Son hostigados para limitar su labor, dicen defensores de derechos humanos

 * Tres horas de testimonios de defensores de derechos civiles, indígenas, ambientales y de libertad de expresión de varios estados

Tlapa * Durante cerca de tres horas, defensores de derechos civiles, indígenas, ambientales, de libertad de expresión y de la mujer explicaron a enviados de la jerarquía católica las condiciones de vulnerabilidad bajo la que realizan su labor, y dijeron que la defensa de los defensores no es un problema de que sean custodiados por policías, sino de aplicación de la justicia y de terminar con la impunidad.

Durante el Diálogo Pastoral sobre Defensa de Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organizado con la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” y la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa, se analizó la situación actual de los defensores de derechos humanos en México, y los testimonios de representantes de organizaciones civiles y sociales de distintos estados del país concidieron en que padecen continuo hostigamiento y vigilancia por parte de militares y de autoridades civiles municipales, estatales y federales, como una manera de limitar su labor.

Por ejemplo, el presidente municipal electo de Malinaltepec por el PRD, Apolonio Cruz, impulsor del proyecto de la Policía Comunitaria Costa Chica-Montaña narró cómo desde 1995 las comunidades indígenas se han organizado para combatir la delincuencia en vista de que las autoridades estatales eran ineficaces en ese sentido, y los pobladores eran víctimas constantes de violaciones y asaltos.

También expuso cómo una vez iniciado el proyecto han sido víctimas del constante acoso de las autoridades y del Ejército, y pese a que los mismos jueces han reconocido que la delincuencia ha disminuido en un 95 por ciento en la región, no han recibido un reconocimiento pleno por parte del gobierno.

El antropólogo Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, criticó la criminalización del trabajo de los defensores de los derechos humanos, y que es eso lo que explica que senn constantemente monitoreados por las autoridades, mediante vigilancia a sus oficinas, la intervención telefónica, las filtraciones a la prensa contra las organizaciones y sus miembros, entre otras.

Esta denuncia fue compartida por la directora del Centro de Comunicación Social (el conocido Cencos), Eréndira Cruz Villegas, que también sufre la intervención de sus llamadas telefónicas y la vigilancia de sus instalaciones, o por Matilde Pérez Romero del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Tixtla, quien recordó que en más de una ocasión han descubierto que personal de la Secretaría de Gobernación federal se acerca a sus oficinas simulando solicitar asesoría. En este mismo Centro en 1997 vivieron hostigamiento por parte del Ejército, cuando militares llegaron en tanquetas para solicitar información sobre los que ahí laboraban.

Al respecto, Abel Barrera comentó que por falta de un marco jurídico el gobierno mexicano está imposibilitado de tomar iniciativas que protejan a los defensores de derechos humanos, y la única vía para solicitar medidas cautelares es mediante una recomendación al gobierno federal de parte de un organismo internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA. Sin embargo, precisó, la solución no son las medidas policiacas sino la aplicación de la justicia y la erradicación de la impunidad.

Cruz Villegas, de Cencos, habló también del hostigamiento sistemático contra medios de comunicación cuando su información afecta intereses gubernamentales. Se refirió al caso del periódico El Norte de Ciudad Juárez que ha publicado constantes denuncias contra la negligencia en la investigación en el caso de las mujeres asesinadas, y de cómo muchos periodistas han llegado a perder hasta su trabajo o se encuentran demandados por cumplir con su deber de investigar y publicar la verdad.

Luis Javier Muñoz, del Departamento de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Guadalajara, habló sobre el caso de la ex ombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín, quien se destacó en su periodo por emitir diversas recomendaciones sobre los abusos cometidos por las autoridades. Dijo que por esto al finalizar su periodo, el Congreso del Estado decidió no ratificarla e impuso a un interino por un año, tiempo en el que la Comisión perdió mucho del camino andado en la defensa de los derechos humanos.

Pero pese a que Morfín ya no es la presidenta de la Comisi´pon Estatal de Defemnsa de los Derechos humanos, sigue recibiendo amenazas, las últimas apenas en octubre, sin que las autoridades hagan nada. Además, sigue una campaña de desprestigio en algunos medios y, como medida final, sus más cercanos colaboradores en la Comisión han sido despedidos en una clara muestra de intromisión del gobierno estatal.

Finalmente Juan Antonio Vega, secretario de la  Red “Todos los Derechos para Todos” habló de la importancia que tiene que la Iglesia católica se involucre en la defensa de los derechos humanos y destacó que son precisamente los organismos internacionales y los agentes de Pastoral quienes mayor interés y apoyo han demostrado con respecto a la situación de los defensores de los derechos humanos. Asimismo aclaró que según la declaración de derechos humanos de la ONU se considera defensor a todo aquel que desde sus regiones trabaje activamente o ejerza su derecho de denunciar públicamente los actos violatorios en su contra o en contra de sus semejantes, por lo que no hay que dejarlos de lado ni solos en su trabajo.

También rindieron su testimonio Valentina Cantú, mujer tlapaneca de la OIPMT, de Ayutla, violada por soldados del Ejército mexicano; María López Ramírez de la organización social USIPI de Tlapa; Martha López del Centro de Derechos Humanos Fray Lorenzo de Ocosingo, Chiapas; y Mauro Cruz Ríos del Centro de Promoción para los Derechos Humanos en Tamaulipas.

El diálogo fue presidido por Salvador López Mora director  de Cáritas México, Erick Urizar, de la Comisión de Justicia y Paz de Comisión de Pastoral Social del CEM y Mario Campos, coordinador de Pastoral Social de la Diócesis de Tlapa.

En sus palabras de bienvenida, Urizar informó que se han venido haciendo diálogos sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, pueblos indios, discriminación y ahora sobre la defensa de los defensores porque los obispos están muy claros en que el diálogo con los actores sociales es una de las formas en que la Iglesia católica puede estar presente y cercana a los problemas sociales. (Con información de Manuel Meza Cuervo, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan).