Jesús Vargas Vargas

Consensos para la gobernabilidad

 (Primera de dos partes)  

Más allá de las derrotas y victorias electorales, es evidente que el resultado de las pasadas elecciones del 6 de octubre modificará el esquema de la gobernabilidad en Guerrero, debido a que la nueva composición de los gobiernos municipales y del Poder Legislativo local vendrá a cambiar la relación entre gobernados y gobernantes, pero sobre todo entre éstos últimos, ahora con una marcada pluralidad política.

El nuevo esquema de la gobernabilidad demandará de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes mucho diálogo, institucionalidad, legalidad y tolerancia en la búsqueda de las soluciones a los problemas que nos atañen a todos, por el contrario, las actitudes de exclusión y extremistas, de anteponer el rechazo a la expresión política distinta a la nuestra y de atacar por atacar, lo único que lograrán será poner en riesgo la gobernabilidad del estado.

Ante esta situación y dada la nueva distribución del poder en el estado dispuesta por la ciudadanía, obliga a pensar seriamente en la posibilidad de impulsar un acuerdo político para la gobernabilidad entre las diferentes fuerzas políticas, los niveles de gobierno y poderes públicos, porque más allá de las diferencias marcadas por el voto ciudadano, debemos avanzar, por encima de ellas, en la construcción de los consensos que permitan la gobernabilidad del estado.

En esa línea ya se han manifestado el gobernador del estado, cuando convocó en su discurso del 27 de octubre un pacto político entre los guerrerenses para evitar que caigamos en confrontaciones estériles y no perder de vista las aspiraciones esenciales de Guerrero como factor fundamental de generación de consensos, o cuando frente al presidente Fox manifestó que la diversidad no quiere decir confrontación, sino oportunidad de generación de consensos.

También, el dirigente del PRD, Martín Mora ha manifestado al convocar a la construcción de consensos entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo para la gobernabilidad, sentido en el que también se han pronunciado, sin ninguna carga visceral, el síndico electo de Acapulco, Marcial Rodríguez y el coordinador de la fracción parlamentaria de diputados del PRI en la próxima legislatura, Carlos Sánchez, así como el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, quien ante los presidentes municipales electos del PRI, PAN, PRD y PT en la inauguración del curso de capacitación que les organizó el gobierno del estado en Casa Guerrero, afirmó que gobernar es escuchar, consensuar, armonizar, dialogar, llegar a acuerdos, tolerar, tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas pues todas merecen respeto porque representan a sectores de la sociedad.

Por ello, es necesario aclarar que la gobernabilidad no es la acción misma de gobierno, ni la aplicación cotidiana de los programas de gobierno o el funcionamiento normal de las instituciones: la gobernabilidad esta referida a una situación de equilibrio entre las demandas políticas, económicas y sociales de la sociedad y la capacidad de respuesta de los gobiernos (integrado por los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y niveles: federal, estatal y municipal) equilibrio que hace posible la estabilidad política y social para desarrollar las acciones públicas y particulares.

Los grados de equilibrio o desequilibrio de la relación gobierno-sociedad definen las diferentes situaciones de gobernabilidad ó ingobernabilidad, por ejemplo, si las demandas de la sociedad no rebasan las capacidades de respuesta de los gobiernos, estamos ante una situación ideal de gobernabilidad, pero si existen discrepancias de tal manera que haya algunas necesidades sociales insatisfechas, aunque se acepten las respuestas parciales del gobierno y los conflictos que esta situación genera son socialmente tolerados, entonces estamos ante una gobernabilidad normal, la cual dependerá de la capacidad de flexibilidad de los gobiernos y de la población. Los déficits de gobernabilidad, las crisis de ingobernabilidad o la ingobernabilidad, son situaciones en las que definitivamente los desequilibrios, entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos, no son tolerados ó son inaceptables, en las que las amenazas de los gobiernos ó de los grupos sociales y políticos, ponen en riesgo la estabilidad política y social.