Plantea el nuevo reglamento vender los mercados a los locatarios, dice Zeferino

 * Liberar recursos públicos destinados a mantenimiento, el objetivo, indica * Es injusto que el gobierno gaste recursos para beneficiar una actividad de lucro, argumenta

Ossiel Pacheco * El nuevo reglamento de Mercados aprobado por el Cabildo en su sesión del viernes pasado prevé normar la venta no sólo de los locales establecidos dentro de los mercados públicos, sino de todo el inmueble, para liberar los recursos públicos que se invierten en su mantenimiento y destinarlos a otros rubros, informó el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo.

Entrevistado ayer a su salida de las instalaciones de RTG –donde concedió una entrevista–, el presidente municipal dijo que no se trata de privatizar los mercados del puerto, sino de rescatar recursos públicos que actualmente se usan para fines personales de lucro.

No obstante, la propuesta aprobada el viernes pasado para reglamentar la venta de los mercados, dice: “Es prudente establecer un mecanismo legal que norme el procedimiento mediante el cual la privatización de los mercados sea un acto eficiente y transparente para la autoridad municipal como para los locatarios”.

El alcalde indicó que este nuevo reglamento viene a regularizar la venta de los espacios públicos a particulares, “para evitar que el gobierno sea empresario, sino que los empresarios se dediquen a su actividad y el gobierno a cobrar impuestos y a dar servicios, no a mantener locales ni mercados”.

Consideró “injusto” que el gobierno tenga que gastar recursos que beneficien a los comerciantes establecidos en los mercados, pues “estamos privilegiando a algunos cuantos; es justo que si tienen algún beneficio o alguna utilidad aporten algo”.

El alcalde argumentó que vender los locales a quienes los ocupan da a éstos seguridad, pues “van a tener una propiedad que ya será de ellos, no del gobierno. Y así no van a tener que exigir al gobierno que les pinte, les arregle, sino que serán ellos quienes lo hagan con sus propios recursos, en su propio interés de mantener su local”.

Asimismo dijo que enajenar estos espacios implicaría un ingreso económico equivalente al valor comercial de cada predio o construcción, que ensancharía el padrón de centros comerciales que contribuyen en el pago de impuestos y derechos municipales, al incorporar a los centros de abasto.

Argumentó que así el gobierno no va a gastar recursos que se requieren en otras áreas, pues al desincorporar de sus activos y de sus obligaciones la prestación de ese servicio tendrá un ahorro considerable.

Elaborada por la Coordinación de Fomento Económico y Desregulación, la propuesta del reglamento de venta de los mercados públicos se sustenta en el decreto promulgado el 2 de agosto de 1990, que autoriza al ayuntamiento enajenar los mercados al sector social de la economía.

Estas normas se aplicarán para los 11 mil locatarios establecidos en más de 100 mercados, y serán merecedores del beneficio los locatarios en actual posesión de un espacio, así como aquellos que así lo soliciten.

Serán responsables “de la privatización” la Dirección de Mercados y el departamento administrativo al que se encargue el proceso de venta.

El documento propone que sean vendidos no sólo los locales comerciales, sino el inmueble en su conjunto, incluyendo servicios, oficinas administrativas, almacenes, depósitos de basura, cámaras frigoríficas, áreas comunes, pasillos, entradas y salidas, patios de maniobras, estacionamientos y todas aquellas áreas que de hecho y por derecho correspondan al inmueble.

Precisa que el precio de venta será determinado por un avalúo comercial, y podrá pagarse en una sola exhibición o en amortizaciones mensuales. El primer caso implica la liquidación de contado del costo total del local, y podrá implicar un descuento de 10 por ciento del valor del local, a juicio de la autoridad.El pago de amortizaciones implica que mes a mes y en el plazo que se indique se liquide el costo del local. En este caso se pactará el pago de una tasa de interés mensual fija de uno por ciento.El reglamento prevé sanciones para ambas partes, formas de pago, procedimiento de venta y la coordinación que deberá haber entre las dependencias municipales.En cuanto a los cambios que tuvo el Bando de Policía y Buen Gobierno, también aprobado en el pasado cabildo, Torreblanca Galindo explicó que se aprobaron reformas estructurales y hubo adecuaciones a la composición de sus artículos, “no está aprobado en lo particular, es una discusión que habrán de dar los regidores”. Indicó que “no hay cambio en lo textual, hay un cambio de matiz, donde se da una relevancia al cambio de nombre; la discusión en lo particular vendrá sobre prostitución, turismo y temas que se abordaron durante la consulta”.