El arraigo de Jaime Delgado, también por crímenes de la guerra sucia, dice Zeferino

 * Cuando fue detenido estaba de permiso, asegura el alcalde * “Yo no meto las manos al fuego por nadie”, advierte

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo dijo que el arraigo domiciliario del coordinador operativo de la SPV, Jaime Delgado López, se debe no sólo a una investigación federal relacionada con el crimen organizado, sino también con crímenes cometidos durante la guerra sucia de la década de los 70.

Entrevistado durante la gira por colonias del poniente del municipio, el alcalde precisó que el funcionario de la SPV no fue detenido a las 2:30 horas del jueves pasado mientras cobraba “la cuota” a una tienda en la que se vendía cocaína, como señala una de las versiones, ni a las 6 de la mañana de ese mismo día en las instalaciones de la dependencia, cuando pasaba lista a sus subordinados, como dice otra.

Reiteró que Delgado López fue invitado a colaborar en la SPV por su ex titular, María de los Angeles Nava Rojas, y que al dejar ella el cargo se le pidió que continuara como jefe operativo. También dijo que tenía un permiso en el momento en que fue detenido por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, que lo mantiene bajo arraigo domiciliario.

En este sentido, dijo que la medida obedece a una investigación relacionada con el crimen organizado, pero también con los crímenes que investiga la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Esta fiscalía investiga los delitos cometidos por agentes del gobierno en la guerra sucia de la década de los 70, hechos en los que está involucrado el general del Ejército Mario Arturo Acosta Chaparro, preso en Campo Militar número 1, acusado de genocidio y narcotráfico. Delgado López perteneció al grupo Tigre de la Policía Judicial del Estado (PJE) y fue chofer de Acosta Chaparro.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, más que por Zeferino Torreblanca”, dijo a pregunta sobre si el ayuntamiento confía en la inocencia del jefe policiaco bajo arraigo, y explicó que el gobierno municipal tiene 5 mil 400 trabajadores, de los cuales 2 mil 200 son policías, y “muchos de ellos” vienen de anteriores administraciones; “por eso estamos tratando de sanear los cuerpos policiacos”.

Torreblanca argumentó que al asumir el gobierno no había expediente de ningún agente, y ejemplificó que tan sólo la Policía Auxiliar era conducida por quien manejaba la chequera de esa corporación, pues sus ingresos “no aparecen en la contabilidad del ayuntamiento”.

A diferencia de eso, hoy la SPV lleva un registro de sus policías, quienes antes de serlo tienen que pasar por la academia.

Sobre la designación de Delgado López como jefe operativo de la SPV, respondió que corrió a cargo de la entonces titular Nava Rojas, pues él dio libertad a los secretarios de su administración para nombrar a sus colaboradores, pues “el criterio ha sido hacer responsable a la cabeza, para que no fuera pretexto para no llevar a cabo el trabajo”.

El alcalde porteño dijo que para evitar la designación de policías con antecedentes delictivos ya se trabaja para dejar a su sucesor una base de datos clara, y que la idea de tener el C4 es tener información cruzada, “para no se vayan policías de un estado a otro buscando chamba con una cola grande de delincuencia”.No obstante, pidió no hacer escarnio del caso, pues “en este país se presume que somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, no se vale decir que somos culpables y que ahora tenemos que demostrar nuestra inocencia”.Dijo que en caso de que Delgado López sea encontrado culpable, “finalmente aceptaré que nos equivocamos, pues soy el responsable de lo que sucede, pero no puedo andar cuidando a cada policía”.Descartó que esté arraigado el narcotráfico en el puerto, pues aquí no hay los cárteles que hay en otras partes del país, aunque reconoció que Acapulco es un lugar de transito y consumo de drogas, como cualquier ciudad mexicana.Llamó a no repudiar la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el puerto, pues tiene una función preventiva para atacar el crimen que está fuera de la responsabilidad del ayuntamiento combatir.