José Arturo Gallegos Nájera

STTAISUAG: destitución o sustitución

El pasado viernes 11 de octubre el Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), convocó a su última sesión de Consejo General de Representantes (CGR) del año 2002, para lo cual se expidió la convocatoria fechada el día 30 de septiembre del presente año. Dicho evento tendría verificativo en la Maestría de Derecho Público, en Chilpancingo, bajo el siguiente orden del día: 1.- Información General. 2.- Nombramiento de la Comisión Electoral. 3.- Sanción del Padrón Electoral. 4.- Asuntos Generales. Todo ello encuadrado en los preparativos del próximo X Congreso General Ordinario a celebrarse el 24 y 25  de octubre en esa misma ciudad.

Antes de dar inicio a la sesión, la comisión encargada de la libreta de registro de delegados vigilaba que todos fueran efectivos, de modo tal que no había posibilidad alguna de que se colaran cachirules prejuiciados en contra de la dirección sindical en funciones, ya que existían rumores de que el secretario general, Nabor Raciel Sotelo Ortiz incurría en violaciones al estatuto, como firmar propuestas de base para personal unilateral; propuestas de base para personas que no reúnen el requisito de edad; recategorización de trabajadores sin el perfil académico adecuado, de manera selectiva y a favor de sus incondicionales, y por último, firmar a espaldas de los trabajadores un documento conocido como carta de intención, que pone en riesgo el clausulado del CCT vigente.

El registro de delegados pasó sin incidentes mayores y los pocos que surgieron fueron resuelto por el CGR al declararse el quórum legal. La sesión empieza con el desahogo del primer punto que es información general y es en ese mismo punto que empiezan a surgir las primeras preguntas de los inconformes que con documentos en mano demostraban el origen de su inconformidad. Avasallado el secretario general por la lluvia de cuestionamientos, no acertó a contestar satisfactoriamente ninguno de ellos, lo que originó mas dudas entre los cegerristas. Según información proporcionada en Acapulco el pasado 16 del presente, en las instalaciones de la Facultad de Turismo cuatro de diez comisionados sindicales fueron cuestionados por distintos motivos: Felipa Alcaraz Leyva, secretaria de conflictos por firmar, junto con el secretario general, propuestas de trabajo en sustitución del secretario correspondiente. Juana García Ramírez, secretaria de actas, por beneficiarse con una categoría académica sin contar con los soportes correspondientes, todo ello avalado y firmado por el secretario general. Rafael Lobato Nava, secretario de organización, por seguir desempeñando las funciones como tal, al  firmar una convocatoria sin ser trabajador activo, lo cual en su momento reconoció ante el pleno del Consejo, bajo el argumento de que “el secretario general me pidió que le ayudara”, lo que se pudo interpretar como un reconocimiento implícito de lo anómalo de sus funciones dentro del Comité Ejecutivo Central.

Quizá si el secretario general hubiese seguido la misma dinámica de dar respuestas, aunque éstas no fuesen lo suficientemente satisfactorias, la historia sería otra y no estaría en riesgo la unidad del sindicato, pero su desesperación lo llevó a hacer lo peor: abandonar la sesión y prácticamente dar por concluido el CGR cuando apenas iniciaba. Hay quienes aseguran la salida se debió a problemas de salud del secretario general, cuestión creíble; en cambio otros aseguran que fue porque se trasladó la sesión a otra parte bajo el argumento de falta de seguridad, porque uno de los cegerristas había desconectado el micrófono cuando uno de los señalados estaba haciendo uso de la palabra. Ninguna justificación valida su actitud irresponsable, que con una graciosa huida pretendió salvar las faltas de los cuatro miembros del comité. Tal vez pensando en que teniendo la mayoría del comité en funciones, tendrían mayor margen de negociación o quizá por solidaridad, otros dos miembros de la mesa salieron con ellos: Javier Nava Ocampo, secretario de prensa y Salvador García Liborio, secretario de vivienda y previsión social.

De todos los cuestionamientos que le hicieron al secretario general, uno era el mas polémico por la trascendencia: la firma de la carta de intención que le abre las puertas a la patronal para cercenar el contrato colectivo de trabajo, mismo que se pone en riesgo en la segunda cláusula del documento en referencia. Veamos qué dice: “Ambas partes se comprometen a en la próxima revisión contractual a realizar los cambios necesarios en el clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo, para que se hagan las readecuaciones del mismo, que el reconocimiento a la antigüedad real origine, de tal manera que las prestaciones similares o iguales contempladas en los contratos colectivos de trabajo y en la Ley de ISSSTE, sean subrogadas al instituto, quien una vez establecido el convenio respectivo será la única instancia obligada a cubrirlas”. Esta es la cláusula que originó el debate y que orilló a seis miembros del CEC a abandonar la sesión en pleno.

Al quedar sin dirección el CGR (pues quien lo presidía había abandonado la sala), los ahí presentes (mayoría) recurrieron a los estatutos en su artículo 84º, incisos a, d y e, que a la letra dice: “Para todos los órganos de gobierno, son causas que ameritan destitución definitiva, las siguientes: A) Por no cumplir con las obligaciones que el Estatuto establece para cada cargo en particular. D) Por usurpación de o extralimitación de funciones en perjuicio del gremio sindical. E) Por no defender los derechos de los afiliados.

Restablecida la presidencia de la mesa de debates, y sustituidos los seis miembro del CEC que abandonaron el pleno, el CGR votó la propuesta de sancionar a los indiciados, ganando la propuesta de retirarles sus derechos sindicales por un periodo de tres años a partir de la fecha. Hay que señalar que esta decisión sí transgrede el articulado de los estatutos, porque el primer paso sería mandarlos a comisiones para que ellas elaboraran el expediente correspondiente, con todas las pruebas presentadas más las que se acumularan y en donde los acusados tendrían derecho a aportar pruebas de descargo necesarias para demostrar su inocencia; es decir a la Comisión de Vigilancia para hacer las investigaciones respectivas, y concluidas éstas, turnarlas a la  Comisión de Honor y Justicia y aplicar la sanción de acuerdo a la falta cometida. Vale decir que de acuerdo con las pruebas presentadas en el pleno, la sentencia sería condenatoria pero es obligación de todo afiliado al STTAISUAG  ajustarse a los documentos que rigen la vida de sus afiliados; pero no hay porqué poner el grito en el cielo, ha  habido cosas peores y nadie ha dicho nada, al fin y al cabo hay acuerdos entre corrientes.

Conocido el desenlace, hasta cierto punto inesperado, por  la Administración Central, ésta inmediatamente giró oficio a todas las dependencias para que no reconocieran a los nuevos integrantes de la dirección sindical, convirtiéndose de golpe y porrazo en la más ardiente defensora de los sustituidos, coludiéndose de paso con la H. Junta de Conciliación y Arbitraje. Todo ello nos hace pensar que algo se mueve tras bambalinas y que efectivamente hay valores entendidos entre la Administración y los sustituidos.

Hoy los trabajadores técnicos, administrativos y de intendencia están siendo convocados para que manden a sus delegados al X Congreso General Ordinario a celebrarse el 24 y 25 del presente en la ciudad de Chilpancingo. El evento tiene  doble importancia; en él no sólo se va a discutir lo relacionado a los emplazamientos por revisión salarial y por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, sino porque también se aproxima un proceso electoral del cual saldrán los futuros integrantes de la dirección sindical. Pero antes los afiliados tienen que resolver un pequeño problema; a cual de los dos congresos va a asistir, puesto que hay dos convocatorias; una expedida por los sustitutos, en donde están las mayorías y otra elaborada por los cuestionados sustituidos. ¿Qué hacer ante semejante dilema? Cualquiera que sea la decisión que tomen será muy respetable siempre y cuando no sean inducidos por la patronal y sus personeros; pero también pudiera ser que a estas alturas la Administración Central ya haya hecho fumar la pipa de la paz a las partes enfrentadas, de ser así, es seguro que hasta ya se tenga a la planilla de Unidad tan cacareada, aunque no tan prestigiada.