Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Aborto, Congreso y clero

*El papel de los diputados del PRD

La iniciativa para despenalizar el aborto si se realiza en las primeras 12 semanas de gestación, presentada por el gobierno de Guerrero con el acompañamiento y apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entró en una etapa de incertidumbre aun antes de que empiece su procesamiento legislativo debido al repliegue de la fracción del PRD en el Congreso.
La despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación fue adoptada y es una práctica común y socialmente aceptada en unos 58 países. En algunos casos desde hace 45 años. En ningún lado la implantación de esta norma fue un tema fácil, pero en todos los casos la oposición de la Iglesia católica fue vencida o dejada de lado con argumentos científicos y sociales.
En 1968 Gran Bretaña llevó su vanguardismo más allá y fijó el límite legal en las 28 semanas de gestación, aunque más recientemente lo redujo a 24 semanas. Francia y Estados Unidos mantienen el límite de las 12 semanas. En cualquiera de esos países, las mujeres pueden abortar dentro de ese periodo sin que su decisión provoque el riesgo de ser encarceladas.
En México, en una fecha tan tardía como el 2007 fue aprobada en el Distrito Federal una reforma para despenalizar la interrupción legal del embarazo, con la oposición del gobierno federal panista de Felipe Calderón y de la Iglesia católica. Fue decisivo en ello el papel del gobierno y la mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa. Con esa reforma la ciudad de México se convirtió en un oasis en el país, pues es la única entidad que en esa materia se halla a la altura del primer mundo. En la capital, los hospitales públicos ofrecen hoy a las mujeres la posibilidad de abortar durante las 12 primeras semanas de embarazo sin incurrir en un delito. Pero en el resto del país el PAN y el PRI, aliados con la Iglesia católica, han impedido hasta ahora la aprobación de reformas similares con el falso argumento de la defensa de la vida. Ese boicot ha dado lugar a que muchas mujeres opten por viajar a la ciudad de México para abortar en condiciones legales y seguras.
La premisa que la iglesia y los sectores conservadores del PRI y del PAN atacan en el caso de Guerrero es que con las reformas se estimula y legaliza el aborto, lo que es falso. La legislación sobre el aborto es casi la misma en todo el mundo, y su objetivo es combatir los abortos clandestinos para reducir la muerte de mujeres y evitar la criminalización de quienes deciden interrumpir su embarazo. Como se ha subrayado, los abortos ocurren con ley o sin ley en la materia, con el permiso o con la condena de la iglesia. Es uno de los componentes crueles e inevitables de la vida, y mantener a como dé lugar una visión medieval sobre el problema solamente intensifica el dolor que acompaña a las mujeres que abortan y sus familias.
La negativa a la despenalización en las primeras 12 semanas impone la irracionalidad y fomenta la permanencia de ese mundo clandestino, sórdido y culposo en el que muchas mujeres mueren ante la mirada y la conciencia hipócrita de quienes dicen defender la vida. La adopción universal de las 12 semanas se debe a un consenso científico sobre el inicio de la vida y la conciencia, que no empiezan en el momento de la concepción como propala la iglesia, sino mucho después. Al apoyar la despenalización, nadie aboga ni promueve la muerte de seres que no han nacido, como afirman la iglesia y los opositores para dramatizar su posición, sino todo lo contrario, pues el fin último es que la reglamentación en esos términos reduzca la incidencia del aborto mediante la concientización y la educación. Por lo demás, las reformas propuestas no eliminan las sanciones vigentes para los abortos que se practiquen fuera de este periodo o de las modalidades previstas por la ley, como ocurre también en los países que han modernizado su legislación.
Los anteriores argumentos, datos y referencias históricas no deberían resultar ajenos a los legisladores, pero para los diputados de Guerrero parecen ser inaprehensibles, ininteligibles, inasimilables, pues bastó una reunión con el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, para que su condición de representantes de la sociedad se viera repentinamente inclinada hacia las posiciones tradicionales de la iglesia.
Se sabe de la alianza que el PRI y el PAN mantienen con el clero, pero fue sorpresivo que al salir de esa reunión legisladores del PRD se mostraran partidarios de la postura de la jerarquía eclesiástica en esta materia, al grado de que ahora estén dispuestos a sabotear la iniciativa enviada por el gobierno de su propio partido para despenalizar el aborto, destrozando de esa manera la noción del Estado laico y dejando a la deriva el derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sí mismas.
El sometimiento que se vislumbra de diputados locales del PRD a las posturas de la iglesia católica –en número suficiente para dar al traste con la iniciativa– es reflejo de una mezcla de ignorancia, pobreza intelectual y oportunismo de los legisladores, cuyo interés por facilitar el tránsito a su siguiente cargo es puesto por encima de la causa superior de las mujeres y de la sociedad, a las que en teoría representan. En vista de todo ello, la reforma propuesta se encuentra en riesgo de ser rechazada o de ser colocada en la?congeladora?legislativa para no ser aprobada.
La clave del destino de la reforma se encuentra en la actitud de los diputados del PRD, que son la mayoría en el Congreso. Si anteponen sus intereses personales y entran en una componenda con la Iglesia católica, convertirán este caso en un ejemplo supremo de atraso político y dejarán ir la oportunidad histórica de situar a Guerrero –así sea en un solo aspecto, por única vez– en un plano auténticamente innovador.

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