Legal y legítima la designación del auditor, afirman diputados del PRI

 * La oposición de los perredistas, porque querían que el nombramiento corriera a cargo de la nueva Legislatura, para poder negociarlo, opina el presidente de la Comisión Permanente * El presidente de la mesa directiva está facultado para reanudar en secreto las sesiones, dice el titular de la Comisión de Justicia

Aurelio Peláez * Los diputados locales priístas Roberto Torres Aguirre, presidente de la Comisión Permanente; Ernesto Sandoval Cervantes, presidente de la Comisión de Justicia, y Roberto Alvarez Heredia, dijeron que la sesión legislativa efectuada el domingo fuera del recinto del Congreso local, en la que el PRI y el diputado del PAN, Angel Pasta, designaron el auditor superior del estado, fue legal y legítima.

En visita a la Redacción de El Sur, afirmaron además que el nombramiento de Ignacio Rendón Romero apegado a derecho; que cuenta con el aval del Colegio de Contadores del estado y del Colegio nacional; que no tiene alguna relación de sociedad con el gobernador René Juárez Cisneros, a quien “ni conoce” –según Roberto Alvarez–, y sostuvieron que en las semanas anteriores a la sesión del domingo la fracción del PRD, o por lo menos su coordinador, Sebastián de la Rosa, estuvo al tanto de la negociación sobre el perfil del auditor, que sustituye al contador mayor de Hacienda.

La “intransigencia” perredista

Ernesto Sandoval Cervantes negó que la designación del auditor haya sido un albazo de los priístas. “No, y la mejor prueba que tenemos de que no fue un albazo, sino una consecuencia de cierta actitud intransigente, es la foto de El Sur, donde (los diputados del PRD) toman la tribuna y no se permite la continuación de los trabajos legislativos. Esto faculta al presidente (de la mesa directiva) para tomar algunas acciones, entre ellas la que dice el artículo 125, donde dice que tendrá que suspender la reunión y tendrá que reanudarla en secreto. Esto es en concordancia con el artículo 105, que determina las clases de sesiones que hay, que pueden ser públicas, solemnes y en secreto”, argumentó.

Añadió que las atribuciones del presidente, que se establecen en el artículo 30 de la Ley Orgánica, le permiten suspender una reunión. “En base a eso, y dadas que las condiciones tanto de la tribuna como de las galerías, no permitían la continuación, atendiendo lo que marca la ley, que dice que se puede sesionar fuera del recinto, y de acuerdo con el artículo 10, nos reunimos terminando esa sesión que fue interrumpida por los compañeros del PRD, y determinamos hacerla en otro recinto en sesión secreta. Nos trasladamos allá la mayoría de los integrantes del Congreso. La ley especifica que para hacer quórum se necesita la mitad más uno. Somos 44, asistimos 29. Creemos que las cosas que se hicieron fueron conforme a derecho y atendiendo las circunstancias especiales que provocaron los mismos compañeros del PRD”, agregó.

–Da la sensación de que no hubo un trabajo previo para llegar a esta sesión, ¿hubo una reunión previa de la Permanente, había acuerdos previos con el PRD?

–Sí, efectivamente –respondió Roberto Torres–, hasta este octavo periodo extraordinario que hemos celebrado en este último periodo de receso de la Legislatura, previamente se reúne la Comisión de Gobierno con el presidente de la Comisión Permanente, que en este caso el cargo recae en su servidor, se acuerda en la Comisión de Gobierno y la presidencia de la mesa directiva la celebración de los periodos extraordinarios y los asuntos a tratar. Los compañeros del PRD no podían alegar desconocimiento de los asuntos que se iban a tratar en este octavo periodo extraordinario, porque ellos participan a través de su coordinador en los acuerdos para desarrollar los periodos extraordinarios.

–¿La agenda era del conocimiento del PRD?

–Del conocimiento del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Lo que yo ignoro es si existe comunicación entre él y sus diputados de la fracción.

El PRD “quería consensar al margen de la ley”

–La crítica se da por el nombramiento del auditor, ¿hubo un acuerdo respecto al nombramiento del nuevo titular de la Auditoría, hubo cabildeos?

–La Ley de Fiscalización fue remitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la presidencia del Congreso para que se conociera el tema con fecha 19 de marzo –explica Sandoval Cervantes–; quiere decir que desde entonces estamos discutiendo todo lo relativo al órgano de fiscalización y obviamente al nombramiento de su titular. Cuando se aprueba la Ley de Fiscalización se deja en un (artículo) transitorio la posibilidad de que la Auditoría inicie sus funciones el primero de enero, pero el nombramiento del auditor deberá darse tan pronto se publique esta ley. Dice textualmente: La presente ley entrará en vigor a partir del primero de enero del 2003, a excepción de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, que tendrán vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. Todos esos artículos son relativos al nombramiento del auditor.

–¿Se sabía que había esa propuesta que se votó?

–Propiamente la inconformidad que manifiestan los diputados del PRD no es la persona o el perfil del auditor que fue nombrado por el Congreso –interviene Roberto Torres–; ellos establecen su posición desde el punto de vista político, porque ellos a lo que se oponían era a que el auditor fuese nombrado por esta Legislatura, porque ellos piensan que la nueva conformación que va a tener la Cámara de Diputados en la quincuagésima le podía dar a ellos mayores posibilidades de negociar, y así lo digo, con toda la verdad, negociar el nombramiento o la designación del auditor. No es otro el interés de ellos, no es el perfil, no es la persona, porque si atendemos a esa situación, soporta cualquier impugnación que pudiera hacérsele al nuevo auditor, porque tiene un perfil que es avalado por el Colegio de Contadores del Estado de Guerrero y el Colegio Nacional.

–¿No se está dando el mensaje de que este auditor pudiera ser cercano al gobernador o al PRI, en el sentido de que otra legislatura pudiera haber puesto a un auditor con otro perfil?

–Desde nuestro punto de vista –dice Torres Aguirre– quienes formamos parte de la fracción del PRI, y conocido el currículum y los antecedentes de este profesional, no nos queda duda, no existe ninguna relación (con René Juárez), como el argumento que establece el PRD, o si no, tienen la obligación de probarlo.

–¿Pudiera pensarse que se votó así porque habría una mayoría (en la 57 legislatura) que cambiara esta relación?

–No –contesta Roberto Torres– porque los resultados del proceso electoral, en función del número de votos emitidos, en ningún momento cualquier forma de composición hubiera modificado que el PRI siga siendo mayoría en la próxima legislatura.

–¿Hubo quejas de Zeferino Torreblanca de que la Contaduría Mayor de Hacienda bloqueó la información en el caso de Acapulco, y por eso pudiera pensarse que habría temor a otro perfil de coordinador no cercano al gobernador?

–La posición de los partidos, no solamente en lo que se refiere a su función político-electoral, siempre los lleva a establecer supuestos para poder diseñar sus estrategias; en este caso, todo lo que pudieran decir quedan en supuestos sin ningún fundamento.

De la Ley de Amnistía, que igualmente se aprobó este domingo, afirmó que también era conocida por el PRD, que el dictamen está firmado por su representante en la Comisión de Justicia, y que, incluso, ya hay un avance en la propuesta de presuntos amnistiados, lista que se elaboró el pasado el 8 de noviembre.

“La decisión del TEPJF no nos afecta”

Roberto Torres Aguirre, quien fue el representante del PRI –la Alianza para Todos– ante el Consejo Estatal Electoral, dijo que en su partido nunca se descartó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la distribución que hizo el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de diputados de representación proporcional.

Agregó que “cualquier resolución de un órgano electoral está sujeta a que sea revisada por el órgano inmediato superior de carácter jurisdiccional. Los tribunales tienen la posibilidad de modificar o ratificar las resoluciones de los organismos electorales. Cualquiera de las tres fórmulas de asignación que pudiera ser ratificada no nos lesionaría en nuestros derechos, lo vemos como una composición para establecer una proporcionalidad en cuanto a la asignación de las diputaciones de representación proporcional”.

–¿No les afecta, no ven sobrerrepresentado a otro partido?

–No queremos externarlo de esa manera. Pudiéramos establecer algunos supuestos, pero serían simples argumentos de los partidos. Lo cierto es que las resoluciones de tribunales tienen la razón desde el punto de vista de su interpretación jurídica.