Ramón Gracida González

La lucha de los costachiquenses

El triunfo de Genaro Vázquez Solís como candidato a alcalde en el municipio de San Luis Acatlán en las elecciones del 6 de octubre es tan contundente como inobjetable, y resulta absurdo querer arrebatárselo. Los argumentos leguleyos que se esgrimieron para cuestionar su residencia son tan endebles que sólo adquieren sentido si se ven como una maniobra política que el gobierno de René Juárez ha instrumentado a través del Tribunal Electoral del Estado.

Claramente, la resolución de este órgano, que  declara inelegible a Vázquez Solís, no es por la  obediencia de los magistrados a los ordenamientos jurídicos que regulan la validez de una candidatura, sino que simplemente es la burda aplicación de una política sediciosa del gobierno renejuarista que no tiene otro propósito que intentar el desmantelamiento de un vigoroso movimiento ciudadano que se viene gestando desde las entrañas de la región de la Costa Chica y que tiene como uno de sus principales protagonistas precisamente a Vázquez Solís.

Lo preocupante de esta situación no es el gobierno, de ellos sabemos cómo defendernos; lo inquietante es la actitud de la dirigencia perredista. Su falta de contundencia para defender la legalidad de la candidatura genarista puede dar pie a que se considere que entre ellos se comparte una especie de complacencia tácita en relación a este atropello de la voluntad ciudadana. Lo cual sería absolutamente censurable para un partido que tiene sus orígenes en la necesidad de luchar por la democracia en este país. Los perredistas no podemos comportarnos como si los guerrerenses viviéramos bajo los cánones de un régimen en el que está  garantizada la vigencia del Estado de derecho y el respeto a la voluntad popular; los demócratas no podemos soslayar que nuestro estado de Guerrero es el paraíso de los caciques, los mismos que se encuentran en todas partes y que por antonomasia violentan los ordenamientos legales y las voluntades colectivas y por ende son contrarios al florecimiento de la democracia.

Nadie puede creer ahora que el desconocimiento de Genaro como triunfador legítimo de los comicios en San Luis Acatlán sea una resolución democrática y legal. ¿Qué no el respeto a la voluntad ciudadana es lo sustancial de un régimen democrático? ¿Qué no representan ningún valor ético y político los votos de quienes mayoritariamente eligieron a Genaro como su presidente municipal? ¿Qué la constitución mexicana no consagra el derecho inalienable de los pueblos para que se den el tipo de gobiernan que deseen? ¿Acaso el Tribunal Electoral del Estado actuó con independencia del gobernador?

No puede haber excusa, la dirigencia perredista debe encabezar con toda energía la defensa del voto de los sanluistecos y el reconocimiento de la legitimidad del triunfo de Genaro; no pueden nuestros dirigentes de ninguna manera soslayar que los magistrados electorales han cometido un atentado contra la paz social de los guerrerenses ¿Cómo ser indiferentes ante la magnitud de tal atropello y ante el gran movimiento ciudadano que se ha gestado en razón de esta tropelía?

Pero más allá de lo que pueda decidir la dirigencia perredista, René Juárez y sus magistrados han tenido la “virtud” de provocar una gran insurrección ciudadana en la Costa Chica. En esta región suriana, los ciudadanos hemos decido luchar a fondo por una democracia verdadera. Ahora no sólo exigimos que se respete el voto de los sanluistecos, sino que también demandamos la remoción y juicio político de los actuales magistrados electorales como un primer paso que nos garantice en un plazo inmediato la constitución de órganos electorales que sean absolutamente independientes del gobierno y los partidos políticos, lo que implica que quienes los integren sean seleccionados al margen de negociaciones políticas y que su nombramiento sea resultado exclusivo del concurso de sus capacidades técnicas y su solvencia moral. La voluntad de los guerrerenses no puede estar ya en manos mercenarias.

Habrá quienes se pregunten qué razones hubo en el gobierno para que contra todo sentido común, se esté provocando este gran movimiento y se esté dispuesto a pagar un enorme costo político. Y la única explicación que por ahora salta es que hubo voluntades superiores al gobernador que también influyeron en la decisión. Tal parece que en algunas esferas del gobierno federal y estatal existe una suerte de preocupación por el simbolismo histórico que representa el genarismo entre los guerrerenses y también al parecer se tiene una gran preocupación por los niveles de conciencia y organización que ha venido cobrando el movimiento social indígena entre las comunidades sanluistecas. La propuesta de gobierno comunitario que ha planteado Genaro y que han hecho suya los sanluistecos hacen de las comunidades indígenas verdaderos centros de autogestión, autogobierno, resistencia y lucha comunitaria,  que ya vistos en perspectiva hacen de ellas potencialmente un poderoso movimiento reivindicativo.

En suma, todo indica que desde el gobierno se intenta detener un movimiento social que desde la perspectiva indígena se puede constituir en la columna vertebral de una gran movilización política que cuestione de fondo el actual estado de cosas que hacen de este país y del estado de Guerrero, un lugar en el que la mayoría de las personas cada día tienen menos que comer.

Empero, los costachiquenses vamos en serio por la democracia y por el desarrollo de nuestra región. Y ya nadie nos puede detener.

Autor: Ramón Gracida González