Entre más condenan el aborto, más orillan a las mujeres a la clandestinidad: Rosario Herrera

*Si tiene responsabilidad por informar, el Poder Judicial tendría la última palabra, responde la secretaria de la Mujer al diputado panista Jorge Camacho

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, dijo que si tiene responsabilidad penal por  dar ci-fras de mujeres atendidas en hospitales públicos por abortos mal practicados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) tendrá la última palabra.
Lo anterior, en respuesta al diputado del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, quien pidió cárcel para la funcionaria por ser “cómplice de asesinato”, ya que sabía y no denunció a las mujeres que se han practicado abortos en hospitales públicos, un delito castigado con cárcel en el Código Penal.
En consulta telefónica, Herrera recordó que esa legislación contradice al artículo primero de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional todos los convenios internacionales firmados por México, donde se reconocen los derechos reproductivos y sexuales.
Asimismo, recordó que el artículo cuatro constitucional dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Agregó que un Congreso laico está obligado a respetar la constitucionalidad e insistió en que los abortos clandestinos son un problema de salud pública que no se debe ocultar, como ocurre en otros estados de la república.
“El problema existe, está presente, y entre más lo condenan, más lo criminalizan, orillan a las mujeres a que se vayan a la clandestinidad”, dijo.
Reveló que ayer recibió información de que otra mujer fue atendida en el hospital general Iguala, una mujer que iba en malas condiciones de amenaza de aborto.
Esta semana, la Semujer informó que en los últimos tres años fueron atendidas en hospitales de la Secretaría de Salud 11 mil 94 mujeres por complicaciones relacionadas con abortos mal practicados.
Dio a conocer que 500 mujeres indígenas fueron canalizadas a los hospitales del Niño y de la Madre por complicaciones originadas por un aborto, y ayer añadió que no hay cifras de las que mueren en sus casas por no tener garantías de salud, pero existen testimonios de que son una realidad.
De las declaraciones de Camacho Peñaloza, opinó que el tema se debería sacar de la política y verlo como un problema de constitucionalidad.
Cuestionó la posición de diputados que rechazan o son indiferentes a la iniciativa de ley porque “pareciera que no vale la pena poner en el centro de la discusión el tema de las mujeres, como si el caso Inés Fernández y Valentina Rosendo (torturadas y violadas por soldados), y Adriana Manzanarez (sentenciada a 21 años por homicidio, por un aborto espontáneo) no valieran la pena. ¿Qué tiene que pasar para tener un pronunciamiento para favorecer a las mujeres?”.
Como servidora pública, recordó que lo único que hace es apoyar la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso, cuya esencia es promover la planificación familiar y tomar en cuenta condiciones específicas de zonas indígenas para que haya una adecuada promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Además, que se amplíe el sistema de información a través de las escuelas, de la Secretaría de la Juventud, una mayor distribución de preservativos para evitar los embarazos no deseados, y trabajar en la cultura de las relaciones sexuales y reproductivas responsables.
Coincidió con el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, para que este problema se observe desde el punto de vista humanitario, pues “si las interrupciones de embarazos se están dando, no podemos ocultarlas, quieren que nos quedemos callados, pero un gobierno responsable asume la realidad de los ciudadanos, y un gobierno progresista también ve por las minorías”.
Puntualizó que la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas es como la ley de divorcio, que no obliga a nadie a terminar una relación.
Señaló que el proyecto de reforma se centra en la cuestión de la salud, pero la discusión es contra el derecho a decidir y se sataniza a quienes están defendiendo los derechos de las mujeres.