Tipifica el Congreso como delito el pirataje en el transporte público

 * La decisión, con los votos del PRI y la perredista Olga Bazán * Mi familia no tiene concesiones, afirma el diputado Rubén Figueroa Smutny * Las penas, de seis meses a 4 años de cárcel, y multa de hasta 400 salarios mínimos

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El Congreso del Estado, con los votos del PRI, rechazó ayer llevar a juicio político a los alcaldes priístas de Mártir de Cuilapan, Tlapehuala y San Marcos, acusados de utilizar recursos públicos con fines personales, y modificó el Código Penal del Estado para tipificar como delito el pirataje en el servicio de transporte público.

Este último asunto provocó un largo debate entre los diputados de PRD y PRI sobre el tema. Las sanciones, establecidas en el artículo 204 bis del Código son de seis meses a cuatro años de cárcel o multa de hasta 400 salarios mínimos.

Antes de la sesión plenaria del periodo extraordinario, 65 trabajadores del ayuntamiento de Ayutla se plantaron frente al Congreso local para exigir el pago de su aguinaldo, la prima vacacional y su salario de noviembre.

Indicó el delegado del SUSPEG, Jorge Zanábriga Gordiano, que el alcalde perredista le dijo que el aguinaldo corresponde pagarlo al alcalde que asumirá funciones el primero de diciembre.

Explicaron que acudieron al Congreso local porque ninguna autoridad los quiso recibir, para denunciar que Fortino Caballero se quedó con sus retenciones del ISSSPEG, que suman 318 mil pesos, que –presumen– se “embolsó” el alcalde.

Pidieron que el caso lo tome en cuenta la Contaduría Mayor de Hacienda para el proceso de solicitud de revocación de mandato de Caballero. Empezaron el plantón a la 1 de la tarde, y una hora después se retiraron sin que les hicieran caso.

Rechazan enjuiciar a alcaldes del PRI

En la sesión, ante las demandas de juicio político a los alcaldes priístas: de Mártir de Cuilapan, Justiniano Hernández Parra; de Tlapehuala, José Luis Delgado, y de San Marcos, Cantorbey Herrera Lozano, los diputados del tricolor votaron a favor del dictamen que los exonera de toda culpa, con el argumento de que las pruebas presentadas en su contra no fueron contundentes.

Los dictámenes en los tres casos fueron presentados por el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, el priísta Roberto Torres Aguirre.

El perredista Sebastián de la Rosa sólo argumentó en el caso del alcalde de Tlapehuala, y dijo que debería ser sancionado porque es evidente que desvió recursos con fines personales.

Se le unió su correligionario Misael Medrano Baza, quien dijo que el alcalde de Tlapehuala, José Luis Delgado, es conocido porque “quebró los negocios de su familia y ahora quebró al ayuntamiento; además, tiene embargados los carros volteos y hasta la ambulancia, y ustedes dicen que no procede el juicio político”.

Roberto Torres les respondió. Dijo que es una incongruencia de parte de Sebastián de la Rosa anunciar en tribuna que no votaría a favor de los dictámenes, porque previamente los firmó.

Luego Sebastián de la Rosa dijo que no firmó, y la discusión terminó. El PRD votó contra los dictámenes que rechazan el juicio político de los alcaldes de Mártir de Cuilapan y Tlapehuala, pero sin razonar su voto, y se abstuvo en el dictamen del alcalde de San Marcos.

Un delito, el pirataje en el transporte

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado del PRI Ernesto Sandoval Cervantes, presentó un dictamen por el cual se sanciona con seis meses a cuatro años de cárcel, o multa hasta de 400 salarios mínimos, al dueño o chofer de vehículos piratas del servicio público de transporte.

Eso provocó el debate; el diputado perredista Esteban Mireles argumentó que debería regresarse a comisiones el dictamen porque no había sido consensuado, además de que no se incluyó que es una obligación otorgar el seguro del viajero en la reforma del artículo 204 bis del Código Penal.

Denunció que la reforma penal fortalece al monopolio y grupos de poder en el transporte afines al PRI, y no da solución al problema.

Ernesto Sandoval explicó que no se trataba de hacer una reforma a la ley de transporte, sino que sólo se tipifica un delito, que es el pirataje, y con ello se emprende un proceso de solución.

En una defensa evidente de los taxis piratas de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), que liderea en el estado el ex diputado local perredista Apolinar Segueda Dorantes, y en la Tierra Caliente el compañero de su corriente, el M-27, Ramiro Alonso de Jesús –presente en la sesión, asesorando en la materia–, el diputado Misael Medrano dijo que los beneficiados con la reforma son los diputados Rubén Figueroa Smutny y familia; el ex diputado local y presidente municipal electo de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, a quien llamó “líder de los piratas de Tierra Caliente”, y al propio Ernesto Sandoval Cervantes, quien fue director estatal de Transportes. Incluso dijo que es sabido que la priísta Maricela Ruiz Massieu tiene unas 250 concesiones de taxis en Acapulco.

Dijo que se debería legislar para liberar el transporte y así poder establecer la penalización respectiva, y criticó que la propia Comisión de Transporte del Congreso local repartió concesiones en Acapulco.

El diputado Rubén Figueroa, que presidió la mesa directiva del periodo extraordinario, respondió que su familia no tiene concesiones, y acusó que el PRD ha promovido el pirataje, provocando el “desorden y la anarquía” en el estado, aunque señalo que no deberían entregarse las concesiones sino hasta tener un diagnóstico de las regiones del estado.

Causó risa en todos los presentes cuando la diputada del PRD Olga Bazán –quien tiene concesiones de camiones de volteo en La Montaña– subió a tribuna para afirmar que su compañero Misael Medrano dijo “mentiras” de que repartiera concesiones como miembro de la Comisión de Transportes del Congreso local, y que votaría favor del dictamen presentado por los priístas aunque eso le costara ser llevada a la Comisión de Garantías y Vigilancia de su partido para ser sancionada, pues no va a apoyar el pirataje porque le quita el trabajo y la alimentación a los verdaderos transportistas.

Todos los priístas le aplaudieron y felicitaron, mientras que los perredistas, sonrojados, no dijeron palabra alguna.

Todavía Misael Medrano propuso una modificación: seis meses a tres años de cárcel o multa de 300 salarios mínimos.

Pero como no la presentó por escrito, no se tomó en cuenta para someterla a votación por parte del presidente de la Mesa Directiva, Rubén Figueroa. Misael quiso sorprender a Rubén Figueroa diciendo que la sometiera votación, pero éste le reviró: “No puede ser votada porque no presentó su propuesta por escrito”. Causó risas que el hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer hubiera respondido sin al orden del Oficial Mayor, Luis Camacho y haya atinado en el procedimiento legislativo y además dejado a Misael Medrano en silencio sumido en su curul. En la votación la perredista, Olga Bazán junto con los priístas votaron a favor, mientras que los perredistas y los diputados del PRS y PAN lo hicieron en contra. Luego por unanimidad se aprobó regularizar la tenencia de la tierra en al colonia Rodríguez Alcaine que liderea el controvertido priísta, Antonio Valdez Andrade. Mientras que el dictamen de aprobación de la cuenta pública del gobierno del estado se dejó pendiente para su aprobación en un próximo periodo extraordinario que podría citarse para el miércoles y jueves de esta semana. Igual le dictamen para aprobarle al gobierno del estado emitir certificados de participación ordinaria a cotizarse en la Bolsa Mexicana de Valores para el pago de la deuda pública directa.