Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Mujeres de Acapulco demandan un informe del caso Digna Ochoa

Jorge Nava * Integrantes de organizaciones de mujeres exigieron la investigación a fondo y castigo a los autores del asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

Para ello, integrantes de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Milenio Feminista en Guerrero y Frente Cívico de Acapulco, organizaron una concentración en la Delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en esta ciudad de Acapulco.

A las 14 horas con pancartas en mano, donde se leía “Digna descansa en paz, que las semillas que sembraste ha dado fruto en cada una de nosotras” y otras “Todas somos Digna”, el grupo de 20 mujeres intentó subir a las oficinas del delgado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Un agente de la Policía Judicial del Estado (PJE), apodado La Tripa, les dijo que no podían subir a las oficinas del funcionario. Las mujeres le preguntaron el motivo, el judicial en actitud retadora se limitó a decirles que eran órdenes.

El policía les indicó que sólo una persona podía subir, pues, aseguró que el delegado ya sabía a qué iban ellas, sin embargo las mujeres le manifestaron que era una oficina pública y cuestionaron qué cómo sabía a lo que iban.

El judicial mantuvo esa actitud pese a que la regidora con licencia, Laura Olivia López Victoria, le sugirió que les permitiera el acceso a la oficina pública en fila india, pues le recordó que ellas no iban en actitud grosera.

El judicial le contestó a la regidora que “son disposiciones” y les pidió “muestren su educación”, y les dijo que “son reglas”.

Minutos después otro agente, al que apodan Pantera les preguntó con quién querían hablar, después de que las mujeres le explicaron que pedían hablar con el delegado de la PGJE, Suástegui Mayo, el policía subió y regresó para decirles que podían subir.

Ya en la oficina, la encargada de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, Aurora Muñoz Martínez, leyó un documento firmado por las presentes.

En el texto pedían que por medio de Suástegui Mayo pidiera a la Procuraduría de Justicia del DF un informe del avance del caso de Ochoa y Plácido, a un año de su muerte.

Además que no se intimide el trabajo de la reportera de El Sur, Maribel Gutiérrez, quien por realizar un trabajo que de nueva cuenta inició la investigación de la muerte de la abogada, fue llamada a declarar como testigo por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Suástegui Mayo les expuso que sería el procurador quién podría intervenir, sin embargo dijo que aceptaba el documento para hacerlo llegar al procurador.

El funcionario les dio el teléfono de su oficina para que se comuniquen y les dé una respuesta de sí el procurador accede a atenderlas para analizar su petición.

Una de las presentes expresó su queja sobre el trato del judicial, el funcionario se disculpó por el incidente, pues aseguró que no tenía mucho de llegar a la oficina y desconocía al respecto.Argumento que no lo justifica la actitud del servidor público, pero reconoció que “no podía hacer todo” porque, según él, “los cambios no son mágicos”.Estuvo presente la diputada plurinominal electa del PRD, Rosa María Gómez Saavedra, quien dijo que la actitud de los judiciales la expondría en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

468 ad