Levantó CAPAMA denuncia penal contra los cuatro ex trabajadores

 * Según las pruebas en poder de la paramunicipal, los demandantes cobraban como aviadores en esta dependencia cuando el director general era el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, asegura Gerardo Sierra Ulloa

 Ossiel Pacheco * El director de la CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa, informó que el jueves pasado presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común contra los cuatro ex trabajadores –recién reinstalados– que ganaron el juicio laboral por despido injustificado, debido a que laboraban en otras tres instituciones públicas.

Sierra Ulloa, entrevistado ayer, se reservó los términos de la denuncia y anunció que la próxima semana en conferencia de prensa la Presidencia Municipal abundará sobre este hecho y los mecanismos para contrarrestar las demandas laborales que están por resolverse en la JLCA.

Sin dar los nombres, señaló que la acusación estriba en que los demandantes Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón y Eutimio Rodríguez Maganda se desempeñaban como empleados de tres instituciones públicas, entre ellas CAPAMA, en el momento en que interpusieron la denuncia contra la paramunicipal. 

“Parece que puede ser su modus operandi trabajar en instituciones públicas siguiendo a algún líder, estar cinco meses y luego demandar al organismo”, aseguró.

De acuerdo con las pruebas en poder de la CAPAMA, explicó que los demandantes cobraban como aviadores en esta dependencia operadora del agua, siendo director general el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.

Indicó que hay documentos probatorios de que los demandantes de manera paralela empezaron juicios laborales contra el Colegio de Bachilleres (Cobach) Guerrero, en el que fungieron como trabajadores en el mismo periodo en que Alvarado Arroyo fue director general.

Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón y Eutimio Rodríguez Maganda trabajaron hasta el 31 de julio de 1997 en la CAPAMA y levantaron una demanda por despido injustificado, según consta en el expediente 923/2000 de la JLCA. 

El director de la CAPAMA señaló que estos cuatro ex trabajadores fueron reinstalados desde el pasado lunes, aunque no se han presentado a laborar a pesar de que así lo determinó la JLCA, pues “curiosamente desaparecieron de las oficinas en el transcurso de esta semana”.

Negó que el organismo a su cargo se niegue ha pagar la sentencia laboral que dictó la Junta el pasado 14 de octubre, por un monto de un millón 906 mil pesos, aunque aceptó que no han sido liquidados porque desconocen el paradero de los trabajadores demandantes.

Admitió que en caso de incumplir con el pago de la indemnización fijada, procede el embargo de bienes inmuebles propiedad de la paramunicipal equivalentes al monto fijado en la sentencia; “de hecho la JLCA podría intervenir alguna de las cajas de la CAPAMA para pagar poco a poco”.

Asentó que esperan que la Junta decida eso, pues aun cuando el organismo no va a desacatar su determinación sí pretende defenderse legalmente ante las irregularidades en que incurrieron las pasadas administraciones, y que ahora quedaron al descubierto, pues “tenemos elementos para asegurar que algunos de ellos ni siquiera trabajaron aquí, sino que eran aviadores”.

Sierra Ulloa manifestó que buscan dar una salida negociada al conflicto por medio de una solución decidida entre las dos partes, a fin de evitar que se afecten los intereses del organismo y de la población.