Aplican en secreto y en forma discrecional el examen para ser notario, denuncian abogados

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En secreto la Secretaría de Gobierno aplicó el examen a tres aspirantes a notarios, lo que provocó la inconformidad de cuando menos otros dos profesionistas que presentaron su solicitud desde hace dos años, pero que no fueron notificados para que participaran en la examinación.
El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Efraín Cardoso Miranda, confirmó la aplicación del examen, pero dijo que por ser apenas aspirantes quienes participaron, no es una convocatoria pública.
Agregó que  participaron, como lo señala la ley, tres representantes del gobierno del estado –Cardoso Miranda fue uno de ellos–, un representante del Colegio de Notarios y un representante de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Sin embargo, el funcionario, quien fue brevemente consultado al término de la sesión que se realizó en una sala de la dependencia, no quiso dar mayor información, pues dijo que esta le correspondía proporcionarla a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Martha Elba Garzón.
Sin embargo, la aplicación del examen motivó la inconformidad de los abogados Elías Fierro Rivera y Alfredo Rodríguez Vega, quienes han sido excluidos de participar desde hace dos años que lo solicitan.
Fierro Rivera informó que la Ley 971 del Notariado establece que el que pretenda participar en el examen de aspirante deberá presentar su solicitud al gobernador, acompañando los documentos que prueben el cumplimiento de los requisitos, quien podrá investigar la veracidad y autenticidad de los documentos y de la información. Posteriormente, el gobernador señalará hora, fecha y lugar para efectuar el examen.
Sin embargo, dijo que desde el año pasado –cuando todavía era gobernador Zeferino Torreblanca–, fue excluido del examen. Esa vez participaron 13 aspirantes, de los cuales fueron aceptados tras el examen cinco: Ceferino Cruz Lagunas, Arturo Betancourt Sotelo, Samanta Salgado Muñoz, Hugo Pérez Ruano y Enrique Román.
Dijo que según la misma ley, los aspirantes que cumplen con los requisitos pero que no son aceptados, por derecho siguen en la lista de espera, y que deben de ser convocados para exámenes posteriores.
Informó que por eso desde principios de este año comenzó a solicitar información con respecto a la fecha y hora en que se aplicaría el examen correspondiente a este año.
Pero el 9 de febrero, el secretario particular del gobernador, Everardo García Mondragón, le informó que su solicitud fue enviada a la Secretaría de Gobierno, por lo que le sugirió que la información la solicitará en esa instancia.
Agregó que el 1 de marzo pasado, la subsecretaria Garzón Bernal, le contestó que “una vez que el Ejecutivo del estado analice y valore su expediente se le notificará”.
Sin embargo, dijo que ayer, poco antes de las 11 de la mañana, cuando se encontraba nuevamente solicitando información, se enteró que en esos momentos se estaba realizando dicho examen a tres  aspirantes.
Agregó que si bien el director de Asuntos Jurídicos tiene razón en que no es mediante convocatoria abierta, el examen tampoco se puede aplicar a escondidas y tienen que ser notificados los profesionistas que cuentan con solicitud para que se presenten. “Definitivamente este no es el procedimiento”, se quejó el abogado.
Dijo que pensó que el actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero sería diferente y más abierto en estas cuestiones, en comparación del de Torreblanca, “pero ya vimos que resultó peor”, manifestó el abogado entrevistado en los pasillos de la Secretaría de Gobierno, en donde dijo que todavía a esa hora le negaban información oficial con respecto al examen en el que quería participar.
En la misma situación se encontraba el abogado Alfredo Rodríguez Vega, quien también tiene una solicitud, pero dijo que la actitud con que se procedió en esta ocasión para la aplicación fue “sospechosa”.
Fierro recordó que incluso si-gue en proceso un amparo ante el Juzgado de Distrito de esta capital, en donde han solicitado la información a la Secretaría de Gobierno sobre la aplicación del examen y los resultados de este del año pasado, pero que la dependencia ha contestado hasta en tres ocasiones que se trata de información reservada.
Agregó que el caso ha llegado al Tribunal Colegiado, que también ha solicitado el expediente para fundamentar la respuesta, pero que recientemente el mismo director de Asuntos Jurídicos, Efraín Cardoso, ha contestado que la documentación ya fue incinerada y que no es posible proporcionarla.