Investigar los hechos y no sólo dar crédito a la versión de la alcaldesa, pide Bruno

*El dirigente de la UPOEG prevé un conflicto social si son castigados los policías ciudadanos sin realizar la indagación

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A la advertencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de que habría detenciones de policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) por la agresión a la alcaldesa de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, Bruno Plácido Valerio insistió en que deben hacerse las investigaciones antes de castigar a una de las partes.
El dirigente de la UPOEG añadió que castigarlos por la versión de la funcionaria sería una actuación imparcial y ligera que podría convertirse en un conflicto social.
Luego de una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Palacio de Gobierno, el dirigente señaló que ninguna autoridad debe actuar por lo que diga una de dos partes en conflicto.
Por ejemplo, señaló que para dirimir un problema local, los comisarios municipales llaman a todas las partes a un careo antes de fijar una postura, y una autoridad con la investidura de gobernador debería tener más cuidado al respecto.
Aclaró que el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) está dispuesto a someterse a un proceso penal y reconocer lo que han hecho mal, si el gobierno estatal investiga para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes cometieron un delito.
Si las autoridades insisten en detener a los ciudadanos sin el proceso adecuado, añadió que confirmarían la opinión popular de que el Estado protege a los que están mal y camina con la delincuencia.
Por otro lado, descartó la connotación política que la alcaldesa de Juan R. Escudero le dio al conflicto con la UPOEG.
Señaló que si ese es el caso, los diputados locales deberían investigar si realiza sesiones de cabildo para aprobar el ejercicio del presupuesto público, y por qué se pasea armada por la ciudad y dispara armas en las fiestas populares.
Del proceso de desafuero que se aprobó en una asamblea informativa este lunes, aclaró que los responsables serán los ciudadanos de Juan R. Escudero, que conformaron una comisión para que la funcionaria pueda responder, como iguales, con los ciudadanos que se confrontó a balazos el domingo.
Aseguró que la UPOEG será facilitador, pero no va a decidir, es un asunto del municipio.
Añadió que va a pedir que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos vigile la investigación, porque han encontrado irregularidades antes de comenzar el proceso.
Recordó que luego de la confrontación detuvieron a cuatro escoltas que acompañaban a la alcaldesa.
Sin embargo, señaló que por fuentes oficiales descubrieron que uno de los escoltas tenía una orden de aprehensión, y ahora “de pronto” ya no la tiene.
Aseguró que la agencia del Ministerio Público de Tierra Colorada intervino para desaparecer el antecedente.
Sobre los detenidos, precisó que fueron entregados a la secretaría general de Gobierno el mismo día, cuando pusieron a disposición las patrullas en que viajaban y las armas que tenían.
Insistió en que el gobierno del estado y el Congreso local comiencen su investigación desde el 26 de marzo de 2013, cuando el SSJC llegó a Tierra Colorada y entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado al director de Seguridad Pública municipal, que luego fue destituido del cargo, pero exonerado por el gobierno estatal, a pesar de las pruebas y testimonios que presentaron en su contra.