La Parota, el megaproyecto de presa que en 2003 enfrentó a comuneros y CFE

* Se va o se queda en Guerrero, una interrogante que se contestará en 2004

* En la discusión de su posible construcción han participado empresarios, partidos políticos, sindicatos, universidades y organizaciones civiles
Karina Contreras, primera de dos partes * A dos días de que finalice el 2003 los involucrados en el ambicioso proyecto de cerca de 800 millones de dólares para la construcción de la hidroeléctrica La Parota, todavía no se define su futuro y la pregunta sigue siendo la misma de casi todo el 2003: ¿se va o se queda en Guerrero?, tomando en cuenta que en 2005 comenzaría su construcción.
La posible construcción de la hidroeléctrica por parte de la Comisión Federa de Electricidad (CFE) en Guerrero ha generado un conflicto grave de intereses entre campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec ya que mientras los que tienen trabajo en la obra, defienden el proyecto, la otra parte prefiere quedarse con sus tierras y se resiste a la construcción de la presa.
En los últimos meses, además de los campesinos afectados, al intercambio de declaraciones también entraron los empresarios, sindicatos, maestros, la UAG quiénes han opinado a favor o en contra. El Congreso local y el cabildo acapulqueño formaron comisiones especiales que poco han avanzado para encontrar una salida al conflicto que por momentos se ha agudizado y que ha amenazado terminar en violencia.
El gobernador René Juárez Cisneros no ha definido su postura ante el proyecto ya que mientras en reuniones con altos funcionarios se ha manifestado en favor del proyecto a los campesinos les ha manifestado que si los campesinos no quieren el proyecto a la “chingada La Parota”.
La gran obra de generación de
electricidad
La primera vez que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habló del megaproyecto de la presa La Parota –que a decir de sus defensores traería beneficios y desarrollo económico al estado– fue el 10 de octubre de 2002 cuando por medio de un boletín informaba que la empresa había empezado a establecer negociaciones con los habitantes de las 14 comunidades donde se proyectaba la presa La Parota.
En ese mismo boletín se especificaba que la construcción de la presa en Guerrero era con el objetivo de contribuir con una potencia de 765 mega/watts y una generación de mil 394 giga/watts/ hora medios del año al Sistema Eléctrico Nacional.
El boletín informaba que los estudios topográficos, hidrológicos y geológico de la presa se habían iniciado desde 1976, y que su construcción se tenía proyectada para que comenzara en el 2005 y para 2010 su conclusión e inicio de operaciones.
En ese boletín la CFE ya enumeraba algunos beneficios que esa presa traería al puerto como la de cubrir la demanda de agua a largo plazo en la región, contribuir al saneamiento y rescate del río de La Sabana y la laguna de Tres Palos, así como contribuir al desarrollo agrícola en los márgenes del río Papagayo.
Precisaba que esa sería la “gran obra de generación eléctrica” e informaba que la cortina de la presa consistiría en el enrocamiento con cara de concreto de 162 metros de altura y seis mil 790 millones de metros cúbicos de capacidad, y que estaría ubicada a 28 kilómetros al noreste del puerto con la intención de aprovechar las aguas del río Papagayo. Se anunciaba que la hidroeléctrica también afectaría a los municipios de San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo y Tecoanapa.
Manifestaba en esa ocasión que la CFE había empezado a entablar pláticas con los grupos de pobladores para informar del proyecto a futuro de la paraestatal, y los estudios ambientales y sociales que hacían falta.
Hasta ese momento la CFE informaba de manera privada a sectores selectos el proyecto que estaba preparando en Guerrero y así siguió, quizás teniendo ya conocimiento del rechazo que generaba su ambicioso proyecto.
El 20 de enero El Sur informó los detalles de la obra, cuando el entonces coordinador del proyecto, Carlos Pérez Aguirre lo presentó a los diputados locales del PRD, Yolanda Villaseñor Landa, Rómulo Reza Hurtado, Mariano Dimayuga Terrazas y José Jacobo Valle, representantes de los distritos electorales donde la empresa preveía las afectaciones.
En esa ocasión por vez primera se supo de los alcances que tendría el proyecto: la desaparición de 11 pueblos rurales pertenecientes a los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa en los que viven alrededor de 2 mil familias en 3 mil casas. Asimismo se dijo que la magna obra afectaría 30 kilómetros de caminos de terracería, 17 kilómetros de pavimentados y un puente de 160 metros de largo.
Las hectáreas afectadas serán 13 mil 728 por los tres municipios de las que el puerto estaría aportando para la obra el 57 por ciento, luego San Marcos con el 24 por ciento y el resto Juan R. Escudero, Chilpancingo y Tecoanapa.
Al finalizar la exposición del video en aquella reunión en el salón Catalina del hotel Costa Club, los diputados perredistas habrían expresado a la CFE su total apoyo para el megaproyecto pero sólo si se pagaban las tierras a los campesinos conforme a derecho, mientras que Pérez Aguirre precisaba que ese no era un proyecto como todos sino uno de cómo deberían hacerse las cosas.
El funcionario en esa reunión muchas veces precisó que si el proyecto no era aceptado por los campesinos afectados se irían, pero, si se llegaba al consenso general y se aprobaba, las comunidades que desaparecerán completamente serán: Tlalchocohuitle, Omitlán, Venta Vieja, Papagayo, colonia Guerrero, Chamizal, Vista Hermosa, Pochotlaxco, La Lima, San José y la comunidad Plan Grande, del municipio de San Marcos.
El comienzo de las inconformidades
Durante los meses siguientes la información del proyecto fluyó a cuentagotas, pues mientras que la CFE llevaba a cabo recorridos por las comunidades afectadas para informar sobre las ventajas del proyecto y llamaba a aceptarlo, también continuaban con los estudios preliminares e instalaba su campamento cerca del poblado Las Parotas.
En esas reuniones las comunidades como La Palma y Omitlán comenzaron los reclamos a la CFE por el proyecto ya que, señalaban, que todavía se les debía la indemnización por la construcción de la hidroeléctrica de La Venta.
Ese fue el inicio de la inconformidad que poco a poco se fue extendiendo hacia los pobladores de otras comunidades.
Por tal razón, el 20 de julio en una reunión que se hizo en la comunidad de Los Huajes, cerca de 300 campesinos acordaron no aceptar la presa y llegar a manifestar su oposición por medio de marchas y bloqueos, si era preciso.
Luego, el 28 de julio los comuneros inconformes iniciaron un bloqueo-plantón a los trabajos de estudios preliminares que llevaba a cabo la CFE en el área de la cortina de la presa, y durante esas tensas horas mantuvieron retenidos por casi 14 horas a tres funcionarios de la empresa vinculados directamente al proyecto mientras unos 200 trabajadores quedaron varados en el camino que lleva a la comunidad de La Parota.
A partir de este bloqueo se abrió la lucha frontal entre campesinos opositores al proyecto y la CFE.
Entonces la CFE apeló a la asamblea de comuneros del 29 de junio donde se le permitió continuar con los estudios preliminares, pero los comuneros se opusieron argumentando que no era válida pues la CFE anduvo de pueblo por pueblo pagándole a los comisarios, y convocando a pueblos de la orilla que no iban ser afectados.
El 2 de agosto, después de intensas negociaciones y en donde no se llegó a ningún acuerdo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró a todo su personal del campamento que tenía en la comunidad de Las Parotas, pues en esos momentos las cosas se habían puesto más difíciles y los campesinos amenazaban con quemar el lugar.
Tres días después, los comuneros inconformes con la presa rompieron el diálogo con la CFE e insistían en que no querían el proyecto por lo que no permitieron que continuarán los estudios preliminares, aún, después de un recorrido que hicieronpara comprobar que ya no se estaba trabajando en ellos.
En tanto el conflicto aumentaba, se comenzaron a escuchar voces de la sociedad en torno a esa crisis.
Así, el presidente en Acapulco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Bajos Valverde, invitó a todas la sociedad civil a formar un frente común en apoyo para la construcción de la hidroeléctrica La Parota y manifestaba que Guerrero no se podía dar el lujo de perder una inversión de ese tamaño.
Añadía el dirigente empresarial que detrás de las prácticas adoptadas por los inconformes había dirigentes que le apostaban a la desestabilización para conseguir dinero o prebendas políticas.
Bajos Valverde manifestó que el proyecto significaba la gran oportunidad que no se había tenido en muchos en el estado con una “inversión de gran magnitud” además de que permitiría diversificar la oferta turística y la gran oportunidad de generar miles de empleos que en este momento se necesitan.
Ante la negativa de los comuneros opositores a permitir la continuidad de los estudios de factibilidad, la CFE decidió recurrir a las amenazas y dijo que la PGR podría liberar órdenes de aprehensión contra ellos, ya que la CFE podría acusar de asociación delictuosa, daño patrimonial a la nación y crimen organizado.
Por lo “delicado” de la situación que se estaba poniendo el proyecto el 7 de agosto se reunieron en forma privada el gobernador René Juárez Cisneros, el alcalde Alberto López Rosas. el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub –quien por primera vez venía personalmente a conocer el conflicto– y el dirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, quien había brindado el respaldo al proyecto.
Los acuerdos a los que llegaron nunca fueron dados a conocer pero esa reunión determinaba la relevancia que el gobernador le comenzaba a dar al conflicto.