Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Pretende el alcalde “politizar” el conflicto: Fermín Alvarado

  * Los abogados de la paramunicipal en esta demanda laboran en el despacho del alcalde electo López Rosas, critica * No demandó ni demandará, dice el ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Fermín Alvarado Arroyo, acusó al alcalde perredista de ese puerto, Zeferino Torreblanca Galindo, de “politizar” el juicio laboral que ganaron trabajadores de este organismo.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia dijo que quien despidió a los trabajadores de CAPAMA fue su susesor, Jesús Velázquez Peña, y que él nada tiene que ver con el conflicto laboral.

Entrevistado en sus oficinas del Tribunal Superior, el ex colaborador de los entonces gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Angel Aguirre Rivero, dijo que él tenía también derecho de demandar laboralmente a CAPAMA por despido injustificado, pero no lo hizo ni lo hará.

En el laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se ordena al ayuntamiento de Acapulco pagar un millón 906 mil 483 pesos con 95 centavos a los empleados Elena Salmerón, Elizabeth Ortiz, Eutimio Rodríguez y Esteban Parra, además de reistalarlos en sus cargos.

El ahora magistrado y presidente de la Sala Familiar del TSJ, Fermín Alvarado, asegura que él no está detrás de este movimiento legal que protagonizan desde hace cinco años varios trabajadores despedidos de CAPAMA.

“Yo no demandé a nadie, ni tampoco he ganado ningún juicio, y si hay un grupo de trabajadores que consideraron que fueron despedidos en forma injustificada, tuvieron que recurrir a las instancias legales, pero yo no tengo nada que ver”, expresó el magistrado.

“Algunos de ellos trabajaron conmigo, pero hay otros que tienen mucha antigüedad, que también demandaron”, externó Alvarado Arroyo.

Indicó que los abogados que defendieron a la CAPAMA de la demanda laboral que presentaron los trabajadores laboran en el despacho del alcalde electo de Acapulco, Alberto López Rosas.“Perdieron el juicio, y ahora resulta que lo que pierden en los tribunales lo quieren resarcir políticamente, cuando las cosas en este país, en un régimen de derecho, esas cosas no se resuelven de esa manera”, afirmó.Señaló que las autoridades del municipio tratan de llevar a la arena política un asunto que es estrictamente jurídico.Mencionó que el juicio laboral lo ganaron los trabajadores en una primera instancia en la JLCA, y posteriormente los tribunales federales confirmaron el laudo.Indicó que el juicio laboral duró cinco años, y apenas la semana pasada se le notificó a las autoridades municipales que deben pagar a los cuatro trabajadores más de un millón 900 mil pesos.Sin embargo, dijo que a pesar de que la JLCA ya ordenó que se les indemnice, las autoridades municipales –de filiación perredista– “están todavía al calor de la efervescencia electoral y ahora quieren politizar este asunto”.

468 ad