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¿Cuál es el valor de 141 mujeres que han muerto por aborto?, responde Rosario Herrera a Astudillo

¿Cuál es el valor de 141 mujeres que han muerto por aborto?, responde Rosario Herrera a Astudillo

 

Cuál es el valor de 141 mujeres que han muerto por aborto, responde Rosario Herrera a Astudillo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En alusión a la declaración del diputado Héctor Astudillo Flores, de que la reconstrucción del estado es más urgente que la despenalización del aborto, la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, preguntó cuál es el valor de 141 mujeres muertas por interrumpir un embarazo en ocho años, o de las que han quedado estériles, fueron violadas o han purgado años de prisión.
En la presentación del libro “25 años de políticas de igualdad entre mujeres y hombres de Guerrero”, la funcionaria mencionó lo dicho por el priista, de que la reconstrucción de Guerrero por las afectaciones de la tormenta Manuel en 2013 “y sus 37 mil millones de pesos están por encima de la discusión de la iniciativa para interrumpir de manera legal el embarazo”.
En respuesta, cuestionó “cuántos millones tendría que valer la vida de las mujeres indígenas y urbanas que viven en la pobreza y que han muerto o han quedado estériles, las que han sido violadas, cuántos millones tendrían que valer siete años de cárcel de Adriana Manzanarez y cuatro de Virginia Cruz Flores (acusadas de homicidio por un aborto espontáneo), para que algunos diputados pudieran decidir que es un tema prioritario”.
Demandó a los legisladores que se oponen a la iniciativa que calculen el precio monetario de 141 muertes reportadas del 2000 al 2008, para que las coloquen en la balanza de temas prioritarios.
Señaló que es importante la reconstrucción de Guerrero, pero es invaluable la vida de las mujeres, los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Sin mencionarlos, insistió que los diputados no desprecien los derechos de las mujeres, al grado que no se discuta la iniciativa por una maternidad libre y segura, que pone en el centro del debate una nueva cultura de salud sexual y reproductiva, para evitar embarazos no deseados y garantizar los servicios de salud de las mujeres en edad reproductiva.
Luego en consulta, subrayó que la iniciativa establece 12 semanas como tiempo límite para la interrupción legal del embarazo, acompañada de una reforma para crear una cultura de planeación y prevención, fundamental para evitar más muertes.

 

En la Secretaría de Salud no se practican abortos, sólo los legrados ordenados por el MP: Mazón

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

El secretario estatal de Salud, Lázaro Mazón Alonso, dijo que ningún aborto se ha practicado en los hospitales de la Secretaría de Salud, excepto aquellos solicitados por el Ministerio Público.
En declaraciones atropelladas afuera de la residencia oficial Casa Guerrero, el funcionario argumentó que por seguridad no daba la información de cuántos abortos se practican por orden de un juez luego de una violación, si está en riesgo la vida de la madre o por malformaciones.
“Cuando el ministerio publico nos manda el oficio donde sí es posible –hacer un aborto—, hay que hacerlo”, dijo.
Agregó que “hay casos en los que sí está autorizada la interrupción del embarazo, como el caso de una violación, en el caso de una enfermedad de la madre que ponga en riesgo el producto o malformaciones congénitas o donde está en riesgo la vida de la madre, sí se lleva a cabo. Pero de haber un aborto o practicar una interrupción del embarazo de forma ilegal, no se ha practicado ninguno solo”, expresó.
Lo anterior luego de que la feminista e integrante de la Alianza por una Maternidad Libre y Segura, María Luisa Garfías Marín, denunció que a pesar de que la interrupción del aborto se permite en el estado por situaciones de violencia o salud, las agencias del ministerio público sólo autorizaron tres en el 2011 a 2013, de mil 200 solicitudes por casos de violación.
El funcionario precisó e informó que se realizan 3 mil legrados al año, que no es lo mismo que un aborto, porque el legrado se practica cuando una mujer llega con el producto muerto y que está retenido, además se practica cuando “llega con una amenaza de aborto y ya es imposible sostener ese producto a pesar de que se hagan todas las técnicas”.
“No hay que confundir aborto con legrado, son cosas completamente diferentes, una cosa es un aborto y una cosa es el legrado, en la Secretaría de Salud no se practican abortos, ninguno solo que yo sepa se ha hecho”, afirmó.
Mazón Alonso adelantó que el miércoles tendrá una reunión con los diputados en el Congreso local.

 

 

Se suma Añorve a la propuesta de realizar en el Congreso foros sobre el aborto

El diputado priista califica de valiente a Ramírez Marín por revelar que hay amenazas contra constructoras en la reconstrucción

 

Karina Contreras

El diputado federal priista Manuel Añorve Baños condenó las amenazas que han recibido los constructores que llevan a cabo las obras de reconstrucción, pues eso está retrasando el trabajo del gobierno federal para apoyar a los afectados por las lluvias del año pasado.
Calificó como valientes las declaraciones que sobre el tema hizo el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín.
En conferencia de prensa, Añorve Baños lamentó el asesinato del constructor y ex candidato a alcalde del PRI en San Jerónimo, José Luis Armenta, ocurrido en Chilpancingo, y dijo que espera que las autoridades aclaren el crimen.
“Condenamos de manera enérgica y pedimos la intervención de las autoridades de quien fue nuestro candidato”, dijo.
Añadió que ese crimen lastima al priismo guerrerense y no quieren politizar la justicia ni judicializar la política, “lo que queremos es una investigación responsable, ágil y con resultados inmediatos”.
Sobre si se ha recrudecido la inseguridad en Guerrero, Añorve Baños dijo que la seguridad pública tiene sus picos y lo que se está viviendo es un pico que se está dando en el estado, principalmente en Chilpancingo.
Señaló que ojalá la coordinación de los tres niveles haga frente a este tipo de situaciones que lastiman a los guerrerenses.
En el tema de las amenazas contra las constructoras, Añorve Baños dijo que es bueno saber que la PGJE va a tomar cartas en el asunto de manera puntual.
Dijo que es bueno que reconozca que hay este tipo de problemas que han retrasado las obras.
Expresó que el titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, es uno de los secretarios más responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto para responder a los guerrerenses, porque prácticamente vive cuatro de los siete días en el estado para recorrer personalmente las regiones.
“Quiero decir que la denuncia que hace es valiente”, manifestó Añorve Baños, y no duda de que acelere el paso para tratar de cumplir en los tiempos comprometidos, y que sin duda los tres niveles de gobierno van a tomar cartas en el asunto para que no se retrasen los programas de obras por la intervención de la delincuencia organizada.
En el tema de la despenalización del aborto, Añorve Baños dijo que los foros son necesarios para escuchar las voces a favor y en contra;  que cuando se vote todos los diputados deben asistir para emitir su voto y evitar “sospechosismo” y se piense en un aire de negociación que a nadie le conviene.
Añorve Baños recordó que se dio un acuerdo unánime en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y dentro del ámbito de su competencia se le “pidió al Congreso del estado que abriera foros y existiera mucha información en un tema que tanto polariza a la sociedad, esto no quiere decir más que la posibilidad de que se escuche a todos, no sólo a los que se inconforman a favor o en contra”.
Señaló que en el mismo Congreso se pueden abrir los foros regionales para que se escuche a la sociedad y “no se pretenda avasallar de un grupo mayoritario a otro en un tema tan sensible que no debería haberse politizado tanto como hoy veo a través de los medios de comunicación, y estoy convencido que lo que se tiene que hacer es una gran apertura para escuchar a los que están a favor y los que están en contra y poder tomar la decisión como diputados locales con claridad”.
Añorve Baños consideró que es necesario que todos los diputados, el día que tengan que votar, estén en el Congreso para no quedar en el sospechosismo de que el que no fue lo hizo porque no quiso votar a favor o en contra.
Expresó que será una votación histórica y no se debe dejar duda, no debe haber duda, “diputado local que se le ponche una llanta, que se le haga tarde, que no llegue a esa votación puede estar dejando una sospecha muy grave en torno a la orientación de su voto”.
Los diputados deben dar la cara y levantar la mano en la orientación de una votación histórica para Guerrero, y “el que no vaya siempre quedará una sospecha de algo que no le conviene a nadie y menos al Congreso, menos a la sociedad que está pendiente de una votación histórica que se va a dar en las próximas semanas”.
Dijo Añorve Baños que se deben incrementar las campañas de prevención de embarazos no deseados, incrementar la información a las jóvenes y en las escuelas.
Agregó que no se debe perder de vida que un embarazo no deseado no sólo hay que ver cómo se puede evitar, sino que se deben  reforzar los valores morales en el seno de la familia, pues las estadísticas marcan que nueve de cada diez embarazos no deseados son de jovencitas que sienten que no tienen cariño, porque no sienten el apoyo de los padres.

 

 

La despenalización del aborto no traerá justicia social pero sería un guiño, dice académica de la UAG

Presenta Rosa Icela Ojeda Rivera libro sobre la creación de la Secretaría de la Mujer

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La académica Rosa Icela Ojeda Rivera denunció que las cifras rojas de las mujeres en Guerrero son lacerantes y la aprobación de la iniciativa por una maternidad libre y segura sería apenas un guiño de voluntad política para cerrar la brecha “tan grande” de desigualdades que hay en el estado.
Durante la presentación de un libro para conmemorar la creación de la Secretaría de la Mujer, consideró que la iniciativa que envió el Ejecutivo para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo (trabada en las comisiones legislativas del Congreso), “no alcanzaría para lograr la justicia social, pero sería un guiño para cerrar brecha de desigualdades tan grande en Guerrero”.
La académica de la Universidad Autónoma de Guerrero y autora del texto “25 años de políticas de igualdad entre mujeres y hombres de Guerrero”, que se presentó ayer en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), aseguró que, a pesar de los esfuerzos, hay una enorme deuda con las mujeres.
Por ejemplo señaló los feminicidios, y dijo que Acapulco concentra 50 por ciento de las víctimas de la entidad —antes era del 20 por ciento—, la muerte materna y los embarazos de adolescentes.
Explicó que el número de mujeres es mayor en relación a los hombres que no saben leer ni escribir.
La presentadora del documento, Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, precisó que el documento está inscrito en los 25 años de constitución de la Secretaría de la Mujer, aunque estemos prácticamente a 27 años de su creación.
Por el momento histórico, recomendó agregar un apéndice donde se documente la presente lucha por la legalización y despenalización del aborto, que enfrenta una gran cantidad de “obstaculizadores moralinos”, de personajes que simplemente dicen una cosa y hacen otra, o simulan.
Se refirió a la Universidad Autónoma de Guerrero, cuando llamó a las mujeres a involucrar en el movimiento feminista a los hombres; “cómo es posible que en la UAG no se refleje todavía la igualdad sustantiva”.
De la despenalización del aborto que se discute en Guerrero, indicó que está pensada sobre todo para las mujeres pobres, marginadas, que no tienen, por diversas razones, la posibilidad de decidir adecuadamente la interrupción de un embarazo no deseado.
Consideró que de refrendarse la última etapa en Guerrero, provocaría un efecto dominó en otros estados, como Morelos, donde por segunda ocasión las activistas insistieron en interrupción legal del embarazo a 12 semanas por cualquier circunstancia que las mujeres decidan hacerlo.
La también comentarista y maestra emérita de la UAG, Alejandra Cárdenas Santana, hizo un recuento del documento, que dijo sintetiza de forma apretada el origen de la institución, estructura, políticas que estuvieron vigentes en 25 años y que obedecieron a diferentes momentos históricos.
Ojeda Rivera subrayó que aunque el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu expresamente se pronunciaba en contra de las cuotas de género, sin saberlo creó un importante espacio para las mujeres dentro del gabinete, que han replicado cuatro entidades del país.

 

A duras penas sobreviven dos de las mujeres absueltas tras estar presas por aborto

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de Camino con Alas, Eva García Estrada, denunció que dos mujeres acusadas de homicidio en razón de parentesco por abortos espontáneos, y liberadas sin cargos tras años de prisión, sobreviven con sus hijos en condiciones de pobreza.
Del caso de Adriana Manzanarez Cayetano, indígena mee’pha liberada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero pasado, informó que salió exiliada de su comunidad El Camalote, municipio de Ayutla.
Luego de siete años y ocho meses de prisión, indicó que no tiene una vivienda propia, sin ingresos le está siendo muy difícil rehacer su vida, y sobrevive con sus hijos de la solidaridad de las organizaciones sociales.
De Virginia Cruz Flores, que tras cuatro años en la cárcel de Tlapa alcanzó la libertad mediante un juicio de amparo antes de que el juez emitiera una sentencia del caso, informó que vive en Chilapa, vende verduras y se emplea como trabajadora domestica donde la soliciten.
Detalló que la semana pasada fue atropellada por una persona que conducía en estado de ebriedad, iba con un niño de dos años que nació en prisión, y que en el accidente sufrió una fractura en el brazo.
Ella no tiene lesiones graves, y al parecer logró algún acuerdo con el conductor.
Aclaró que en ninguno caso las mujeres recibieron reparación del daño del Estado, y Virginia, el caso que no fue muy conocido porque no llegó a la SCJN, fue olvidada por las autoridades.
Del caso de  Manzanarez Cayetano, recordó que luego de que fue acusada por homicidio por autoridades de su comunidad, fue sentenciada a 31 años de prisión, y en una apelación el juez modificó el delito a homicidio en razón de parentesco y redujo la condena a 21 años, hasta la resolución de la Corte que ordenó su libertad inmediata.
La activista aclaró que estos son dos casos de tres que fueron identificados por el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y Caminos con Alas, pero no descartó que muchas otras mujeres fueran criminalizadas por abortos, provocados o accidentales, y por falta de una defensa apropiada purgaron penas o sigan en prisión.

“Desinformadas”, las mujeres que denunciaron a diputados del PRD, dice Bernardo Ortega

 

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, Bernardo Ortega, sostuvo que están “desinformadas” las mujeres que denunciaron el jueves que algunos diputados del PRD están negociando futuros puestos a cambio de aprobar la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo.
Al diputado se le recordó que el jueves en una conferencia de prensa la académica María Luisa Garfías Marín denunció que al menos ocho diputados del PRD estaban negociando su voto a favor de la iniciativa para despenalizar el aborto a cambio de puestos de elección popular una vez que concluya la legislatura actual.
Consultado vía telefónica, manifestó que los diputados locales van a escuchar a todas las voces sobre el tema de la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en Guerrero.
El también coordinador de los diputados del PRD indicó que los diputados no van a legislar sobre el tema “a capricho”, ni será a “periodicazos” como van aprobar la iniciativa que envió el gobernador al Congreso del estado después de un año de insistencia de organizaciones de mujeres que la exigieron y la plantearon.
Precisó que la iniciativa será discutida desde una perspectiva laica y sin presiones de grupos religiosos, como lo han denunciado las promotoras de la despenalización.
A pregunta expresa precisó que no hay plazos establecidos para que la iniciativa pase al pleno para su discusión y que todavía se mantiene en proceso de revisión por las comisiones parlamentarias de Equidad de Género, Justicia? y Salud. (Fernando Hernández / Chilpancingo)

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