Pretende Protur obligarla a pagar un predio que le expropió, denuncia

  * El terreno se ubica en Plan de los Amates y era para un desarrollo turístico, explica Herlinda Cuevas

 Raquel Santiago Maganda * La empresaria Herlinda Cuevas Miranda denunció que el gobierno del estado le expropió el año pasado, de manera irregular, un predio de 1.39 hectáreas ubicado en el ejido de Plan de los Amates, mismo que ahora le pretende vender por 6 millones de pesos.

Dijo que lo anterior le fue informado por el titular de la Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro.

La empresaria, quien reside en la ciudad de Taxco, acompañada por su abogado Héctor Franco Mejía mostró a la reportera las escrituras que la designan como propietaria del terreno en mención, el cual mide 13 mil 900 metros cuadrados.

El documento tiene el número 15692 y fue expedido por el notario público 10, Miguel García Maldonado, mientras que el folio real es el número 75292 del Registro Público de la Propiedad estatal.

El inmueble, ubicado entre Plan de los Amates y la colonia Bonfil, fue comprado a Juan Rodríguez Domínguez el 4 de diciembre de 1997.

En 1999 la empresaria obtuvo la licencia de construcción para un desarrollo turístico que consiste en villas y locales comerciales, además de la autorización de Semarnat, tras haber presentado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Pero el 21 de septiembre de 2001, el Periódico Oficial del Estado publicó un decreto en el cual se expropian los predios ubicados en la zona Diamante a favor de la Protur, con el objetivo de constituir reservas territoriales para establecer conjuntos hoteleros, parques deportivos, recreativos y con vocación turística.

Esta acción como parte del trabajo del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, del gobernador René Juárez Cisneros.

En el mismo decreto, en artículo tercero, se especifica que se indemnizará a los dueños de los predios de acuerdo a la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas de Catastro del ayuntamiento por parte de la Protur.

Pero la empresaria aseguró que nunca recibió la indemnización y que tampoco fue notificada de la expropiación, sino hasta el 6 de octubre de 2001.

Herlinda Cuevas señaló que las únicas personas que no se afectó fueron a la empresaria de banquetes Susana Palazuelos, y el diputado federal priísta Efrén Leyva Acevedo.

Relató que el 7 de octubre, tras haber invertido ya 20 millones de pesos en algunas obras en el lugar, la policía motorizada y personal de Protur llegaron a desalojar su terreno, el cual era vigilado por Juan Rosas, y por ello el notario 10, Miguel García, levantó una acta sobre las condiciones en que la policía se apoderó del lugar.El 12 de octubre de 2001 –agregó- interpuso ante las oficinas del gobierno del estado el recurso de revocación en contra del decreto expropiatorio, pero que éste no ha sido resuelto.Herlinda Cuevas manifestó su preocupación si se llegara a ordenar la demolición de lo invertido en el área, y aseguró que en las conversaciones que ha sostenido con Virgilio Gómez y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Juan Farill Herrera, la única opción que le brindan para recuperar el terreno es que pague 6 millones de pesos.Explicó que su vecino, Juan Manuel Saido Pratt, tuvo que pagar cerca un millón de dólares, pero hasta el momento ella no tiene dinero y además no está dispuesta a volver a adquirir su terreno, “es una irregularidad”.Por su parte, el abogado de la afectada, Héctor Franco, indicó que hay dolo del gobierno del estado para no resolver la solicitud, por eso esperan una respuesta positiva o negativa para interponer el recurso de amparo en el juzgado federal, “porque no tenemos confianza de que aquí (en el estado) se resuelva”, al haber por lo menos ocho meses de retraso para emitir el recurso de notificación.Aseguró que sospecha que la Protur ya vendió el terreno de su representada porque el lugar está cercado y hay un letrero que señala que cualquier duda con el predio se pueden comunicar a los número que allí aparecen, aunque dijo no recordar el nombre.Héctor Franco indicó que su clienta se siente humillada porque le violaron sus derechos como empresaria, y que además le advirtieron que si no pagaban los 6 millones de pesos ofrecerían el terreno a otro cliente.