PRI: hay dos ministros religiosos en el ayuntamiento perredista de Tlacoapa

 El PRI justificó ayer que mantiene la toma del Palacio Municipal de Tlacoapa, “por el hecho de que en el nuevo ayuntamiento –el que entró en funciones este domingo– dos ministros religiosos hayan asumido los cargos de regidor y de secretario general” de la comuna.

En un boletín de prensa el dirigente del PRI de Tlacoapa, Onésimo Vázquez González, señaló que este hecho “es violatorio de la ley, por lo que los priístas se mantendrán protestando en las instalaciones del ayuntamiento hasta que sean separados, de alguna manera, de esos puestos públicos”.

Dijo que estas acciones contravienen la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y que el desacuerdo de los priístas con la actual comuna es porque el regidor de Obras Públicas, Germán Galeana Sixto y el secretario general del ayuntamiento, José Alejandro Silva, son ministros evangélicos. Mientras que el regidor de Educación, Gabino Ventura González, es repudiado por toda la comunidad por su fama pública de incurrir en actos de violencia.

“Nosotros –los priístas– no impugnamos el triunfo obtenido por del PRD el pasado 6 de octubre, ya que sólo exigimos un ayuntamiento que se sujete a lo dispuesto en la ley. Con el presidente municipal Jesús Navarro Sierra, no hay problema; sólo le pedimos que atienda las peticiones del pueblo; que gobierne sin distingo para todos y que se apegue a las recomendaciones que les hizo el gobernador a los 76 alcaldes días antes de su toma de protesta”.

Vázquez González señaló que el local del ayuntamiento se encuentra en poder de más de 800 priístas desde el 1 de diciembre, y manifestó que se permitirá el funcionamiento normal de éste hasta que obtengan respuesta favorable a su demanda.

Finalmente, dijo que para dar una pronta solución a este problema postelectoral los priístas de Tlacoapa han acudido al Congreso local, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia, al Comité Directivo Estatal del PRI y al Consejo Estatal Electoral para que coadyuven en la aplicación de la ley.