Tlachinollan

Desprotección civil

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Después de las 21 visitas que el presidente de la República Enrique Peña Nieto ha realizado al puerto de Acapulco, desde las tormentas de septiembre pasado, y en el marco de la suntuosa convención nacional y la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, las y los guerrerenses que sufrieron grandes afectaciones de su entorno y fundamentalmente de sus precarias viviendas, fueron los ignorados de siempre, los desechados por los políticos, ?los que no existen para el poder presidencial y los que afean las impecables galas de las elites políticas.
No en vano es en el Mundo Imperial donde ahora se reúnen la clase gobernante, los banqueros y los grandes empresarios, para lucir en todo su esplendor el nuevo estilo de gobernar; un macro poder centrado en la figura presidencial que dicta las directrices al modo empresarial, para asegurar que los intereses de la clase en el poder queden a salvo de cualquier desastre económico o natural. En estos anuncios espectaculares nunca pueden faltar los titulares de la secretaría de la Marina y de la Defensa, para mostrar el lado invencible del poder imperial y de su actuar inequívoco con la postración de los demás poderes.
Los actores que deben estar fuera del escenario presidencial son los ciudadanos y ciudadanas, porque con sus voces de reclamo echan a perder el guión? de la obra maestra del poder. Por eso es importante bajar el telón de la teatralidad política (y poner cercos policiacos), para que los actos de protesta de la población damnificada no se vean. Las y los damnificados nunca serán los convidados a la mesa de los bien comidos y bien pagados. Por su misma precariedad económica, las elites políticas y económicas los estigmatizan y catalogan como indigentes, porque en todo momento molestan a las autoridades para pedirles dinero o apoyos en especie.
En el fondo se trata de sectores sociales incómodos, que han perdido el miedo y se han organizado de manera independiente para increpar a las autoridades y cuestionar su inacción. Ellos y ellas con su sola presencia refutan la realidad fantasiosa de la que hablan los políticos y que contradicen con su misma situación que padecen las estadísticas oficiales que son hechas a modo.
Los anuncios espectaculares de esta convención se centraron en pronosticar los futuros ciclones y en plantear algunos mecanismos de coordinación para prevenir desastres. Lo que las lluvias arrasaron hace ocho meses no formó parte de los temas de los consejeros, mas pasó a ser parte de un capítulo ?que las mismas autoridades ?están cerrando. Con gran perversidad dejaron que la población damnificada se desgastara y perdiera el ánimo de luchar. Dosificaron los apoyos de acuerdo con la presión que ejercían los diferentes grupos de afectados. En todo momento postergaron la entrega de los dictámenes a las comunidades desplazadas. Nunca estuvieron dispuestas las autoridades del estado ni las municipales a conseguir o comprar terrenos apropiados para la reubicación de las comunidades que están en alto riesgo. Los arrinconaron en pequeños espacios y sin las condiciones mínimas para rehacer su vida comunitaria.
Llevarán impregnado el sello de la desolación y la infamia propiciadas por autoridades que se preocuparon más por disputar los 67 mil millones de pesos anunciados por el presidente de la República, que demostrar en los hechos su solidaridad y apoyo humanitario a quienes desde hace centurias son los excluidos y damnificados por parte de un sistema centralista y racista.
Por decreto y sin la participación de la sociedad el Plan Nacional de Respuesta anunciado por el presidente de la República quedará en los escritorios de los funcionarios, quienes al final de cuentas no lo asumirán como propio, en el sentido de que vayan al terreno de los hechos para aplicarlo. Todos los jefes darán órdenes para que sus subordinados lo apliquen a su modo. Es el problema de siempre; ?aplicar un modelo ajeno a realidades diversas y complejas, haciéndolo de manera improvisada; delegando a personas que no cuentan con los recursos, la infraestructura y el equipo necesarios, pero sobre todo, con el perfil profesional y el compromiso de trabajar a brazo partido con la población.
Lo que hoy vemos es una Subsecretaría de Protección Civil sin peso ni presencia en la sociedad. Su paso por las comunidades deja mucho que desear, porque no logra cubrir el vacío que han dejado las demás autoridades, que sólo llegan para levantar datos, sacar fotografías y prometer apoyos. Se desdeña a la población que solicita información sobre los riesgos que enfrenta. No hay interés ni disposición para establecer una relación cercana con quienes viven bajo zozobra y que no encuentran el apoyo de la autoridad municipal para encontrar un refugio seguro.
Nadie le informa a la población qué dependencias públicas se encargarán de realizar las obras relacionadas con sus viviendas, los puentes, las carreteras, los caminos rurales, las escuelas, las casas de salud, los cultivos siniestrados. Todo ha quedado entre los jeques del poder; los presidentes municipales y los funcionarios de las dependencias federales y estatales. Existe una postura aberrante entre los tres niveles de gobierno de no compartir la información con las autoridades comunitarias ni permitir que participen en las reuniones regionales y estatales que realizan. No quieren que la población damnificada obligue a que las diferentes instancias de gobierno informen los presupuestos que manejan y las obras que tienen que construir. Se ha vilipendiado de la peor manera a las familias afectadas. En su mayoría todas se sienten engañadas y burladas, un gran número están desesperadas porque están llegando las lluvias y no ven avances en la construcción de sus viviendas, ni vislumbran alguna alternativa que les permita hacer frente a nuevas situaciones de riesgo.
Es preocupante que en una reunión del Consejo Nacional de Protección Civil no se atiendan los problemas que enfrenta la población damnificada. No hay una valoración profunda de lo que significa que centenares de poblaciones rurales estén colapsadas por las pérdidas de sus cultivos básicos, sus viviendas y su precaria infraestructura escolar, así como sus puentes y caminos. El problema no sólo es lo que se avecina, sino lo que ya se acumuló de daños y que no están siendo atendidos.
No hay trabajo profundo con las comunidades damnificadas; todo el sistema hidrológico de las comunidades de La Montaña está destruido, lo mismo pasa con la infraestructura hidráulica. Varios puentes están sostenidos por los trabajos de reparación provisional que hizo la población para transitar en la temporada de secas, lo mismo pasa con los derrumbes en las carreteras, son los pobladores los que con pico y pala abren el paso cada vez que cae la lluvia fuerte. ¿Quién se va a encargar de abordar estos problemas que también forman parte del mapa de riesgos? ¿Las autoridades dan por sentado que estos desastres ya quedaron subsanados, por el hecho de que la gente ha resuelto de manera provisional algunas obras que tienen fallas estructurales? ¿Esta realidad relegada no tiene nada que ver con protección civil? ¿Qué autoridad tendrá que obligar que las diferentes dependencias públicas cumplan con su trabajo y que las obras que les toca hacer las hagan con los estándares de calidad preestablecidos y que las realicen en el tiempo estipulado?
En la Montaña el abandono y el rezago es atroz: en los municipios más pobres como Cochoapa, Metlatónoc, Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Iliatenco, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas, principalmente los caminos siguen destrozados, los puentes a punto de caerse, las poblaciones abandonadas a su suerte por las obras que no llegan; construcción de viviendas, reparación de los sistemas de agua, construcción de un hospital, casas de salud, escuelas, albergues. El paisaje es desolador, de poblaciones damnificadas, derruidas, devastadas y empobrecidas.
El mensaje del presidente de la República no resuena en la Montaña y es así porque no hay una preocupación profunda por el desastre ancestral que enfrentan los pueblos y por el olvido secular de los gobiernos, que siempre han considerado a los na savi, me’phaa y nahuas como comunidades que se oponen al desarrollo y que se aferran a su atraso.
La comunidad desplazada de San Miguel Amoltepec El Viejo, decidió ir a Chilpancingo para?denunciar la desatención y el engaño de las autoridades. Han tenido que lidiar con las autoridades del municipio y las federales para exigirles que les asignen un terreno donde puedan reubicarse? e iniciar la reconstrucción de su comunidad. De unas láminas de aluminio pende su protección de las lluvias que ya llegaron desde hace dos semanas.
Este sábado en la comunidad na savi de El Zapote se dio un altercado con el presidente municipal, regidores y policías de Metlatónoc, a causa de que los pobladores no han encontrado en las autoridades del municipio la atención y el apoyo requerido para la reparación del camino y la construcción de una escuela. La postura altanera del presidente propició una confrontación entre los policías municipales y la gente de la comunidad. El saldo de la refriega aún se desconoce, sin embargo, la población que desde hace ocho meses perdió sus hogares y se refugió con algunos familiares, ahora se encuentra en un conflicto más grave con la autoridad municipal. Además de no brindarles el apoyo humanitario que requerían, ahora se ha vuelto contra ellos y la gente teme que ahora llegue la policía y los agreda o que los denuncien penalmente para encarcelarlos. ¿Cómo atender a esta población tan golpeada por el olvido, el maltrato y la discriminación? ¿Cómo hacer para que los anuncios presidenciales atiendan y resuelvan de fondo los desastres ocasionados no solo por las tormentas sino por los mismos funcionarios públicos? ¿Cómo hacer que el plan nacional de respuesta no se transforme entre las poblaciones más olvidadas de la Montaña en políticas de desprotección civil?