Cuál es el valor de 141 mujeres que han muerto por aborto, responde Rosario Herrera a Astudillo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En alusión a la declaración del diputado Héctor Astudillo Flores, de que la reconstrucción del estado es más urgente que la despenalización del aborto, la secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, preguntó cuál es el valor de 141 mujeres muertas por interrumpir un embarazo en ocho años, o de las que han quedado estériles, fueron violadas o han purgado años de prisión.
En la presentación del libro “25 años de políticas de igualdad entre mujeres y hombres de Guerrero”, la funcionaria mencionó lo dicho por el priista, de que la reconstrucción de Guerrero por las afectaciones de la tormenta Manuel en 2013 “y sus 37 mil millones de pesos están por encima de la discusión de la iniciativa para interrumpir de manera legal el embarazo”.
En respuesta, cuestionó “cuántos millones tendría que valer la vida de las mujeres indígenas y urbanas que viven en la pobreza y que han muerto o han quedado estériles, las que han sido violadas, cuántos millones tendrían que valer siete años de cárcel de Adriana Manzanarez y cuatro de Virginia Cruz Flores (acusadas de homicidio por un aborto espontáneo), para que algunos diputados pudieran decidir que es un tema prioritario”.
Demandó a los legisladores que se oponen a la iniciativa que calculen el precio monetario de 141 muertes reportadas del 2000 al 2008, para que las coloquen en la balanza de temas prioritarios.
Señaló que es importante la reconstrucción de Guerrero, pero es invaluable la vida de las mujeres, los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Sin mencionarlos, insistió que los diputados no desprecien los derechos de las mujeres, al grado que no se discuta la iniciativa por una maternidad libre y segura, que pone en el centro del debate una nueva cultura de salud sexual y reproductiva, para evitar embarazos no deseados y garantizar los servicios de salud de las mujeres en edad reproductiva.
Luego en consulta, subrayó que la iniciativa establece 12 semanas como tiempo límite para la interrupción legal del embarazo, acompañada de una reforma para crear una cultura de planeación y prevención, fundamental para evitar más muertes.