actuaciones autoritarias”.
–¿Crees que la Recomendación pueda frenar las demandas para que intervenga la CIDH que ustedes presentaron en este mes?
–No. La Recomendación puede ser un elemento más para demostrar la falta de interés en este caso de violaciones cometidas por el Ejército; es una prueba de negligencia e impunidad de los responsables de estas investigaciones.
–Están de acuerdo en que el MP militar continúe la investigación, como recomienda la CNDH?
–No. Eso ya sucedió, han estado citando a Inés y a su hija para que declaren en la Zona Militar en Chilpancingo. Pero nosotros respondimos en un escrito que no hay competencia ni condiciones ni garantía de imparcialidad para hacer esta investigación. (Maribel Gutiérrez)