Denuncia diputado federal en la ONU la detención de Nestora y Gonzalo Molina

Fernando Hernández

Chilpancingo

El diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro denunció en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 2014 la detención de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González.
“En México también se decidió emprender una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y han sido los pueblos indígenas los que están demostrando a las autoridades que existen propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia a través de sus instituciones y ?sistemas normativos comunitarios”, dijo.
“Sin embargo, lejos de escuchar a los indígenas se les ha criminalizado y encarcelado, tal es el caso de los dirigentes indígenas Gonzalo Molina y Nestora Salgado, entre otros, quienes encabezan este sistema a través de la Policía Comunitaria o como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero”, manifestó el diputado en su intervención en la sede de la ONU
De Jesús además enfatizó que en Guerrero se ha intentado imponer proyectos como el de la presa La Parota sin consultar a los pueblos originarios.
En un comunicado el diputado informó que en su intervención de ayer en el foro que se desarrolla en Nueva York puntualizó  que “el común denominador es que en la mayoría de los casos se ha impuesto una visión unilateral de desarrollo que es ajena a la de los pueblos indígenas”.
“En México existe una alta conflictividad precisamente porque se toman decisiones sin consultar a los pueblos, tal es el caso de obras de infraestructura como la carretera de Tepoztlán, o de represas como La Parota en Guerrero o la de Las Cruces en Nayarit, o los proyectos eólicos en Puebla, Oaxaca y Baja California, igual pasa con la concesión de más del 90 por ciento de los territorios indígenas para la exploración y explotación minera, los cuales están detonando conflictos, están polarizando a las comunidades indígenas, pues las empresas extractivas no informan previamente a cabalidad de las implicaciones y devastación que tendrá para los territorios indígenas”.
Y agregó que “si realmente los estados pretenden garantizar el desarrollo, forzosamente deben estar conscientes que debe de ser cómo se entiende el desarrollo desde la cosmovisión de los pueblos indígenas”.
“La herramienta jurídica que tienen los pueblos para defender su concepción de desarrollo cuando ésta diverge de la visión del Estado o de otros intereses, es sin lugar a dudas, el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La aprobación de estas leyes por parte de los Estados nacionales es reconocerle a los pueblos indígenas su derecho a incidir en la toma de decisiones que directamente les afecte”, expresó.