Juan Angulo Osorio

La ley del gobernador

Parece que a quienes diseñaron la estrategia de impugnar a las perredistas Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor les saldrá el tiro por la culata.Por más que se diga que sólo se está aplicando la ley, en la memoria colectiva quedará la percepción de que el intento por desconocer sus triunfos en los distritos 26 y 28 de Acapulco es una orden del gobernador René Juárez Cisneros.

Nadie cree que al PRI –que impugnó la elegibilidad de las diputadas electas– o al magistrado Rodolfo Montes Alcántara los esté moviendo un afán principista por la aplicación de la ley. ¿Cuál es en este caso el interés jurídico del PRI? Sus candidatos César Bajos y César Flores Maldonado fueron contundentemente derrotados en las urnas por las dos mujeres perredistas. ¿De dónde entonces la inquina priísta si su impugnación no se va a reflejar en más votos para su partido o en más triunfos para sus candidatos?

El único interés del PRI es que no lleguen al Congreso del Estado dos de las más persistentes críticas del gobernador. No hay ningún otro motivo a la vista. La contadora Gloria Sierra López levantó como bandera de su campaña el compromiso de revisar con lupa cómo ejerce el gobernador el presupuesto público; tiene la calificación profesional para analizar estados financieros y, sobre todo, tiene la valentía para de ese modo decir que una porción amplia de los guerrerenses no confía en cómo se gasta el dinero el Ejecutivo estatal.

En tanto que la joven Yolanda Villaseñor hizo de la independencia del Congreso uno de los principales propósitos de la bancada perredista para que ya no haya impunidad ni corrupción en Guerrero. Adicionalmente hizo señalamientos directos contra Juárez Cisneros recogiendo la versión –cada vez más extendida por cierto– que le atribuye la propiedad de un lujoso restaurante y un hotel en Cuernavaca, construidos apenas.

Ambas, Sierra y Villaseñor, han utilizado, por añadidura, un lenguaje llano y directo, sin eufemismos ni medias tintas para referirse al huésped principal de Casa Guerrero, lo que todo indica que le incomoda a éste. Un lenguaje ajeno a reverencias y solemnidades arcaicas contrarias al espíritu de modernidad que se abre paso en las relaciones políticas. Un lenguaje más cercano a una actitud de dignidad republicana que ve al gobernante como un servidor público, un funcionario con muchas obligaciones ante la sociedad, y no como un Dios, un rey o un soberano incuestionable y al que se le tenga que rendir honores.

Es, pues, el comportamiento político de Sierra y Villaseñor lo que está detrás del fallo que pretende despojarlas de sus triunfos legales y legítimos. Pero de ese modo lo único que se logra es que se piense que el gobernador teme a la revisión exhaustiva de la cuenta pública que se propone Sierra o que no soportaría las críticas de Villaseñor desde la tribuna legislativa.

De este gran error de los estrategas de René Juárez ya se dan cuenta voces del mismo régimen del PRI, como la notaria pública Bella Hernández quien en un artículo publicado ayer en El Sol de Acapulco escribe con razón que las faltas atribuidas a Gloria y Yolanda “son administrativas” y que no hay “delito grave, ni dolo ni premeditación”.

Confía por eso en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta donde seguramente llegará el caso, decidirá “con criterio moderno” y  restablecerá la condición de diputadas electas a Sierra y Villaseñor.

Y pregunta: “¿Puede la voluntad popular ser anulada por un requisito? ¿Qué es más valioso e importante, el cumplimiento de un formulario o la decisión soberana de los ciudadanos? Lo clásico es decir que la ley es dura, pero es la ley. Sin embargo los juristas modernos ven el derecho de otra manera: la ley es sólo una guía para que los jueces normen su criterio y actúen en consecuencia”.

Y siguiendo este razonamiento yo agregaría que un magistrado moderno debería resolver más o menos en los siguientes términos:

Es endeble el interés jurídico de la coalición Alianza para Todos que impugna a las CC Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor. El caso de su no residencia efectiva es relativo, pues su trabajo político está en los dos distritos por los que compitieron. Además ese no fue tema de campaña de los candidatos con quienes contendieron por la diputación, y los resultados electorales hacen público y notorio que tampoco influyó negativamente en los sufragantes. La voluntad ciudadana expresada en las urnas es un valor supremo, por encima del cual no pueden estar reglamentaciones administrativas que, por lo demás, no fueron hechas valer en su momento. Es en el interés general de la sociedad guerrerense contribuir al fortalecimiento de la democracia, al que no se sirve con interpretaciones formalistas de la ley que esconden un interés político particular.

Esta resolución valdría también para el presidente electo de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, a quien igualmente se pretende despojar de su legítimo y legal triunfo, aunque su caso merece un comentario específico.

A propósito del artículo de Bella Hernández –vinculada al grupo del ex gobernador Rubén Figueroa– ¿que dirán ahora algunos candidatos electos y dirigentes del PRD que, por las mezquínisimas luchas de corrientes que allí se dan, se hacen de la vista gorda ante el atropello que se pretende consumar contra dos de sus más valiosas compañeras, y dicen que sólo es un asunto legal?

Ya habrá tiempo para abundar en este comportamiento deleznable. Por lo pronto, festejemos la arrolladora victoria de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, y con ella la llegada a la Presidencia de ese grandioso país de una izquierda moderna que viene desde las raíces de la sociedad y que ha sabido establecer las alianzas necesarias para gobernar sin renunciar a un mundo más justo y mejor.