Niegan amparo para que los crímenes de la guerra sucia pasen a la justicia civil

 * Los familiares recurrirán a los tribunales internacionales por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia, informó el abogado José Enrique González Ruiz

Un juez federal negó el amparo que demandaron familiares de desaparecidos políticos de la época de la guerra sucia en Guerrero para que la investigación y enjuiciamiento a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por esos crímenes sean de conocimiento de la justicia civil y no de la militar.

El abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, José Enrique González Ruiz, informó que el jueves 14 de noviembre presentó la demanda de amparo, en nombre de los familiares, que conoció el juez quinto de distrito A de amparo en materia penal del DF, Rafael Zamudio Arcos, quien sólo un día después, el viernes 15, lo desechó de plano.

Según la apresurada negativa del juez federal a cobceder amapro, los ofendidos por un delito no pueden reclamar este tipo de resoluciones, y sólo tienen derechos relacionados con la reparación del daño y cuestiones materiales.

El abogado González Ruiz afirmó que esta resolución significa la negación de la justicia a los familiares, que en respuesta demandarán la revisión ante un Tribunal Colegiado, y como es muy probable un fallo en el mismo sentido del juez que desechó de plano el amparo, han resuelto recurrir a los tribunales internacionales para exigir justicia.

Señaló que la apresurada resolución del juez es una prueba de que el problema de los desaparecidos políticos y de la guerra sicia es una cuestión de Estado, y que se pretende someter a un “juicio blando” a Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, para evitar que en el futuro pueda actuar la justicia civil, bajo el principio legal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Explicó que el jueves presentó la demanda de amparo con el objeto de que la justicia militar deje de conocer los asuntos de la guerra sucia contra Acosta Chaparro y Quirós, porque con eso se viola el artículo 13 de la Constitución, que establece que el fuero de guerra sólo es para delitos contra la disciplina militar.

En tanto, el Código de Justicia Militar establece que todos los delitos que cometa un militar en servicio son del fuero militar.

Con base en este Código, y en contra de la Constitución, están actuando las autoridades militares en el juicio a los generales responsables de la guerra sucia.

Con el mismo criterio, a finales de octubre fueron juzgados Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo en tribunales castrenses por delitos de narcotráfico, y recibieron una condena de 15 y 16 años, que les permitirá estar libres en dos años.

La Afadem es la organización que en 2000 y 2001 presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) las denuncias de cerca de 150 desaparecidos en Guerrero en la época de la guerra sucia, por los que son juzgados, acusados del delito de homicidio, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, por el juez tercero militar.

El abogado de la Afadem informó que demandó amparo contra el Congreso de la Unión y el presidente de la República por aprobar y promulgar esa disposición legal contraria a la Constitución (el artículo 57 del Código de Justicia Militar); contra la Procuraduría de Justicia Militar, por hacerse cargo de la investigación y consignarla al juez militar; contra el juez tercero de lo militar, por conocer del caso; y contra la PGR por no reclamar el asunto que le corresponde de acuerdo a la Constitución.

Acerca de la razón que hay para la negativa del amparo, González Ruiz explicó: “Las autoridades militares dicen que Acosta Chaparro y Quirós estaban en servicio dentro del Ejército cuando cometieron los crímenes de la guerra sucia, y nosotros decimos que matar, torturar, desaparecer, no son actos de servicio militar”.

Asimismo, la Afadem demandó a la Fiscalía Especial que reclamara el caso de dichos generales, y la Fiscalía a cargo de Ignacio Carrillo Prieto se negó a hacerlo, y además se niega a entregar esa resolución a la Afadem. Por eso, los familiares por medio de su abogado van a recurrir a un amparo para pedir la constancia de la resolución, con base en el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución.

El abogado opinó que el juicio militar a Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, incluidas las filtraciones de información que las autoridades hacen a los medios, son una “catarsis colectiva”, para decir a la sociedad que ya hay justicia en los crímenes de la guerra sucia.

“Los familiares se van a la justicia internacional, porque en México hay denegación de la justicia. Ya agotamos aquí los recursos legales”, dijo González Ruiz, y anució que está preparando un paquete con las demandas y las resoluciones para enviarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Washington.