Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Secuestros por mayoreo

En marzo pasado el diputado local priísta Rubén Figueroa Smutny dio a conocer en la tribuna del Congreso la existencia de un secuestro masivo en Tierra Caliente. Informó que un jefe de la delincuencia apodado El Pez “tiene a 40 personas secuestradas que las trae en un camión de tres y media toneladas, moviéndolas por toda la sierra, en complicidad con las autoridades municipales, y nadie hace nada”. Utilizó esa información para ilustrar la conveniencia de que un comisionado federal se hiciera cargo de la seguridad en Guerrero igual que en Michoacán. Y desafiante, increpó al gobierno del estado: “Yo pregunto ¿acaso el gobernador, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, no saben o no están enterados?, aquí se los estoy diciendo, hay 40 personas secuestradas que las están moviendo en una camioneta de redilas y que se mueven con total impunidad por toda esa región en complicidad con las policías municipales”.
Causó asombro y cierta incredulidad la denuncia de Figueroa Smutny, pero los hechos le dieron la razón: los secuestrados fueron liberados por efectivos de la Marina el martes 13 de mayo, y el coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, confirmó antier la información y dio a conocer la captura de cinco de los secuestradores en las inmediaciones de la comunidad de Huaxquial, del municipio de Tlalchapa. No fueron 40 sino 35 los rescatados, porque no aparecieron otras cinco personas originarias de Apaxtla que también fueron reportadas como secuestradas por el mismo grupo.
En las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero figura con 37 secuestros denunciados ante la Procuraduría General de Justicia entre enero y abril, una cifra reducida si se compara con las de Tamaulipas, Michoacán y Tabasco, que son los estados que aportan el mayor número de casos a la cifra de 570 plagios registrados en todo el país en lo que va del año. Pero en la realidad eso no significa que haya menos secuestros en Guerrero, pues es información pública que por todas partes hay personas secuestradas. Las hay en este momento en Ciudad Altamirano, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Coyuca de Benítez, Chilapa, Chilpancingo… en todas partes. Ya se verá si en la actualización de las cifras el próximo mes, aparecen en mayo los casos de los 35 liberados por la Marina.
En declaraciones gratas a los oídos del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo el 24 de marzo que disminuyen en el estado los homicidios dolosos, pues “pasamos de una cifra en 2012 de 2 mil 310 a una cifra en 2013 de 2 mil 87”. Y en secuestros “entre enero y febrero de 2012 tuvimos en el estado 38 y en 2013, 23, y en lo que va de este año 18. Las cifras también van a la baja”. De la misma forma, Renato Sales dijo en marzo que Guerrero estaba en el cuarto lugar por el número de secuestros registrados, debajo de Tamaulipas, Michoacán y Tabasco. Pero es de prever que en este momento ya haya rebasado por lo menos a Tabasco y posiblemente hasta a Michoacán. Y con estos datos deberá resultarle imposible al procurador Iñaky Blanco Cabrera seguir diciendo que los secuestros han disminuido “en un 33 por ciento”, como afirmó hace dos meses.
Tampoco podría Aguirre celebrar, como lo hizo el 24 de marzo al escuchar las cifras mencionadas por Campa Cifrián, que “ayer y hoy en una tabla que se publica a nivel nacional Guerrero ya no aparece ni en el primero ni en el segundo lugar, ni el tercer lugar” de inseguridad, pues delitos como el de homicidio doloso “lo hemos disminuido en el mes de enero y febrero, lo mismo el delito de secuestro y extorsión”, con lo cual “hoy Guerrero ya está en el séptimo lugar, no quiere decir esto que echemos las campanas al vuelo, ni que sea motivo para celebrar, pero creo que vamos en el camino correcto”.
Si ese es el camino correcto, cómo será el incorrecto, pues es indudable que carece de fundamento la presunción del gobernador de que Guerrero se encuentra en el séptimo lugar en materia de inseguridad y violencia. Nunca lo estuvo. En cifras hasta abril, hay más homicidios dolosos en Guerrero (555) que en Tamaulipas (216), Michoacán (362), Sinaloa (364) y Chihuahua (381), y apenas un poco menos que en el estado de México (700), pero si este último caso se compara a partir del número de habitantes, proporcionalmente hay más muertes aquí porque los mexiquenses son cuatro veces más que los guerrerenses. Es decir, Guerrero es el número uno en homicidios dolosos. Y lo anterior es verdad aun cuando sea cierta la reducción en el número de muertes citada por el subsecretario Campa Cifrián, lo cual significaría que en otros estados la reducción ha sido más profunda.
Pero además, la incontrolada situación del secuestro en Guerrero tiene un componente inquietante en las conexiones que han empezado a brotar con la política y el gobierno. El caso del ex alcalde perredista de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mecino, quien resultó ser integrante de una banda de secuestradores después de haber sido considerado una víctima más del crimen organizado, es apenas un indicio de que otros y más importantes presidentes municipales, o legisladores, o funcionarios públicos, podrían estar en la misma situación.
Y a nadie le pasa inadvertido que el secuestro hace quince días del diputado local priísta Olaguer Hernández Flores, y su liberación dos días después, requiere de explicaciones que aún no han sido proporcionadas por el gobierno, por el Congreso o por el PRI. La existencia de dos versiones sobre el mecanismo de su liberación acentúa la suspicacia que rodea el caso, pues el dirigente priísta Cuauhtémoc Salgado Romero dijo que se pagó un rescate, y Figueroa Smutny informó que no hubo ningún pago sino que lo soltaron por la presión que ejercieron las autoridades. Es más creíble la versión de Figueroa Smutny, porque incluso dio a conocer (o a entender) que fue su padre, Rubén Figueroa Alcocer, quien realizó gestiones ante el gobierno de Aguirre para conseguir la liberación del legislador, casualmente integrante de su grupo político. No ha sido informado en qué consistió la presión gubernamental que puso en marcha el gobierno sobre los secuestradores de Olaguer Hernández, como si eso no fuera de la incumbencia de la sociedad, y por cierto tampoco ha habido ninguna referencia oficial al hecho de que el mismo diputado haya sido acusado con anterioridad de estar vinculado con el cártel de Los Rojos, a su vez acusado de desatar la ola de terror que azota a Chilpancingo. Por lo demás, es significativo que ningún secuestrado merezca la atención que el gobierno puso en el caso de Olaguer Hernández. No han recibido un interés semejante, por ejemplo, el regidor Cleto Mendoza, del PT, secuestrado en Chilapa hace cinco meses, ni los tres trabajadores de la Sedesol plagiados hace tres semanas en la sierra de Coyuca de Benítez.
En esas circunstancias, Figueroa Smutny le haría un gran servicio a la opinión pública si con el mismo y extraordinario conocimiento que ha demostrado tener, diera a conocer qué sucedió en esos casos, o explicara qué ocurre en Chilpancingo, el reino de la delincuencia donde cobra como alcalde un integrante del grupo político de su padre.
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