Piden en Olinalá solución al conflicto con Antorcha por el predio para un panteón

Sergio Ferrer

Tlapa

Dos autoridades municipales y el Comité de Administración del Panteón, en representación de las comunidades Vista Hermosa, Santa Cruz Lomalapa y colonia Altamirano, a las que proporcionaría servicio en el municipio de Olinalá, solicitaron al gobierno asumir su responsabilidad de resolver conflictos y no prestarse al capricho de Antorcha Campesina en un problema que en base a minutas firmadas, ya está resuelto.
Luego de que de el gobierno del estado, entregara el predio que amplía el panteón antes solo de Lomalapa de manera formal el 1 de febrero, a los nueve días antorchistas frenaron los trabajos y se movilizaron para presionar a las autoridades al no estar de acuerdo con la entrega,  negociando luego de una toma de ayuntamiento que se ejecutará nuevamente la entrega reprogramándose para el 11, sin que acudieran.
Se trata de un conflicto entre habitantes de tres colonias y gente afín a Antorcha, por la tenencia de un predio que funge como campo mortuorio desde hace 30 años donado por Francisco Celestino, sin que se registraran problemas.
Fue, según marca un documento, a partir de 2005 cuando un grupo de personas de Lomalapa, pertenecientes a la organización Antorcha Campesina, iniciaron un conflicto tratando primeramente de despojar de su tierra a Maximino Zeferino de Jesús. Sin su consentimiento, ampliaron el lugar abarcando una tercera parte de su terreno laborable cercándolo con alambre de púas.
El problema agrario se turnó al presidente de Bienes Comunales de Temalacatzingo en aquel momento, quien trató hasta abril de 2006 de resolver el conflicto a través de la vía conciliatoria, pero no hubo acuerdo. Después, se turnó a la Procuraduría Agraria de Tlapa en octubre del mismo año, llegando al Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo en 2007.
La sentencia del TUA al respeto se emitió el 11 de junio del año siguiente, dejando la resolución en manos de la Asamblea General de Comuneros.
Fue así que en la segunda convocatoria de asamblea, realizada el 9 de agosto de 2009, se acordó delimitar el terreno de Maximino Zeferino reconociéndolo la asamblea como dueño de la parcela. Siete días después se levantó el cerco de los antorchistas, quienes acusaron a Maximino Zeferino y a su familia de robo calificado y daños en propiedad ajena, llegando éste a pisar la cárcel con sus dos hijos.
Los antorchistas decidieron volver a cercar abarcando más extensión de terreno con postes de concreto iniciando una serie de difamaciones a quienes buscaron resolver el conflicto, mediatizando la dirigencia antorchista la situación para politizar el conflicto y hacerse las víctimas de acciones violentas que ellos ejecutan, señala el escrito de denuncia.
El conflicto generó una audiencia con el secretario general del Gobierno actual, en la que se acordó ampliar la superficie del panteón y que sería para las tres comunidades.  Pero Antorcha Campesina no cumple el acuerdo e insiste en su postura.