Ex agente del MP despedida denuncia corrupción en la Contraloría

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Tráfico de influencias y corrupción de funcionarios de la Contraloría del gobierno del estado, denunció ayer una ex agente del Ministerio Público, irregularidades en las que podría estar involucrado el mismo contralor Antonio Arredondo Aburto, quien se ha negado a recibir a la afectada a pesar de que ésta lo ha puesto en conocimiento de los hechos mediante escritos.
La ex agente del Ministerio Público, Vianey Salgado Gallegos, a quien funcionarios de la dependencia le pidieron 30 mil pesos para atender su caso y posteriormente le ofrecieron los servicios de un despacho privado para que pueda enfrentar con éxito una demanda laboral en contra del gobierno del estado, entregó al reportero copias de oficios que ha enviado al contralor Arredondo Aburto, sin que haya tenido una respuesta.
Salgado Gallegos fue despedida por la Contraloría Interna de la Procuraduría de Justicia del estado acusada de no preservar la escena del crimen el 12 de diciembre del 2011, cuando elementos de la Policía Federal y estatal desalojaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y asesinaron a balazos a los estudiantes Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Se trata de la misma ex agente que el lunes 12 de mayo presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra del procurador de Justicia Iñaky Blanco Cabrera por su despido injustificado.
En un escrito de fecha 9 de mayo, del cual el reportero tiene copia, la ex agente solicitó una audiencia al contralor Arredondo Aburto para exponerle su caso, pero además actos de corrupción y tráfico de influencias que descubrió en la dependencia cuando buscaba el respaldo de la institución.
De entrada, en el escrito, Salgado Gallegos denuncia que fue despedida por la Contraloría Interna de la Procuraduría desde el 13 de febrero del 2013, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público en Tlapa.
Y agrega que a pesar de que promovió un recurso de revisión, éste no se resolvió por el cambio de contralor en el gobierno del estado.
Sin embargo, agrega que a finales de septiembre del 2013 la recibió el subcontralor jurídico, Salvador Robles Zacapala, quien le dijo: “mira, vamos a hablar claro, tú sabes cómo está la situación aquí, por órdenes del gobernador hay la instrucción de que todos los recursos de revisión se confirmen para que no se le pague nada a nadie, pero de cualquier forma ayudamos a la gente y tú sabes que aquí se tiene que soltar dinero y tenemos un despacho jurídico con el cual estamos trabajando los asuntos de los amparos y la mecánica es que yo te confirmo la destitución en el recurso que tú promueves, pero si me das 30 mil pesos mi despacho te va a promover un amparo y de esa forma le ganamos el asunto al gobierno”.
En su escrito la ex agente del Ministerio Público cuestiona al contralor que “no es posible que en una institución donde se imparte justicia administrativa como es la Contraloría del estado, se den esta clase de cosas que pone en evidencia la ilegalidad de los procedimientos y la credibilidad de la institución”.
Agrega que lo más grave es que tiene compañeros, incluso un ex comandante de la Policía Ministerial, que sí dieron los 30 mil pesos para que les promovieran un amparo en contra del gobierno del estado y que fueron los mismos funcionarios de la Contraloría los que promovieron esos amparos.
La ex servidora pública demanda en su escrito al contralor Arredondo Aburto que le dé la oportunidad de darle más detalles de esta situación que está pasando en la dependencia y le pide una audiencia, sin embargo no ha tenido respuesta.
Asimismo, le advierte que va a promover un recurso  de revisión por su despido.
De su documento envió copia al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al Congreso del estado y a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En otro escrito enviado a los medios de comunicación, la ex agente del Ministerio Público expresa que el asunto es “penoso” porque se supone que la Contraloría combate los actos de corrupción, pero en cambio actualmente los fomenta, y se pregunta “¿en manos de quién estamos?, ¿qué papel está jugando el contralor Antonio Arredondo, al solapar al corrupto de su sub contralor jurídico?”
Y añade que es posible que haya complicidad del contralor, porque denuncia que hasta la fecha no se ha dignado a recibirla en audiencia.
Apenas el lunes 12 de diciembre Vianey Salgado Gallegos se presentó ante la Codehum, donde presentó una queja en contra de seis? funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre ellos el procurador Iñaky Blanco Cabrera, por despido injustificado.
En esa ocasión denunció que la despidieron como una represión a las acciones que ha encabezado en la institución por mejoras laborales, pero que el argumento de los funcionarios que la despidieron fue que no preservó la escena del asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del 2011.
Incluso advirtió al respecto que si la PGJE quiere abrir “la herida”, los? agentes y peritos de la Procuraduría están dispuestos a revelar lo que ocurrió al interior de la Procuraduría y en el gobierno del estado después de ese desalojo y asesinato de los dos estudiantes normalistas.
La Codehum aceptó su queja por violación a sus derechos humanos, y la registró bajo el número VG/103/2014-1, contra el procurador, el subprocurador de Control de Procesos Penales, el contralor interno, el director general de Fiscalización de Responsabilidades y una agente del MP adscrita a la Contraloría Interna.