Los tribunales federales en Guerrero,cómplices del Ejército: Centro Prodh

 * Señala que no hay justicia mientras no se reconozca la inocencia de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que a consecuencia de la represión han tenido que dejar la lucha en defensa del ambiente * Sostiene que  se debe replantear la labor que el Ejército mexicano realiza en comunidades indígenas y campesinas

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (c) amplió la petición de apertura del caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones al derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial e independiente y violación del derecho a la protección judicial en que incurrieron jueces y tribunales federales en el estado de Guerrero, que, afirma, han actuado parcialmente en contra de los derechos.

El director del Prodh, Edgar Cortez, informó que el 11 de noviembre fue ampliada la petición de apertura de caso ante la CIDH.

Subrayó “la preocupación e indignación que para este Centro de Derechos Humanos representa la actuación que han tenido los órganos del Poder Judicial de la Federación adscritos al 21 Circuito (en el estado de Guerrero) en el presente caso. Su  falta de criterio y desconocimiento de los derechos fundamentales y la complicidad que con sus resoluciones han demostrado hacia las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército mexicano, implican un retroceso y una vergüenza para la administración de justicia en nuestro país.

“Esto se ve demostrado en la forma en la que han argumentado sus resoluciones, dándole pleno valor probatorio a las ilegales actuaciones realizadas por el Ejército y denostando las pruebas ofrecidas por la defensa, incluso una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, tampoco ha tenido la capacidad ni voluntad política para hacer cumplimentar su recomendación”.

En un boletín en el que informa sobre la petición hecha a la CIDH, el Prodh plantea: “Insistimos en que, a un año de que el Ejecutivo federal liberó a los ecologistas, no existe todavía justicia plena e integral en el caso. Efectivamente, la liberación de Rodolfo y Teodoro (el 7 de noviembre de 2001, tras el asesinato de su abogada, Digna Ochoa) no resolvió los problemas estructurales ni significó justicia alguna para ellos”.

Señala que para alcanzar justicia se requiere El reconocimiento pleno de la inocencia de los campesinos ecologistas; la reparación moral y material y al proyecto de vida hacia los ecologistas, en virtud de que no únicamente se les afectó moral y materialmente, sino que, como consecuencia de estos hechos, se les impidió continuar con su lucha a favor del medio ambiente.

También exige el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y por consiguiente la investigación y sanción a quienes por acción (miembros del Ejército y agentes del Ministerio Público) u omisión (jueces y magistrados), son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los ecologistas.

Finalmente, demanda el establecimiento de medidas de no repetición de los hechos, mismas que tendrían que consistir, entre otras cosas, en el replanteamiento de la labor que el Ejército mexicano realiza en comunidades indígenas y campesinas.

Afirma que sin la solución de los cuatro puntos no existirá justicia plena para los ecologistas ni para la sociedad en general y el Estado mexicano y su actual gobierno serán cómplices de la violación a los derechos humanos de los campesinos ecologistas, pero también de contribuir a la ruptura del Estado de derecho y de las instituciones democráticas del país.

En el boletín, fechado el 27 de noviembre, el Prodh recuerda que el 7 de noviembre del 2001, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron liberados mediante un decreto del Ejecutivo Federal, que señalaba incompatible el estado de prisión en el que se encontraban con su salud física y psicológica.

Los dos ecologistas se encontraban presos desde mayo de 1999, cuando fueron detenidos por efectivos del 40 Batallón del Ejército en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, como una medida de represión por su lucha a favor del medio ambiente en la zona de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Los dos ecologistas fueron incomunicados y torturados durante 6 días, y finalmente se les obligó a firmar declaraciones autoinculpatorias, que junto con otras pruebas fabricadas por el Ejército, sirvieron de sustento para someterlos a un proceso judicial plagado de irregularidades y que culminó con una sentencia condenatoria en su contra.

El 25 de octubre del 2001, el Prodh presentó ante la CIDH la petición de apertura del caso, por la responsabilidad que el Estado mexicano tiene en las violaciones a los derechos humanos cometidas a los dos ecologistas. Las violaciones consistían en la afectación a las garantías de libertad personal; derecho a la integridad personal y derecho al debido proceso.

Además se denunció la ausencia de imparcialidad e independencia que el Estado mexicano ha tenido para la investigación de los hechos de tortura, en virtud de que éstas fueron turnadas a la Procuraduría de Justicia Militar.

Al momento de la presentación de la petición ante la CIDH estaba pendiente la resolución del amparo directo que los ecologistas habían presentado por segunda ocasión en contra de la sentencia que los declaraba culpables. El 14 de agosto del 2002, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Chilpancingo, determinaron convalidar las sentencias que habían dictado el Juzgado Quinto de Distrito de Iguala Guerrero y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Chilpancingo.

Afirma el Prodh que esas resoluciones “habían avalado todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército al momento de la detención, incomunicación y tortura de los ecologistas y desvirtuado, de manera infundada e ilegal, todas las pruebas que demostraban la inocencia plena de  Rodolfo y Teodoro. Este hecho motivó la existencia de nuevas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los campesinos, por las que este 11 de noviembre fue ampliada la petición ante la CIDH.