Orden de aprehensión federal contra ejidatarios de El Podrido, denuncian

 * Mientras negociaban, el consorcio presentó demanda “furtiva” contra los campesinos, acusa el asesor jurídico de éstos * El motivo de la disputa son las 44.5 hectáreas que ocupan desde agosto y reclaman como ejidales

El asesor jurídico de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla García, denunció que los empresarios del consorcio Tres Vidas rompieron las negociaciones con el ejido al presentar una demanda federal que devino ya en orden de aprehensión de varios representantes, incluido él mismo.

En conferencia de prensa, Sevilla García  advirtió que “si nos detienen –a él y a otros ejidatarios, a quienes se incluyó en la demanda penal– ya no va a haber negociaciones”.

Desde hace tres meses, ejidatarios de El Podrido se mantienen en posesión de 44.5 hectáreas que disputan a Tres Vidas, en demanda de que las autoridades reconozcan que éstas pertenecen al ejido, no al consorcio, como alegan sus representantes.

Los ejidatarios afirman que las tierras les pertenecen porque nunca recibieron la indemnización correspondiente a la expropiación que ordenó en 1991 el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu.

Oficialmente, el pago fue de 26 millones de pesos, aunque el consorcio Tres Vidas alega que pagó 300 millones. Pero, de ese dinero, “no sabemos dónde quedó, y tampoco sabemos cuándo se autorizó la expropiación de las 44.5 hectáreas al ejido, así como desconocemos si existió autorización del Congreso local”, dijo Sevilla.

Debido a estas irregularidades, los ejidatarios de El Podrido presentaron una demanda contra el consorcio ante el Tribunal Agrario, cuyo fallo les fue favorable, y exigieron a las partes agraviantes, el gobierno estatal y los empresarios, negociar con los representantes del ejido.

Según Sevilla, “nos reunimos el 8 y el 21 de noviembre con representantes del gobierno del estado y de la empresa. Por parte del ejido hubo una postura cordial. Planteamos crear una inmobiliaria en la que seamos coparticipes empresa y ejidatarios, o bien que el consorcio nos construyera obra pública en la parte urbana del ejido (San Andrés El Podrido), por unos 252 millones de pesos, que nosotros creímos que era una cantidad mínima”.

Sin embargo, comentó que mientras se daban estas negociaciones, “de una manera furtiva y perversa”, los representantes de la empresa presentaron una demanda en la agencia del MP especializada en despojos contra el propio Sevilla García, como abogado del ejido, por delitos que aún no precisa.

Sin embargo, como esa demanda no prosperó, porque el asunto no es penal, sino de competencia agraria, se ha girado orden de aprehensión federal contra Sevilla y dirigentes, lo cual demuestra “contubernio” de la PGR con los empresarios, dijo.

La demanda federal, según supo, es la 123/FEFSF/02, y es por delitos que habría cometido en 1992, aunque él precisó que es asesor de los ejidatarios desde 1994. En 1992, dijo, era magistrado de justicia.

En la conferencia estuvieron los representantes del ejido de La Estación, René Muñoz; de La Sabana, Carlos Hernández; de El Cayaco, Donaciano Martínez, y de Llano Largo, Andrónico Mejía. También estuvo la presidenta del PRD en Acapulco, Beatriz González Hurtado.

Sevilla García advirtió que “no vamos a dialogar si el gobierno del estado y los empresarios mantienen este doble lenguaje; esto no beneficia al gobierno del estado y demuestra además que ambas partes trabajan en contubernio, en perjuicio de los ejidatarios, a quienes no quieren pagar la indemnización”.

Explicó que ya se llevaba un avance en las negociaciones, y que ahora se ha detenido. Dijo que pedirán al próximo alcalde, Alberto López Rosas, que intervenga en caso de que se presente algún conflicto entre ejidatarios y la empresa, y adelantó que se denunciarán estos hechos en la Cámara de Diputados. (Aurelio Peláez).