Rechazó el gobierno estatal medida de la Codehum para proteger a comuneros: Cecop

*En asamblea, el vocero Suástegui señaló que la negativa a concederles medidas cautelares por la irrupción de policías “nos deja en indefensión, vulnerables para que nos puedan asesinar a la hora que quieran, levantar, golpear y se lavan las manos”. Asegura que detrás del interés de detenerlo no está proteger a gravilleras, sino construir la presa La Parota

Mariana Labastida

El gobierno del estado no aceptó las medidas cautelares enviadas por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por la irrupción de policías ministeriales y estatales en La Concepción el 27 de febrero, cuando buscaban al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El vocero informó de tal decisión en la asamblea dominical, donde leyó la respuesta de la Secretaría General y de la Procuraduría de Justicia del Estado, la cual incluso informa de órdenes de aprehensión contra Suástegui Muñoz por agresiones contra los hermanos Bailón Dorantes y el empresario gravillero Humberto Marín.
Suástegui Muñoz dijo que no es tanto el interés de la gravillera, sino de la construcción de la presa La Parota, porque Humberto Marín ha comprado tierras en comunidades cercanas a donde se haría el proyecto.
La situación de la gravillera Agregados de la Costa, a donde acudieron los opositores a parar los trabajos el pasado lunes, provocó una división en la asamblea que finalmente terminó por aprobar que se multe con 200 mil pesos a los propietarios y luego hacer un convenio con ellos para permitirles laborar por unos meses, en los que pagaran 100 mil pesos.
Suástegui Muñoz informó de la respuesta que dio el gobierno del estado a la Codehum sobre las medidas cautelares que emitió por la irrupción de policías el 27 de febrero, cuando lo buscaban a él y por error sacaron de su casa a Pablo Carmen y agredieron a otros dos opositores.
De acuerdo con el expediente CRA/050/2014-II, la Codehum le envió, con fecha 20 de marzo, al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, la solicitud de medidas cautelares y le dio 48 horas para aceptarla y darle cumplimiento; se pide allí que los policías ministeriales ajusten su actuación al marco de lo establecido en la Constitución y tratados internacionales.
“Que se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, seguridad jurídica, integridad fícia, psicológica y patrimo, a la libertad personal y a la vida de los quejosos Pedro Pablo Carmen, Xóchilt Palma Everardo, Faustino Colón Delgado, Juan Delgado Suástegui, Anatolia García Salazar y Gabina Anselmo Vargas”, y de tres menores más. Así como de atentar contra la libertad personal de Marco Antonio Suástegui, “excepto en los casos previstos en el artículo 16 de la Constitución”.
La Secretaría General de Gobierno respondió con fecha 25 de marzo, pero el documento fue recibido en Codehum el 16 de abril, con el número SGG/JF/411/2014 y firma el subsecretario de Gobierno, Victoriano Sánchez Carbajal, e indica que “es pertinente analizar si en el caso concreto se informó a ese organismo público que al momento de la irrupción de agentes ministeriales se encontraban o se encuentran sujetos a algún procedimiento penal o de investigación criminal en curso”, con la finalidad de determinar la intervención que tuvieron los policías.
Lo anterior, señala el texto, para que se pueda analizar el momento, las condiciones específicas y el contexto en que ocurrieron los hechos, y que en la solicitud hecha por la Codehum no se describen antecedentes de amenaza o situaciones que permitan establecer que hay elementos para determinar que los denunciantes están en riesgo, por lo que no es considerada como urgencia,  además porque las medidas cautelares fueron un mes después de los hechos.
“Sin menoscabo de que los hechos narrados deberán de ser investigados por las autoridades competentes, es pertinente señalar que del análisis de los hechos descritos en la solicitud presentada por ese organismo público de derecho humanos se ha determinado que no se actualizarán los supuestos pre-establecidos para poder aceptar e instruir unas medidas cautelares”, y que la información proporcionada no permite “dimensionar y analizar las condiciones de necesidad y urgencia”, por lo que se determinó “no aceptar la solicitud formulada por esa institución pública protectora de los derechos humanos”.
Por su parte, la PGJE responde en el escrito PGJE/SCRPP/1193/2014, con fecha 30 de abril y recibido el 6 de mayo, que: “no se verificó operativo alguno” como el que se describe en la queja de la Codehum, y que “no es cierto que policías ministerial hayan cometido violaciones a los derechos humanos al haber amenzado, allanado un domicilio, robado  y privado de la libertad a distintas personas”.
Agrega que como parte de las acciones del “Operativo Guerrero Seguro”, militares, policías federales y policías ministeriales “únicamente llevaron a cabo labores de patrullaje y vigilancia a fin de abatir la violencia e inseguridad en localidades aledañas a Acapulco”, y por los hechos se inició una investigación con el número DGCAP/0118/2014. Y que por denuncias presentadas en la procuraduría se iniciaron averiguaciones previas por los delitos de despojo, homicidio en grado de tentativa y daños.
El despojo en agravio de Humberto Marín Molina y homicidio en grado de tentativa y daños en agravio de Carlos Bailón Hernández y los hermanos Domingo, José y Pedro Bailón Dorantes, “por lo que se cuenta con las órdenes de aprehensión respectivas”, y la procuraduría solicita a la Codehum contactar a los quejosos y pedirles que comparezcan para formalizar la denuncia y aporten los elementos de pruebas.
También piden mantener el documento como “estrictamente confidencial”, atendiendo la protección integral de las víctimas, en este caso el empresario Humbero Marín y los hermanos Bailón, y que va firmado por el subprocurador de control regional y de procedimientos penales, Víctor Jorge León Maldonado.
Ante la respuesta del gobierno del estado, Suástegui Muñoz señaló que “es evidente” que Humberto Marín Molina se coludió con las autoridades estatales “y ahora vienen contra nosotros” porque ponen en duda que los policías hayan ido a la comunidad; “nos dejan en estado de indefensión, vulnerables para que nos puedan asesinar a la hora que quieran, levantar, golpear y se lavan las manos como Poncio Pilatos”.
Expuso que el estado, al negar las medidas cautelares y poniendo como víctimas a Humberto Marín y la familia Bailón, “confirma que Ángel Aguirre es un narco gobernador, está con el narco, protegiendo a Marín, es un narco gobernador y que Humberto Salgado y todos los que están en su gobierno son sus sicarios mayores, como se lo vuelvo a repetir, y no me da miedo decirlo”.
Aseguró que la orden, según información que les han confirmado, es de detenerlo y enviarlo a penales de máxima seguridad.
El vocero del Cecop dijo que es “grave” que les hayan volteado los hechos y ahora sean ellos los agresores, cuando hubo un policía comunitario herido por los hermanos Bailón.
Dijo que el gobierno de Aguirre “se está derrumbando” y está “al lado de los caciques”, por eso “están dictando órdenes de aprehensión en contra de nosotros” y llamó a los integrantes del Cecop  a “cerrar filas y cuidarse unos a otros porque el gobierno ya nos declaró la guerra con ese documento”.
El vocero del Cecop enfatizó que detrás de la acción de detenerlo no está el proteger a la gravillera de Humberto Marín, sino seguir con la construcción de la presa La Parota, porque, señaló, el empresario ha comprado tierras en comunidades consideradas en el proyecto, y lo apoyan para que se digan víctimas y “al rato digan agarramos a un delincuente, me pusieron en la prensa como un delincuente”, por eso hizo responsables de su desaparición o de cualquier opositor al gobernador y a Humberto Marín.

Se reforzarán los plantones

Por su parte, el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, indicó que es la situación más difícil en la que han estado en los casi 11 años de lucha que llevan en contra de la presa, porque las amenazas eran entre comuneros y nunca se permitió que avanzará más, sin embargo ahora es directamente el gobierno contra el Cecop, que “trata de meter lo antes posible a la cárcel a Marco”, por ello, dijo, quedaron en reforzar los plantones para evitar el ingreso de policías a las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En otro tema, la asamblea se dividió en el punto de acuerdo para permitir que nuevamente trabaje la gravillera Agregados de la Costa, y los hermanos Javier y Fernando Cadena se presentaron a ofrecerles a los opositores a La Parota el pago de 100 mil pesos mensuales para las comunidades y apoyar con maquinaria, propuesta que en un principio no fue aceptada primero, pero después accedieron.
Los asistentes exigían que pagaran una multa de 200 mil pesos por los daños ocasionados en los 30 años de extracción de material pétreo y que se fueran, pero luego de que les informaron que se requerían para hoy 20 mil pesos para rehabilitación del policía comunitario herido el 4 de abril, debido a que tiene una parálisis facial, y que la deuda por el préstamo que se pidió para comprar armas ya es de 70 mil pesos, la asamblea votó para que se permita por un periodo de tres meses trabajar a la familia Cadena, y al cumplirse el tiempo se revisará nuevamente su situación.
Los hemanos Cadena se negaron en un principio a pagar la multa argumentando que fue un mal entendido que empezaran a trabajar de nuevo cuando los fueron a parar el pasado lunes, sin embargo finalmente dijeron que sí si les permitían reanudar labores para pagar sus deudas, porque aseguraron que fueron muy afectados por la corriente del río Papagayo en septiembre.