La Policía Ciudadana mantiene el control de la seguridad en Tierra Colorada

Lourdes Chávez

Tierra Colorada

La Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) sigue a cargo de la seguridad en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero, luego del enfrentamiento del domingo con la alcaldesa panista Elizabeth Gutiérrez Paz.
Aunque en un recorrido se observó normalidad en las calles –sin vigilancia policiaca o militar–, el oficial mayor del Ayuntamiento, Mario Bello Manríquez, aclaró que hay miedo entre los trabajadores municipales de que en algún momento el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG convoque a la población a tomar el edificio de gobierno, porque el lunes anunciaron con altavoces que la presidenta municipal quería sacar del municipio a los “comunitarios” , como son conocidos los policías ciudadanos en la región.
En la base de SSJC se informó que continúan los recorridos y que hasta  medio día de ayer no fueron requeridos por ninguna autoridad judicial por la balacera con escoltas de la presidenta municipal.
Hace cuatro días, la alcaldesa denunció que sufrió un atentado de parte de la Policía Ciudadana, que disparó contra ella y sus escoltas cuando cruzó uno de sus puestos de control, donde resultó un herido de bala, mientras la Policía de la UPOEG dijo que la funcionaria y sus esscoltas dispararon primero contra el retén que había en la carretera y ellos respondieron a la agresión.
Bello Manríquez recordó que después de la llegada de la UPOEG a Tierra Colorada, el año pasado, firmaron un convenio donde se aprobó que ellos se encargarían de la seguridad en la cabecera municipal y en las comunidades donde hubiera grupos de la policía ciudadana, y que la corporación del municipio se quedaría en el ayuntamiento y en los pueblos donde no hubiera presencia de la organización.
Además, el municipio se obligaba a entregar una mensualidad de 60 mil pesos para gastos de operación, pero los policías ciudadanos no respetaron los acuerdos, porque desarmaban a los municipales, que recibieron la instrucción de entregar armas y vehículos para mantener la paz.
Incluso, dijo que iban decenas de policías ciudadanos a cuidar las ferias de pueblos como Garrapatas, de donde es originaria la alcaldesa, aunque no tiene grupos de la policía ciudadana.
Si bien reconoció su labor en seguridad, cuestionó que ahora sólo se dedican a dirimir asuntos menores, como deudas entre particulares o pleitos entre esposos que denuncian abusos de su pareja.
Recordó que llegaron por el cobro de piso, extorsiones, levantones y secuestros, que aquejaban a la población.
Luego del enfrentamiento, informó que la instrucción de la presidenta es continuar las actividades con normalidad, pero aún no saben si se mantendrá el convenio y el subsidio para la UPOEG, porque fue una decisión del cabildo.
Coincidió con Gutiérrez Paz en que detrás de este conflicto están los opositores políticos de la alcaldesa, que buscaron y perdieron la presidencia municipal en la pasada contienda electoral, que ya habrían atentado contra su vida poco antes de la llegada de la UPOEG a Tierra Colorada.
“Es la segunda vez que la quieren matar”, dijo.
Sin precisar la fecha, relató que en un primer incidente la alcaldesa iba con otros funcionarios en su camioneta cuando un tractocamión invadió su carril, “se les echó encima”. Aseguró que lograron salir antes de que el vehículo se incendiara.
Hoy, señaló que aprovechando la llegada de la UPOEG, políticos locales se unieron a los “comunitarios” y tienen a la alcaldesa en la mira.
Sobre la presencia del Ejército y de la Policía Estatal, que en meses anteriores se le veía con regularidad en Tierra Colorada, en el lado opuesto de donde se encuentra la base de la UPOEG), indicó que se fueron hace pocos días.
Pero aclaró que no estaban de forma permanente, se quedaban dos o tres días y se retiraban.
El retén de soldados y policías federales más cercano se encontró varios kilómetros adelante, sobre la carretera federal México-Acapulco, en la entrada del Valle del Ocotito, a pocos metros de otra base de la Policía Ciudadana, en la localidad de Mojoneras.
El oficial mayor recordó que luego del enfrentamiento pidieron soldados al Ejército para resguardar el festejo del Día del Maestro en el ayuntamiento, pero se negaron argumentado que la petición debía hacerse por escrito y con suficiente anticipación.